Ahí estaban en abril de 2015 el ministro de Industria, José Manuel Soria, y la presidenta de Castilla-La Mancha, Maria Dolores Cospedal, además de otras autoridades provinciales y locales para apoyar el proyecto. Unas obras que en Barajas de Melo (Cuenca) se realizaban para construir una planta industrial de energía Kurata, un nuevo modelo de gestión energética para fabricar biodiésel limpio.
Un sistema con patente japonesa capaz de elaborar gasóleo C a partir de diversos tipos de residuos de refinería, plásticos y aceite industrial usado. Un prototipo de reciclado, aseguraban los promotores, que permitiría impulsar un nuevo modelo de gestión energética basado en el tratamiento local de los residuos, con el consiguiente beneficio medioambiental y también económico.
Con semejante argumento, relevantes padrinos, y promotores tan populares entre la society como los hermanos Torres (Julio y Maite), familiares del arquitecto de La Finca, la urbanización madrileña más cara de España, no tardaron en acudir inversores al “panel de rica miel” prometido.Y no eran cualesquiera. Nombres conocidos, algunos vecinos de la urbanización, como Fernando Hierro, Carlos Sainz, Cristina Tàrrega, Alejandro Sanz…, además de financieros ilustres como los presidentes de Mutua Madrileña y Bankinter. Unos quince inversores que a partir de 2010 confiaron en el proyecto de energía Kurata, dedicando diferentes cantidades de dinero al plan.
A la planta de Barajas de Melo se destinaron unos 30 millones de euros, incluidos prestamos oficiales y subvenciones, que lejos de producir combustible alguno propiciaron el inicio de un periplo judicial que aún continua una década después. Tras sentirse estafados, varios de los inversores presentaron una querella contra los dos promotores en la Audiencia de Madrid, para los que solicitan penas de prisión de hasta ocho años e indemnizaciones millonarias. Hasta tanto, el juez ha impuesto a los hermanos una fianza de más de 27 millones de euros para responder en el caso de ser condenados.
