La obra del arquitecto daimieleño Miquel Fisac no tiene buena suerte. En 1999 los propietarios del edificio denominado “La pagoda”, diseñado más de treinta años antes por Fisac, lo derribaron para construir algo más rentable. De nada sirvieron las protestas, fundamentalmente provenientes de los colegios oficiales de arquitectos y del mundo académico. Una obra de arquitectura contemporánea sólo puede ser protegida mediante la declaración oficial de bien de interés cultural (BIC). Su modificación, alteración o incluso derribo, sólo depende de la voluntad del propietario, sujeto como es lógico a las normas urbanísticas generales vigentes en el municipio en el que esté situada. Incluso, a veces, como ha ocurrido en Getafe, donde el propietario era el propio Ayuntamiento, se puede actuar radicalmente en ellas sin apenas obstáculos. Y aquí habrá alguien que argumente con lógica que un edificio, por mucho arquitecto artista que lleve detrás, no deja de ser una propiedad privada con la que el propietario puede hacer lo que le dé la gana. En la historia de la arquitectura contemporánea no dejan de darse estas situaciones. El comitente encarga una casa, y él mismo con el paso de los años, o el que viene a habitarla tiempo después se siente atrapado dentro de una obra de arte. La casa es una obra maestra, y de un reconocido arquitecto, pero inhabitable por incómoda. El conflicto está servido.

En Getafe ha vuelto a torcerse el destino de una de las últimas obras de Miguel Fisac. La culpa la ha tenido un mural del colectivo Boa Mistura pintado encima de los muros de hormigón del pabellón polideportivo cubierto de La Alhondiga, como parte sustancial de la celebración de la primera edición del CI Urban Fest. A la obra de Fisac le persigue la desgracia, como le persiguió toda su vida su militancia en el Opus Dei y su salida traumática de la obra. Afortunadamente, sus iglesias son obras que se respetan por sus propietarios, y normalmente, como declara la Fundación Miguel Fisac, siguen sus indicaciones cuando abordan obras de reparación o mantenimiento. Mayoritariamente las instituciones públicas, hasta ahora lo habían hecho, pero como ocurrió recientemente con el faro del cabo de Ajo en la Cantabria de Miguel Ángel Revilla, el populismo, la demagogia y el afán de intervenir de concejales como el de Getafe que está convencido de que así ponen en valor la obra, se ha abierto la veda también en el sector público.

Como es lógico, Diego Peris, el arquitecto y presidente de la Fundación Miguel Fisac, ha puesto el grito en el cielo y con argumentos de peso ha protestado ante el Ayuntamiento de Getafe, como lo han hecho algunos de los arquitectos que colaboraron con Fisac en 2004 en el diseño y la construcción.

Algo se ha logrado, porque un miembro del colectivo Boa Mistura, que es arquitecto, ha pedido perdón. El concejal del ramo, que uno sepa, no ha considerado tal posibilidad, después de declarar que “la fachada es del Ayuntamiento y no vamos a revertir la pintura” y “la gente está encantada con el colorido”. Pobre Fisac. La maldición de la obra.