Hay momentos en los que la política deja de parecer política y empieza a parecer un combate de desgaste permanente. España se encuentra en uno de esos puntos. Y en el centro de ese escenario está un Gobierno que gobierna cada vez menos y resiste cada vez más.
La situación judicial que rodea a personas del entorno más cercano del presidente del Gobierno —incluida su esposa, investigada en distintos procedimientos— ha abierto un ciclo de tensión institucional sin precedentes recientes.
La retirada de medidas restrictivas como el pasaporte en el marco de una investigación judicial no es un detalle menor: es un símbolo del nivel de exposición pública y judicial que rodea hoy a La Moncloa.
Pero el problema no es un episodio aislado. Es la acumulación.
Porque a ello se suma una legislatura sostenida con pinzas, dependiente de acuerdos frágiles, negociaciones permanentes y cesiones constantes a socios que no ocultan que su apoyo tiene precio político. Un Ejecutivo que, en demasiadas ocasiones, parece más pendiente de evitar una derrota parlamentaria que de marcar una dirección clara de país.
El resultado es una sensación creciente de agotamiento institucional. No solo del Gobierno, sino del propio sistema, sometido a una tensión continua en la que cada votación es una prueba de supervivencia y cada decisión política se convierte en una transacción.
En paralelo, los procedimientos judiciales que afectan a personas del entorno del presidente han alimentado un clima político en el que todo se interpreta en clave de confrontación. El problema es que, en ese ruido, se diluye lo esencial: la obligación de que la justicia actúe con independencia y de que la política responda con responsabilidad, no con victimismo.
Porque aquí es donde el debate se distorsiona peligrosamente. No todo es "lawfare", pero tampoco todo es casualidad política. Y cuando el poder intenta reducir cualquier investigación a una persecución, o cuando se pretende que cualquier sospecha es automáticamente irrelevante, lo que se erosiona no es al adversario: es la credibilidad del sistema entero.
España está entrando en una dinámica tóxica. Una en la que la política deja de rendir cuentas y pasa a interpretarse exclusivamente como una batalla de supervivencia personal y partidista. Y en esa lógica, lo que menos importa es la confianza pública.
Mientras tanto, los socios parlamentarios del Gobierno aprovechan la debilidad para elevar la presión. Cada votación es una oportunidad de extracción política. Cada negociación, un recordatorio de que la estabilidad no es un punto de partida, sino un bien que se compra día a día. El resultado es un Ejecutivo condicionado, limitado y permanentemente tensionado.
La pregunta, por tanto, no es jurídica. No le corresponde a un articulista dictar sentencias ni alimentar sospechas. La pregunta es política y democrática: ¿hasta qué punto merece la pena mantener una situación en la que el desgaste institucional es constante, la mayoría parlamentaria es estructuralmente inestable y el entorno del poder vive bajo un escrutinio judicial que no deja de crecer?
Porque resistir no siempre es gobernar. A veces es simplemente prolongar una situación que ya ha perdido la normalidad.
Y cuando la política se convierte en eso, lo que está en juego no es un partido, ni un liderazgo, ni una legislatura. Es la confianza de un país entero en que sus instituciones todavía funcionan con cierta estabilidad. Esa es la verdadera grieta. Y no se arregla con relato.
