Pedro Sánchez desclasifica este martes los documentos del intento de golpe de Estado del 23-F. Aunque algunos papeles que afecten a la seguridad nacional seguirán en la sombra, existe una gran expectación por conocer otros, como el sumario que condenó a Tejero o los archivos del CESID (hoy CNI) sobre la participación de agentes en la intentona.

Pero, más allá del morbo, lo cierto es que nadie espera grandes revelaciones. Lo esencial ya se sabe, a pesar de los eternos conspiracionistas que se aprovechan de las zonas de oscuridad para intentar proyectar luces de cartón piedra. Sin embargo, lo más relevante no es la medida en sí, sino el modo en que Sánchez la ha anunciado. “La memoria no puede estar bajo llave”, ha escrito el presidente en X. Y ha añadido esta inquietante frase: “Las democracias deben conocer su pasado para construir un futuro más libre”.

Recojamos el guante y echemos un somero vistazo a ese pasado. Entre 1975 y 1981 los españoles nos abrazamos en la confianza de que las siguientes generaciones pudieran convivir en la discrepancia. Franquistas, democristianos, socialistas, comunistas e incluso algún que otro nacionalista aparcaron la venganza y diseñaron un país moderno, constitucional, con instituciones democráticas y un Estado de derecho homologable al de nuestro entorno.

El Rey, Suárez y Gutiérrez Mellado se ocuparon de la derecha sociológica; Felipe González y Carrillo, de la izquierda. Entre todos fueron capaces de reescribir nuestra historia. Solo los más extremistas se autoexcluyeron de un proceso que despertó la admiración internacional. Las viejas Españas, divididas y agarrotadas, se transformaron en una joven democracia dinámica.

Tiene razón Sánchez cuando afirma que conocer el pasado nos haría más libres. Pero sospecho que no es exactamente de esto de lo que quiere que hablemos. Da la impresión —a tenor de sus apuros electorales— de que busca una nueva resurrección política y de que considera que esta solo puede llegar mediante el replanteamiento de nuestra forma de Estado. Resulta difícil confiar en la intención reconciliadora de quien inició la legislatura hablando de levantar un muro entre españoles. Por eso, más que esperanza, lo que suscita es inquietud.

Porque cuando el presidente habla de “construir un futuro más libre” no parece referirse únicamente a una saludable transparencia documental. Más bien suena a declaración de intenciones o, peor aún, a la primera frase de un futuro programa electoral. Todo indica que intenta colocar en el centro del debate algo más profundo: la revisión del abrazo colectivo de 1978. Y en ese marco, la Corona —símbolo y pieza clave de aquella reconciliación— aparece inevitablemente como objeto de discusión.

No sería extraño que, en la próxima legislatura, se planteara abrir un proceso de reforma de alcance constituyente bajo la premisa de actualizar el pacto generacional de la Transición. Dicho de otra manera: acorralado por sus propios frentes, podría optar por abrir uno mayor para alterar definitivamente las reglas del juego.