Hay decisiones que no solo son discutibles; simplemente son obscenas desde el punto de vista democrático. El acuerdo alcanzado entre Pedro Sánchez y Oriol Junqueras sobre financiación autonómica es una de ellas. No por el contenido concreto, que ya es grave, sino por lo que representa; la normalización del mercadeo del Estado con quien no gobierna, no representa a la mayoría y tiene como único aval su capacidad de chantaje parlamentario.

Conviene recordarlo, aunque parezca incómodo para La Moncloa: ERC no gobierna en Cataluña. Está en la oposición. No gestiona presupuestos, no rinde cuentas de la financiación autonómica y no asume responsabilidad alguna sobre el uso de los recursos públicos, y aun así, es quien negocia el reparto del dinero de todos los españoles. Un auténtico disparate institucional.

¿Desde cuándo la financiación autonómica se pacta con partidos que no gobiernan? ¿Desde cuándo un líder condenado por sedición, indultado por cálculo político, decide cómo se redistribuye la riqueza nacional? La respuesta es tan simple como inquietante: desde que el Gobierno de España dejó de gobernar para sobrevivir.

El Ejecutivo celebra el acuerdo como un avance histórico, una muestra de diálogo y progreso, pero lo que realmente celebra es haber comprado unos votos más en el Congreso a costa de dinamitar uno de los pilares básicos del Estado autonómico: el principio de solidaridad entre comunidades. Un principio recogido en la Constitución y convertido ahora en moneda de cambio.

La ministra de Hacienda insiste, con una sonrisa impostada, en que “ganan todos”. Es una afirmación que no resiste el más mínimo análisis económico. Los recursos públicos son limitados. No hay un maná infinito cayendo del cielo. Si alguien se lleva un trozo mayor del pastel, es porque otros se quedan con uno más pequeño. Negarlo no es política; es propaganda.

Cuando Cataluña recibe un trato singular, cuando se blinda una financiación “a la carta”, cuando se rompe el criterio de equidad, ¿quién pierde? Pierden las comunidades peor financiadas. Pierde la España interior. Pierden regiones que cumplen la ley, que no chantajean, que no amenazan con romper el país para obtener ventajas económicas, y, sobre todo, pierde la idea misma de Estado.

Sencillamente, este acuerdo no es técnico, ni justo, ni solidario. Es puramente político, y además profundamente desigual. Se premia al que más presiona, al que más ruido hace, al que más caro vende su apoyo parlamentario. Se castiga al que cumple, al que no tiene capacidad de bloqueo, al que no juega al todo o nada.

El mensaje es devastador: no importa gestionar bien, importa chantajear mejor.

Pedro Sánchez ha cruzado una línea peligrosa. Ha aceptado que la arquitectura financiera del país no se diseñe pensando en el interés general, sino en la aritmética parlamentaria. Ha asumido que la igualdad entre españoles es negociable si con ello se gana tiempo en el poder y eso, más allá de ideologías, es una quiebra moral.

No estamos ante un acuerdo de financiación. Estamos ante un acto de rendición política, ante la cesión de una competencia estratégica del Estado a un partido que ni gobierna ni cree en el propio Estado. Un partido cuyo objetivo declarado no es mejorar España, sino debilitarla.

La pregunta ya no es si este acuerdo es justo. La pregunta es qué queda por negociar cuando se ha puesto precio a la solidaridad, a la igualdad y al sentido común.

Y la respuesta, por desgracia, no invita al optimismo.