La independencia del Poder Judicial no solo garantiza el cumplimiento del Estado de Derecho, sino que constituye un instrumento esencial para el control jurisdiccional del Gobierno. Su funcionamiento libre está protegido por la Constitución, a la que se debe. Es decir, jueces y magistrados están sometidos a la ley, pero eso no los subordina ni al poder ejecutivo ni al legislativo.

Le cuento todo esto para ponerle algo de contexto al último desatino del presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, que ha intentado impedir que la Audiencia Provincial de Sevilla planteara una cuestión prejudicial ante la Justicia europea por el caso de los ERE. A última hora, ante el espanto expresado en cinco informes por letrados del propio TC, Pumpido ha reculado, consciente de que esa batalla no podía ganarla.

¿Y qué tiene que ver esto con un señor de Miguelturra? Pues mucho. Porque su libertad -en sentido estricto- depende de que la ley que la garantiza sea cumplida, en su debido orden y, en primer lugar, por los representantes del Poder Judicial.

En España, la organización judicial va desde el juzgado de paz hasta el Tribunal Supremo, pasando por los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción, las Audiencias Provinciales, los juzgados de lo Penal, de lo Contencioso-Administrativo, de lo Social, de Menores y de Vigilancia Penitenciaria, el Tribunal Superior de Justicia de cada comunidad autónoma y, finalmente, los Juzgados Centrales de Instrucción, la Audiencia Nacional y el citado Tribunal Supremo.

Este último es el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo en materia de garantías constitucionales. Dicho de otro modo: el Tribunal Constitucional no puede ser una instancia para enmendar políticamente las sentencias del Supremo. Pero eso es precisamente en lo que lo ha convertido Conde-Pumpido, alias "el Tezanos con toga".

Si a mí, que vivo en Cuenca, se me ocurre incumplir la ley -aunque sea por accidente-, espero que el peso de la justicia caiga sobre mí con eficacia. Es una obligación que asumo con gusto, pero solo a cambio de una justa reciprocidad: que el Poder Judicial actúe con independencia, equilibrio y sujeción a la ley, sin arbitrariedad.

Después de arreglar lo de los ERE, Sánchez cuenta con que Pumpido le acelere lo del prófugo. El Gobierno ha prometido a Puigdemont que podrá regresar a Cataluña antes del verano. Para tan turbia tarea, nadie mejor que el presidente del TC, cuya toga no es que esté manchada con el polvo del camino: es que es puro fango.

Y mientras tanto, el señor de Miguelturra y yo, aferrados a la ley, seguimos confiando en que algún día podamos recuperar la rectitud de nuestro Estado de Derecho. Porque es un bien debido, y nos lo están robando.