Las Cortes regionales han aprobado este jueves por unanimidad la Ley de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Servicios de Castilla-La Mancha con los votos a favor de socialistas, populares y diputados de Podemos.

No obstante, han quedado rechazadas las 15 enmiendas del PP que quedaban vivas referidas al régimen electoral de las cámaras, del Consejo Regional, a la posible disolución o desaparición de las mismas o a su régimen interno y una de Podemos, que hace alusión a aplicar un plan de viabilidad cuando las cámaras presenten resultados negativos en dos anualidades consecutivas.

La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha destacado que con esta norma el Gobierno regional pretende que las cámaras de la región "entren en un modelo de normalización global", al tiempo que ha agradecido el tono de los grupos parlamentarios, especialmente de los populares, que mantienen posiciones más "beligerantes" en otros ámbitos.

Ha recordado Franco que esta ley ha tenido retraso porque el proyecto de ley que aprobó el Consejo de Gobierno en junio 2015 coincidió con el proceso poselectoral, añadiendo que la ley que proyectaron los populares tuvo "hasta 12 borradores" que "amputaban funciones de las cámaras", y era una norma con "financiación cero".

También ha hecho alusión la titular de Economía y Empresas a la situación de los trabajadores de la Cámara de Comercio de Guadalajara, "un tema judicializado" y por el que el Gobierno regional muestra su "respeto absoluto a lo que decidan los tribunales".

De ella, ha recordado que se encontraba "dejada", por lo que el Ejecutivo autonómico puso en marcha "una minoración del gasto y un incremento de ingresos", cobrando una deuda con la Cámara de Comercio de Madrid que hizo estabilizar el estado de las nóminas.

Enmiendas

El encargado de defender el dictamen de la norma ha sido el diputado socialista Miguel Ángel González Caballero, que ha explicado al PP su rechazo a la enmienda que pedía que el cálculo de vocales se haga por régimen interno, pues los socialistas consideran que es mejor realizarlo con un régimen general. "Da mucho mas fuerza que los vocales elegidos lo sean por la vía electoral, no puede se elegido de tapadillo por otra vía".

También ha expuesto el socialista su rechazo a la enmienda del PP sobre el Consejo Regional de Cámaras, que pedía que este órgano dependa de las propias cámaras y no de la autoridad tutelante. "Es difícil el funcionamiento de un consejo regional cuando las cámaras representas a dos de ellas y la autoridad tutelante representa a tres. No mandarían las cámaras sino la autoridad tutelante", ha expresado el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Francisco Cañizares.

Volviendo a las enmiendas que han quedado rechazadas, el diputado socialista ha explicado a Podemos que no aceptan su enmienda sobre aplicar el plan de viabilidad cuando se produzcan dos ejercicios consecutivos con resultados negativos, pues, según González Caballero, se podría aplicar un plan de viabilidad cuando las cámaras acumularan resultados negativos menores -ha puesto como ejemplo la cantidad de 1.000 euros- que no impiden el funcionamiento de las mismas.

El diputado de Podemos David Llorente ha explicado que al establecer que los resultados negativos puedan alcanzar hasta el 30% de fondos propios, se puede abrir la puerta a "una situación crónica de resultados negativos al establecerse el límite en términos porcentuales y no absolutos, algo que pueden generar "grandes cantidades", un dinero que "es público" y unos resultado negativos que pueden llegar "a socializarse".

Una ley que quiere ser cauce y solución

Por su parte, Cañizares ha mostrado su posición conforme "con la trasposición correcta de la normativa estatal" de cámaras, pero a su juicio, se queda "corta". "Queremos ser responsables con unos entes que se merecen toda la confianza después de las vicisitudes que han pasado a raíz de la reforma de Zapatero, causa de los males que han adolecido a las cámaras de comercio sin darle respuesta".

El diputado socialista Miguel Ángel González Caballero ha ensalzado la norma, que es "participada" de las cámaras y del resto de agentes, que surge de la necesidad de "adaptar la legislación autonómica a la estatal del 2014". "El sector ha venido reivindicando con el Gobierno regional este cambio de normativa y desde el Gobierno regional le damos cauce y solución", ha asegurado.