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Anpe pide más recursos ante la situación de "conflictividad" que vive el instituto de Méntrida: "Compromete la seguridad"
El sindicato señala que esta situación se debe a una "falta de recursos personales de apoyo recogidos en el dictamen de escolarización".
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Anpe Toledo ha denunciado la "grave situación" que vive el Instituto de Enseñanza Secundaria (IES) Antonio Jiménez Landi de Méntrida (Toledo) por los "episodios reiterados de conflictividad" que según explica "comprometen la seguridad de alumnado y profesorado".
El sindicato aduce que esta situación deriva de una "falta de recursos personales de apoyo recogidos en el dictamen de escolarización", pese a las "reiteradas solicitudes formuladas por el centro ante la Administración educativa".
Anpe lamenta que a pesar de las advertencias formales que han llevado a cabo tanto ellos mismos como el propio centro, la Consejería de Educación "no ha dado respuesta escrita ni ha motivado por qué se separa del dictamen de escolarización", que recoge estos apoyos y "tampoco se han llevado a cabo actuaciones de verificación directa en las aulas para comprobar la realidad de la comunidad educativa".
Respecto al motivo real que lleva a esta falta de respuesta, el sindicato teme que se deba "más a motivaciones económicas que educativas". En ese caso, recuerdan que la normativa es clara y establece la "obligación" de "dotar a los centros de los recursos personales y materiales necesarios para una educación inclusiva de calidad, sin que las limitaciones presupuestarias puedan vaciar de contenido el derecho a la educación de todo el alumnado".
Más presión a los docentes
Por otra parte, alertan que esta falta de recursos también tiene una repercusión directa en el profesorado y el alumnado, "vulnerando el interés superior de todos los menores y deteriorando gravemente las condiciones de trabajo del profesorado, con casos de incapacidad temporal derivados del clima de tensión permanente en el centro e ignorando la petición de la evaluación de riesgos psicosociales en el centro educativo".
En resumen, para Anpe "no es aceptable" que "la dotación de recursos dependa de la capacidad de presión de las familias, ni que la Administración actúe únicamente de forma reactiva y tardía, tras movilizaciones, reclamaciones o hechos consumados, para autorizar apoyos que los orientadores y los equipos docentes llevan meses solicitando con criterios técnicos".
