Verano 1993 (Carla Simón, 2017), Alcarràs (Carla Simón, 2022), Wolfgang (Javier Ruiz Caldera, 2025) o Casa en llamas (Dani de la Orden, 2024) han sido grandes éxitos en toda España pese a estar rodadas originalmente en catalán.

Handia (Jon Garaño, Aitor Arregi, 2017) o Loreak (Jon Garaño, José Mari Goenaga, 2014) demostraron que era posible triunfar rodando en euskera. Todas ellas, eso sí, acabaron estrenándose también dobladas al castellano.

Son éxitos importantes, pero, también hay que decirlo, casos excepcionales. Títulos como Balandrau. Vent salvatge (Fernando Trullols, 2026) o Irati (Paul Urkijo Alijo, 2022), que superaron el millón de euros de recaudación, concentraron la mayor parte de su taquilla en sus territorios de origen, en parte porque apenas circularon fuera de ellos.

Aunque también hay que decir que decenas de películas españolas cada año, independientemente de la lengua en la que estén rodadas, apenas llegan al público.

En 2025, España produjo 463 largometrajes, un récord europeo. Dicho de otro modo: el cine español rueda algo más del doble de películas que Francia (228), pero recauda seis veces menos en su propio mercado. El año pasado, las producciones francesas ingresaron 429 millones de euros en su país, frente a los apenas 70 millones del cine español.

Impulsada por el sistema de ayudas, los incentivos fiscales y una normativa cada vez más favorable a las producciones de bajo presupuesto, la producción española ha alcanzado niveles inéditos tras la pandemia.

El resultado es un mercado saturado, con varios estrenos nacionales cada semana que, en muchos casos, apenas superan unos miles de euros de recaudación. Al mismo tiempo, las diez películas españolas más taquilleras concentraron en 2025 el 57% de toda la taquilla nacional.

En este contexto, la largamente aplazada Ley del Cine parece haber desbloqueado su tramitación gracias al acuerdo entre el Ministerio de Cultura y Junts per Catalunya. A cambio de su apoyo parlamentario, la formación catalana ha pactado una batería de medidas para reforzar el cine en lenguas cooficiales y se suman a una serie de incentivos y apoyos que ya se han venido desarrollando en los últimos años.

Entre las nuevas medidas, figuran la reserva de una parte del fondo estatal de ayudas, el aumento de la intensidad máxima del incentivo fiscal, la posibilidad de anticipar el cobro de esos incentivos durante el rodaje y nuevas condiciones para las salas de exhibición. El alcance definitivo de estas medidas dependerá de la redacción final de la ley y de las enmiendas que finalmente se aprueben.

En un sector donde las ayudas públicas son decisivas para sacar adelante buena parte de los proyectos, el nuevo sistema previsiblemente incentivará que aumente la producción en catalán, euskera, gallego o aranés.

Uno de los mayores defensores de este modelo es el productor Tono Folguera (Balandrau, Creatura), que atribuye el despegue del cine catalán a las reformas introducidas en los últimos años.

Recuerda que antes de la obligación de inversión de televisiones y plataformas y del aumento de la intensidad máxima de las ayudas públicas al 80%, el cine en catalán era "de pura resistencia". Como ejemplo, señala que la recaudación conjunta de las películas nominadas a los Premios Gaudí ha pasado de 300.000-400.000 euros antes de 2020 a 1,3 millones en 2023, 7 millones en 2024 y 5 millones en 2025. "Hemos conseguido que convivan el cine de autor y el cine con vocación comercial", sostiene.

Es un salto cualitativo importante, pero incluso en esos años de récord el cine en catalán apenas representa en torno al 10% de la taquilla del cine español. Y esos éxitos, importantes también por su valor simbólico, no ocultan la realidad del cine "invisible".

Porque producir una película es solo el principio. La cuestión es otra: ¿quién la ve?

Como resume Lluís Miñarro, productor de Isabel Coixet y Albert Serra y director de la reciente Emergency Exit, hablada en catalán y castellano, hay una cadena de valor. "Si solo actúas sobre uno de sus eslabones, la producción, es insuficiente", apunta. "Es importante facilitar la supervivencia de los pequeños productores, pero si después esas películas no encuentran distribución ni llegan al público, el problema sigue estando ahí. Y es más difícil vender una película en catalán; es una realidad objetiva del mercado".

Para Miñarro, ahí reside el reto: "La distribución es la piedra angular. Si la nueva Ley del Cine solo facilita que se produzcan más películas, pero no cómo se exhiben o distribuyen, no está defendiendo realmente la diversidad".

Cine catalán, en castellano

La diversidad lingüística española da lugar a situaciones paradójicas. Como explica Enrique González Kuhn, director general de Caramel Films, distribuidora de Viva (Aina Clotet, 2026), la versión original en catalán puede convertirse en un valor añadido en su mercado natural, del mismo modo que una película en euskera conecta con mayor facilidad con el público vasco.

"El público se siente más conectado con esa cultura local; la lengua aporta un plus de autenticidad y cercanía", explica. En el caso de Viva, que roza los 200.000 euros de recaudación, el resultado ha sido digno, aunque lejos del fenómeno de Casa en llamas.

La estrategia de distribución refleja esa realidad. Viva se ha estrenado en Cataluña en catalán; en el resto de España, en versión original subtitulada en los cines de autor y doblada al castellano en las salas más comerciales.

Explica Kuhn: "En Cataluña hemos hecho una promoción mucho mayor, lógicamente. En el resto de España es más difícil, aunque al final lo más importante siempre es que la película sea buena. A la hora de valorar un proyecto, me preocupa mucho más su calidad que el idioma. Además, lo que puedes perder en el resto de España lo ganas en el territorio local; nos ocurrió con Karmele (Asier Altuna, 2025) en el País Vasco".

La calidad pesa por encima de todo, pero González Kuhn admite una realidad comercial evidente: "Resulta más fácil distribuir una película en castellano porque es el idioma que habla todo el país".

A su juicio, esa diferencia de mercado debería reflejarse también en las políticas públicas. "Si el distribuidor asume un riesgo mayor, lo lógico es que reciba también algún tipo de apoyo, igual que el productor", afirma.

Hoy ya existen múltiples incentivos para impulsar la producción en catalán, euskera o gallego -desde las ayudas del ICAA y las comunidades autónomas hasta las obligaciones de inversión que impone la Ley General de Comunicación Audiovisual a televisiones y plataformas-. La paradoja es evidente: producir estas películas resulta cada vez más sencillo; colocarlas en el mercado, bastante menos.

Torre de Babel

Valerie Delpierre, presidenta de PROA, la federación de productores catalanes, y productora de Verano 1993, uno de los mayores hitos recientes del cine catalán, relativiza el supuesto obstáculo del idioma. "Nuestro cine es muy de autor y tiene un público acostumbrado a ver películas subtituladas. En ese circuito el idioma no supone una barrera", explica.

Recuerda que Verano 1993 se estrenó inicialmente en catalán y solo se dobló al castellano cuando su inesperado éxito comercial aconsejó ampliar el número de espectadores. "No fue una decisión de partida, sino una consecuencia de que la película funcionó muy bien", señala.

Delpierre apunta además otra paradoja del sistema. Muchas de estas producciones nacen en catalán gracias al respaldo de TV3 o del ICEC, pero cuando llegan a TVE se emiten dobladas al castellano.

Como les sucede a muchos productores que ruedan en castellano y en alguna de las lenguas cooficiales, Delpierre se enfrenta a una torre de Babel. TVE dobla sus películas catalanas al castellano y TV3 sus películas en castellano al catalán, como sucedió con la emisión en la televisión autonómica de La maternal (Pilar Palomero, 2022). Para rizar el rizo, algunas copias de Viva se proyectan en Cataluña en versión original catalana y con subtítulos en castellano.

Por otro lado, todos los catalanes están acostumbrados a ver películas en catalán que parecen artificiosas porque todos hablan en catalán.

Por ello, Delpierre pone el acento en otra parte: “Todos estamos a favor de que se potencie la producción en lenguas cooficiales. El problema es que, por ejemplo, ahora mismo para que el incentivo fiscal tenga una intensidad del 80% debe ser íntegra en catalán, eso rompe la lógica dramática y suena impostado. Lo mismo pasa con TV3, te exige un 80% en catalán y premia especialmente si llegas al 100 por 100”.

Catalán en los cines

Si la producción se impulsa sobre todo mediante incentivos, la exhibición funciona, en cambio, a golpe de obligaciones. La legislación española ya exige a las salas reservar un porcentaje de sus sesiones al cine europeo e iberoamericano, mientras que en Cataluña la ley autonómica obliga a que el 25% de las proyecciones sean en catalán, después de que el Tribunal Constitucional rebajara el objetivo inicial del 50%.

La aplicación práctica de esa norma lleva años siendo objeto de controversia. Las grandes producciones de Hollywood dobladas al catalán suelen obtener peores resultados comerciales que sus versiones en castellano salvo en animación y los exhibidores recurren con frecuencia a las copias subtituladas para cumplir la cuota. De hecho, el propio grado de cumplimiento de ese 25% ha sido motivo de debate desde la entrada en vigor de la ley.

A ese escenario se suma ahora la enmienda pactada entre el Ministerio de Cultura y Junts, que condicionaría el acceso a determinadas ayudas estatales a que los cines programen un mínimo del 15% de contenidos en lenguas cooficiales.

Desde la Federación de Cines de España (FECE) admiten que el texto plantea todavía muchas incógnitas. "No tenemos una posición porque, leyendo la enmienda, no queda claro a qué se refiere exactamente ese 15%. Hablan de un 'objetivo', pero no sabemos cómo se traducirá en la práctica", explican.

En términos similares se expresa Pilar Sierra, presidenta del Gremi de Cinemes de Catalunya, quien considera difícil "implementar una ley estatal que solo afecte a determinadas zonas del territorio".

En otras palabras, mientras productores y distribuidores reclaman extender los incentivos al conjunto de la cadena de valor, el debate sobre la exhibición sigue planteándose, sobre todo, en términos de obligaciones. Ahí reside una de las grandes incógnitas de la futura Ley del Cine.

La futura Ley del Cine deberá resolver ese equilibrio: cómo reforzar la producción en lenguas cooficiales sin descuidar el resto de la cadena, desde la distribución hasta la exhibición. Porque, como repiten todos los profesionales consultados desde perspectivas muy distintas, una película no termina cuando acaba el rodaje, sino cuando encuentra espectadores.