Un conductor VTC es increpado a las puertas de Ifema.

Un conductor VTC es increpado a las puertas de Ifema. EFE

Empresas

Moove Cars (VTC) presenta un ERE para 730 empleados en Cataluña

La empresa que presta servicios de alquiler vehículos con conductor emplea a 2.000 personas en toda España.

4 febrero, 2019 16:26

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La empresa Moove Cars, que presta servicios de vehículos de alquiler con conductor (VTC), ha presentado ante el departamento de Treball de la Generalitat un ERE de suspensión de contratos para 730 trabajadores en Cataluña, según han indicado fuentes conocedoras del expediente.

Moove Cars, que emplea a más de 2.000 trabajadores en toda España, ya anunció hace unos días que la aprobación del decreto de la Generalitat que limita la actividad de los VTC abocaría a la compañía a cesar su actividad en Barcelona, tal y como ya han hecho Uber y Cabify.

Hace apenas una semana, Moove Cars señaló al consejero de Territorio y Sostenibilidad, Damià Calvet, como principal responsable de la pérdida de puestos de trabajo. "La responsabilidad patrimonial derivada de esta decisión obligará a los contribuyentes catalanes a pagar unos 1.100 millones de euros como indemnización por la expropiación de licencias", señaló la operadora. 

Rafael García Tapia, consejero delegado de Moove Cars, explicó que este ERE se pondría en marcha para los trabajadores en Barcelona con contrato indefinido. "Todos recibirán una oferta de trabajo para la zona de Valencia, Alicante o Madrid", dijo entonces.

Uber y Cabify, fuera de Barcelona

Las dos principales plataformas de contratación de VTC dejaron de operar el pasado viernes en Barcelona. Tanto Uber como Cabify ya anunciaron su salida de la capital catalana tras reunirse con la Generalitat. En el caso de Cabify, la responsable de regulación global de Cabify, Marta Plana dijo que "una vez que la Generalitat ha cedido al chantaje del taxi, las VTC deberán abandonar la ciudad de Barcelona porque no hay un marco competitivo para el negocio".

Por su parte, Uber asegura que sigue "a disposición de la Generalitat de Catalunya y del Ayuntamiento de Barcelona para trabajar en una regulación justa para todos".