Emilio Saracho, presidente del Banco Popular, durante la junta de accionistas del pasado mes de abril.

Emilio Saracho, presidente del Banco Popular, durante la junta de accionistas del pasado mes de abril. Mariscal Efe

Empresas TRES ESCENARIOS JUDICIALES DEL POPULAR

Los últimos días de Saracho: "¡Putas cuentas! Voy a estrellarlo en la puerta al BCE"

El presidente del Popular valoraba entregar la entidad al BCE como si éste tuviera una inclusa para bancos abandonados.

John Müller

Durante sus últimas semanas al frente del Banco Popular, Emilio Saracho (Madrid, 1955) ya no podía disimular la tensión que vivía. Sus antiguos colaboradores creen que era consciente de sus errores y eso lo frustraba, pero no podía evitar seguir cometiéndolos. Varios accionistas del núcleo duro afirman que su lenguaje se iba volviendo cada vez más grosero. Un día estalló: “¡Las putas cuentas de este puto banco!". Al final, además, valoraba entregar la entidad en el BCE como si éste tuviera una inclusa para niños abandonados. "Si siguen así les voy a dejar las putas llaves en la puerta del BCE y que ellos se las arreglen”. Otra versión asegura que lo que dijo fue “voy a estrellarle el banco en la puerta al BCE”.

Hay coincidencia en que las cosas se torcieron para Saracho a partir del 10 de abril, día en que celebró su primera junta general de accionistas. Como recordó el ministro de Economía Luis de Guindos en el Congreso el 12 de junio pasado, en esa asamblea el presidente del Popular anunció la necesidad de reforzar el capital de la entidad y dijo dos cosas obvias: que podía ser mediante una ampliación de capital o una operación corporativa. “Sin embargo, (Saracho) no detalla un plan de actuación concreto y las acciones caen otro 17% en apenas cuatro días”, dijo Guindos. “En quince días, del 31 de marzo al 13 de abril, las acciones del Popular pierden un tercio de su valor bursátil”, martilleó el ministro.

La confianza se desvanece

Esa falta de concreción, la ausencia de un plan con detalles, fue la señal que hizo que la esperanza de Economía y del Banco de España en Saracho se evaporara. También contribuyó mucho el tono faltón que empleó ante los accionistas y la prensa, pese a que se le recomendó que fuera más moderado. De pronto, el hombre que estaba considerado como el mejor banquero de España a nivel global se convirtió en una rémora.

El presidente del Popular, Emilio Saracho.

El presidente del Popular, Emilio Saracho. Luca Piergiovanni Efe

Claro que Saracho, que hasta antes de recalar en el Popular era uno de los tres vicepresidentes mundiales de JP Morgan Chase -el mayor banco por activos del mundo-, estaba considerado un lince entre los banqueros de inversión o de negocios, pero no tenía la menor idea gestionar un banco de retail como el Popular. Él mismo lo confesó a la plantilla nada más llegar.

Esa diferencia obliga a estar atento a ciertos detalles. En la banca de inversión, el gestor puede anunciar sin comedimiento miles de despidos y al día siguiente el mercado lo premia, porque va a ser más eficaz, pero en la banca minorista puede no ser así. Un anuncio brutal tiene un enorme impacto en la red, en la plantilla, en los clientes y a la vez en la Bolsa.

Debilitar el valor de la acción

Desde su sillón, un banquero de inversión visualiza un perímetro -accionistas y activos- y unos actores externos -el mercado, los competidores, los eventuales aliados, las autoridades regulatorias- y a partir de ahí define sus límites, amenazas y oportunidades. Sin embargo, el banquero minorista sabe que en su negocio hay un actor adicional -el depositante-, y esto transforma totalmente la conducta y los umbrales de tolerancia de, por ejemplo, los reguladores.

Ángel Ron presenta sus últimos resultados como presidente del Banco Popular.

Ángel Ron presenta sus últimos resultados como presidente del Banco Popular. EFE

Otro error del presidente del Popular lo ha puesto en evidencia públicamente Ángel Ron, su antecesor. Éste ha afirmado en una entrevista en El Independiente que “Saracho decía que la acción estaba cara y había que asustar al mercado para que cayese”. El objetivo de debilitar la acción podía ser facilitar una operación corporativa, por la vía de meter presión al núcleo duro de la Sindicatura de Accionistas (9,6% de las acciones) que a finales de 2016 se mostraba irreductible a la hora de defender que el Popular era viable en solitario.

Javier Alonso, subgobernador del Banco de España.

Javier Alonso, subgobernador del Banco de España. EFE/Román G. Aguilera

El último fallo de Saracho lo puso en evidencia Javier Alonso, subgobernador del Banco de España, el viernes pasado, cuando reveló que las garantías presentadas por Popular para obtener liquidez y evitar la crisis final fueron "relativamente pocas", por lo que el organismo "sospechó" que el banco tenía "potencialmente más garantías". "Se puede sospechar que tenía más, pero si no las trajo no las vimos y no puedo certificarlo", sostuvo Alonso. El equipo de Saracho desmintió estas afirmaciones y recordó que presentaron avales por 40.000 millones y a cambio sólo se le facilitaron 3.800 millones de liquidez de emergencia el 5 de junio.

Tres tipos de acciones legales

Todas estas sombras sobre la gestión de Saracho han hecho que el expresidente del Popular esté en el centro de dos de los tres tipos de acciones legales que se están preparando tras la quiebra del banco, su posterior achatarramiento y venta por 1 euro al Banco Santander. Las denuncias que le van a afectar directamente son las que se están presentando contra él y su equipo por “administración temeraria”.

Pero un segundo tipo de acciones legales, en este caso dirigidas contra el consejo de administración del Popular, también pueden salpicar a Saracho. Estas demandas sostienen que cuando a finales de 2016 la consejera coordinadora Reyes Calderón, exdecana de la Facultad de Economía de la Universidad de Navarra, realizó una serie de acciones destinadas a sustituir a Ángel Ron por Saracho, en realidad se produjo un cambio de control de la entidad favoreciendo un nuevo equilibrio de poder. Para lograrlo, se habría burlado la normativa europea y la ley española de OPAs.

El abogado Javier Cremades, presidente del despacho Cremades & Calvo Sotelo y secretario general de la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (AEMEC), es quien defiende esta tesis. El jueves 8 de junio, 385 accionistas gallegos del Popular presentaron una demanda patrocinada por Cremades contra los gestores de la entidad bancaria, entre los que figuran su expresidente Emilio Saracho y el inversor mexicano Antonio del Valle. Los minoritarios sospechan que Del Valle utilizó su posición en el consejo para elaborar una estrategia consistente en invertir a corto contra su propio banco para resarcirse de las pérdidas que provocó la gestión de Saracho. En contra de esta tesis pesa el hecho de que el consejo perdió los 500 millones que puso en la última ampliación de capital.

Elke König, presidenta de la Junta ünica de Resolución (JUR).

Elke König, presidenta de la Junta ünica de Resolución (JUR).

El informe 'secreto' de la JUR

Por último, un tercer conjunto de acciones, que cuestionan la legalidad de la confiscación de las acciones, se presentarán en el Tribunal de Justicia Europeo de Luxemburgo. Por lo pronto, AEMEC ya comunicó la semana pasada a la Junta Única de Resolución (JUR) que recurrirá su decisión. El abogado Javier Cremades ha asegurado a EL ESPAÑOL que la JUR, que preside la alemana Elke König, le ha informado que les entregará el expediente de la resolución del banco. En ese expediente, según Cremades, debería figurar el famoso informe que contiene la valoración por un experto independiente que fijaba las necesidades de capital del Popular en un escenario central de 2.000 millones de euros y en el más estresado de 8.200 millones de euros.

Diecinueve días después de la liquidación de la entidad, la JUR no ha hecho público este informe ni el nombre del experto que lo realizó pese a que lo han solicitado desde el ministro de Economía, Luis de Guindos, hasta los accionistas del banco. Este informe es clave porque en él se basó la decisión de la JUR de achatarrar de manera secuencial las acciones, los llamados “cocos” y la deuda subordinada.