Sobre las tres de la tarde del martes 6 de junio se recibió una llamada en el Ministerio de Economía. Era el máximo responsable del Banco Popular. El mensaje fue escueto y demoledor: “El banco se ha quedado sin liquidez. Mañana no podemos abrir al público”. De inmediato, el ministro Luis de Guindos activó las alarmas: avisó al Banco de España, a la Comisión Europea y al BCE. Su objetivo, según fuentes de su Ministerio, era evitar que la masiva retirada de depósitos en el Banco Popular registrada en los últimos días y que lo había dejado sin liquidez desatara un pánico bancario en España.

Emilio Saracho, presidente del Popular, había estirado el chicle hasta donde pudo y más allá en la búsqueda de una solución para su entidad. “Irresponsablemente”, a juicio de algunas fuentes del gobierno español, “simplemente cumpliendo con su papel”, según otras. Cuando Saracho vio que la liquidez se secaba y que los rumores no sólo castigaban a la cotización bursátil sino a la base de depósitos de la entidad (estimada en unos 77.000 millones de euros), tiró la toalla y decidió avisar a Economía.

La única oferta viable, la del Santander

Saracho sabía que la Junta Única de Resolución (JUR) de la Unión Europea había instruido al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob) para que abriera el 3 de junio un procedimiento “competitivo” para vender la entidad, pero aún no aparecían interesados de peso. Todos los altos funcionarios del Ministerio de Economía, del Frob, del Banco de España y del JUR llevaban varios días trabajando en el asunto. De pronto, a las tres de la tarde del martes todo se aceleró y hubo que empezar a tomar decisiones difíciles.

Emilio Saracho, nuevo presidente del Banco Popular, durante la junta de accionistas. Mariscal Efe

A la venta exprés de la entidad se presentaron el Santander y el BBVA. Al final, según el Frob, la “única” oferta que cumplía con el requisito de garantizar la estabilidad financiera era la del Banco de Santander. Sólo la entidad que preside Ana Patricia Botín ofreció garantías suficientes de que el miércoles 7 la red del Popular iba a seguir operando con normalidad y que el banco tendría la liquidez necesaria para atender a sus clientes.

“Hemos tenido mucha suerte. Ha sido una tarde y una noche de infarto. Afortunadamente, ha surgido una entidad (el Banco Santander) dispuesta a liderar la solución de este problema. Y ha tomado la decisión en muy pocas horas”, relató a EL ESPAÑOL un alto cargo del Gobierno.

Resolución en tiempo récord

El comunicado del Frob es revelador de las tensiones vividas en las últimas horas. “El Frob, en estrecha coordinación con la Junta Única de Resolución cuya decisión ejecuta, ha podido llevar a cabo el proceso de venta en la noche del 6 al 7 de junio, gracias a los trabajos realizados en los días previos y apoyándose en el proceso de venta privado que ya había comenzado la entidad”.

Entre esos trabajos previos, un experto independiente determinó para la JUR que las pérdidas del Popular podían alcanzar los 2.000 millones en un escenario normal y los 8.200 millones en uno estresado.

La decisión de la Junta Única de Resolución de vender por 1 euro la entidad al Banco de Santander se produjo en la tarde del martes y se ejecutó el miércoles por la mañana, inmediatamente después de que el BCE determinara que “el Banco Popular Español S. A. está en graves dificultades o existe la probabilidad de que lo esté”.

Elke König, presidenta de la Junta ünica de Resolución (JUR).

“Esta decisión salvaguarda a los depositantes y las funciones críticas del banco. Esto demuestra que las herramientas dadas a las autoridades de resolución después de la crisis son efectivas para proteger el dinero de los contribuyentes de los rescates bancarios”, aseguró la presidenta de la Junta, Elke König.

Máxima protección a los depositantes

El ministro de Economía, Luis de Guindos, afirmó el miércoles que la compra del Popular por el Santander es una "buena salida para la entidad" y que se lleva a cabo "sin la utilización de recursos públicos". "Es una buena salida para la entidad, dada la situación a la que había llegado en las últimas semanas, ya que implica la máxima protección a los depositantes y la continuidad de la actividad", añadió en declaraciones remitidas a los medios de comunicación por su gabinete.

De Guindos no se ha referido a la situación de los accionistas y bonistas del Popular que han perdido toda su inversión. Sí ha insistido en que el banco había perdido el mayor de sus activos, la confianza. El ministro de Economía ha solicitado comparecer en la Comisión de Economía del Congreso para informar sobre el proceso de resolución.

La operación, ha subrayado, se ha llevado a cabo sin que se produzca "un eventual contagio entre riesgo soberano y bancario, como ocurrió en épocas pasadas". "La situación actual es muy diferente a la del año 2012, dada la buena salud del conjunto del sector financiero y de la economía española en general", concluyó.

Asimismo, el ministro subraya que, en el actual contexto económico, se dan las mejores circunstancias "para aportar las soluciones más adecuadas y eficaces" bajo la autoridad europea para "preservar la estabilidad del sistema financiero".