El estallido de la burbuja financiera dejó a la Unión Europea sembrada de 'aeropuertos fantasma', que se financiaron con ayudas públicas, se construyeron demasiado cerca unos de otros y a menudo con sobrecostes y nunca han cumplido sus previsiones de pasajeros ni alcanzado la rentabilidad. En España se encuentran algunos de los ejemplos paradigmáticos, como el aeropuerto de Ciudad Real o el de Castellón. Aunque asegura que no quiere repetir los errores del pasado, Bruselas ha anunciado este miércoles que a partir de ahora dará barra libre a las subvenciones a los aeropuertos regionales. 

La comisaria de Competencia, la liberal danesa Margrethe Vestager, alega que su objetivo es acelerar las inversiones en infraestructuras con el fin de impulsar el crecimiento y la creación de puestos de trabajo en Europa. También pretende reducir la burocracia y ahorrar tiempo y dinero a empresas y administraciones públicas. En la actualidad, todas las ayudas públicas a aeropuertos deben notificarse a la Comisión, que es la responsable de examinar si cumplen las reglas. En los últimos años, Bruselas ha analizado medio centenar de casos.

Con la reforma aprobada, por primera vez los Gobiernos nacionales y autonómicos serán libres de realizar las inversiones públicas que deseen, sin límites y sin control de Bruselas, en los aeropuertos regionales que acojan hasta tres millones de pasajeros al año. En toda la UE hay 420 aeropuertos de este tamaño, el 80% del total, aunque sólo absorben el 13% del tráfico. En España podrían beneficiarse un total de 33 aeropuertos de la red de AENA. Es decir, todos menos los 15 más grandes.

La única restricción a estas subvenciones, que podrán dedicarse a mejorar o ampliar las instalaciones, es para los aeropuertos situados en la zona de atracción (100 km de distancia o 60 minutos de recorrido) de otro aeródromo. En este caso, la ayuda sí deberá notificarse a Bruselas para garantizar que no hay distorsiones de competencia.

No siempre son rentables

Pero el nuevo impulso que Bruselas quiere dar a los aeropuertos regionales no acaba ahí. En el caso de los más pequeños, de menos de 200.000 pasajeros anuales (17 en la red de AENA más el aeropuerto de Castellón), las autoridades nacionales podrán incluso hacerse cargo de los costes operativos, es decir, cubrir sus pérdidas de funcionamiento. "No siempre son rentables, pero pueden jugar un papel importante a la hora de garantizar la conectividad", se ha justificado Vestager.

¿Existe el riesgo de que estas ayudas acaben beneficiando a determinadas compañías de bajo coste o impulsen una nueva burbuja de 'aeropuertos fantasma'? La comisaria de Competencia lo niega. Todas las aerolíneas competirán en igualdad de condiciones a la hora de acceder a estas infraestructuras. Y no hay ningún cambio de política respecto a los 'aeropuertos fantasma'.

"Esto es para los aeropuertos que ya existen y especialmente para los pequeños aeropuertos. No estamos abriendo nuevas oportunidades para construir nuevos aeropuertos o trasladar aeropuertos", sostiene Vestager. La reforma debe servir para abrir un auténtico debate entre las autoridades y los ciudadanos sobre si quieren gastar dinero en garantizar la conectividad o atraer el turismo. "Pero no debería permitir que se construyan aeropuertos que no se usan", ha zanjado.

Sin embargo, los antecedentes no son nada buenos. El Tribunal de Cuentas de la Unión Europea publicó en 2014 un demoledor informe que denunciaba que la mayoría de los aeropuertos comunitarios que han recibido en los últimos años ayudas de la UE para su ampliación no han generado los resultados esperados, no son rentables y están infrautilizados por falta de planificación adecuada.

Entre ellos hay 8 españoles: Madrid-Barajas, Badajoz, Burgos, Córdoba, Fuerteventura, La Palma, Murcia y Vigo. En total, España recibió 685 millones de euros en ayudas europeas para aeropuertos entre 2000 y 2013. Aunque el estudio del Tribunal de Cuentas se refiere únicamente a los fondos comunitarios, sus conclusiones son extrapolables a cualquier tipo de financiación pública.

Puertos y estadios deportivos

La reforma autoriza también las ayudas a los puertos sin necesidad de notificarlas a Bruselas, aunque dentro de determinados umbrales. En concreto, los Estados miembros pueden efectuar inversiones de hasta 150 millones de euros en los puertos marítimos y de hasta 50 millones en los puertos interiores. Quedan cubiertos los costes de dragado.

También quedarán fuera del control de la Comisión las subvenciones para proyectos culturales y para las instalaciones deportivas de usos múltiples. Finalmente, las autoridades nacionales serán libres de dar ayudas compensatorias a las empresas por los costes adicionales en los que incurren cuando operan en regiones ultraperiféricas, como las islas Canarias.