“Las personas que nos dedicamos a la cultura estamos en continua supervivencia e infravaloración”. Esta es la cruda realidad que ha captado la Fundación Alternativas, en su informe anual sobre el estado de la cultura. Y el enfermo sigue en estado crítico, pero parece que quiere despertar del coma profundo, gracias a un golpe de “optimismo prudente” desconocido en los últimos años. El centenar de profesionales de la cultura preguntados arrojan un suspenso: 4,7, pero es la mejor cifra en los últimos cinco años, aunque no es el aprobado que le dieron en 2011 (5,1).
“Esa es la realidad ahora”, continúa explicando uno de los encuestados participantes en el extenso estudio (sobre la cultura española y las relaciones con Latinoamérica). “Personalmente, como artista profesional que soy, tuve hasta que dejar de ser autónoma, porque pagar 300 euros al mes, con lo poco que cobro por mi trabajo, no me daba para pagar el alquiler. Así está de valorada la cultura en España”.
Ni un duro
Las calificaciones más bajas aparecen cuando los profesionales del sector cultural (Creadores, gestores públicos y privados e investigadores y críticos) deben responder a la remuneración de los creadores y de la defensa pública de una remuneración justa. También suspenden las administraciones en el apoyo a la sostenibilidad económica y, ojo, en el respeto a su autonomía. Pero también crece el descrédito en la eficacia de las políticas culturales, así como la proyección y la cooperación exterior de la cultura española.
“Creo que, en general, el panorama está mejorando, pero todavía queda mucho por hacer por la cultura, lenguas minoritarias, Iberoamérica... En general, faltan políticas de promoción de la cultura”, comenta otra de las personas encuestadas. Las respuestas descubren un país censor y represor contra la libertad de expresión, con unas políticas culturales que han declinado la defensa y protección de los creadores.
Políticas nefastas
En definitiva, “los agentes culturales españoles consideran muy negativamente, y reiteradamente desde 2011”, tanto la orientación de las políticas públicas culturales como la proyección y la cooperación cultural exterior, así como la remuneración de los autores, “campos vitales para un tejido cultural sostenible”.
En los análisis, Enrique Bustamante hace balance del Gobierno del PP en materia cultural... y lo titula sin reparos: “2011-2017. Un sexenio perdido”. En su lectura llama la atención sobre un hecho paradójico: a pesar de que han crecido algo el número de empresas culturales en 2016, comparadas con 2009 (114.099 frente a 87.894), el empleo se mantiene muy por debajo de los años sin crisis financiera: 544.700 puestos de trabajo en 2016 y 591.200 puestos en 2009.
La explicación a las microempresas la tenemos en el gasto de las familias en cultura: si un español gastaba 368 euros por persona en 2008, en 2016 se queda en 306 euros. A eso ha y que añadirle el recorte en ayudas que han ejecutado Estado, Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, más el IVA cultural, más el canon digital por copia…
Sin Ministerio, sin influencia
El sexenio está perdido, pero los agentes culturales encuestados por la Fundación Alternativas parecen estar más animados y traen “cierto optimismo económico y empresarial a la cultura pese a la persistencia de diagnósticos dudosos que revela este informe”. Por ello Bustamante asegura que las reivindicaciones no han perdido vigencia. Entre ellas, el especialista destaca dos: la necesidad de un pacto de Estado por la cultura y la reclamación de un Ministerio de Cultura autónomo para recuperar la influencia política perdida en estos seis años. También señala otros déficits como la desigualdad de género, la desigualdad de acceso, la urgencia por crear un Estatuto del Artista, la desaparición de la reforma de la Ley de Mecenazgo,
El artículo más interesante de los compilados es el firmado por Alfons Martinell Sempere y Beatriz Barreiro Carril, que invitan a la cultura a declararse como un Derecho Humano para superar el estancamiento de las políticas actuales y situarla “más allá de las funciones de la cultura en la política”. “Una nueva generación de políticas culturales con base en los derechos culturales es una forma de resituar el papel del Estado en la cultura y orientar la acción situando al ciudadano en el centro de atención, relacionando la parte de la vida cultural que ha de garantizar el Estado, como intervención en el interés general, y la parte que ha de emplazar a los diferentes agentes a participar en la satisfacción de las necesidades culturales”.