Carlos Iglesias acudiendo a declarar ante el juez
El hermano de Julio Iglesias, condenado a 6 meses de prisión por delito fiscal tras defraudar 19,6 millones a Hacienda
El Supremo ha ratificado la sentencia impuesta a Carlos Iglesias de la Cueva por omitir la tributación por la venta de unos terrenos en Madrid.
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A Carlos Iglesias de la Cueva, el apellido más célebre de la música en español no ha logrado blindarlo del fisco.
Acostumbrado a moverse en un discreto segundo plano del imperio familiar, el hermano pequeño de Julio Iglesias (83 años) se enfrenta ahora a un duro golpe judicial: el Tribunal Supremo ha confirmado de forma definitiva la condena de seis meses de prisión que pesaba sobre él por defraudar 19,6 millones de euros a la Hacienda pública.
La Sala de lo Penal ha desestimado el recurso de casación de su defensa, ratificando punto por punto el fallo que la Audiencia Provincial de Madrid dictó a finales de 2023.
Además de la pena privativa de libertad, el tribunal le impone una multa millonaria de 9,8 millones de euros, la mitad de la cuota evadida, y le exige indemnizar a las arcas públicas con los 19,62 millones defraudados más los intereses de demora acumulados. También perderá durante cuatro años cualquier opción a ayudas o incentivos fiscales.
Carlos Iglesias, hermano de Julio Iglesias.
Revalorización inmobiliaria
El origen de este frente judicial se remonta al año 2001, en pleno auge del mercado inmobiliario madrileño. Detrás de una aparente operación financiera en el distrito de Vicálvaro se escondía un entramado opaco diseñado para esquivar tributos.
Según los hechos probados, la sociedad panameña Rolimpa Trading Corporation, que Carlos Iglesias gestionaba en la sombra a través de firmas interpuestas en paraísos fiscales, vendió dos grandes parcelas de suelo urbanizable a dos cooperativas de viviendas por 7.700 millones de pesetas (unos 46,27 millones de euros).
El rendimiento económico de la transacción fue sustancial: Rolimpa había adquirido esos mismos terrenos en 1989 por apenas 100 millones de pesetas (unos 601.000 euros). Sin embargo, tras cosechar semejante plusvalía en suelo español, el hermano del cantante no presentó declaración ni ingresó un solo euro en concepto del Impuesto sobre Sociedades, eludiendo con ello el pago de 19.624.655,16 euros.
Para no dejar rastro, el menor de los Iglesias vendió formalmente las acciones de la matriz a otra mercantil panameña días antes de la firma. Una maniobra de distracción que la justicia ha desmontado al probar que siguió controlando el dinero, el cual terminó en cuentas del Banco Continental de Panamá en las que figuraba como único autorizado.
Julio Iglesias
El Supremo desmonta la defensa de Carlos Iglesias
La gran baza de la defensa de Carlos Iglesias ante el Alto Tribunal consistía en intentar anular el proceso alegando que se había vulnerado el secreto profesional de su antiguo abogado panameño, cuyas declaraciones y documentos aportados en la instrucción resultaron decisivos para destapar la trama.
Sin embargo, el Supremo, en una sentencia del magistrado Leopoldo Puente Segura, desmonta el argumento con dureza.
La Sala aclara que la garantía del secreto profesional existe para defender al cliente, no para proteger la preparación de artificios fiscales ni para exigir un pacto de silencio incondicional entre los implicados.
Al probarse que el letrado fue contratado precisamente para diseñar la red de sociedades pantalla, sus revelaciones sobre hechos propios eran plenamente válidas, dejando la condena a Carlos Iglesias blindada e inapelable.
