La urbanización de lujo Marina Isla Valdecañas vuelve a acaparar el foco mediático. En este caso ha sido el Tribunal Constitucional quien ha tumbado la reforma del suelo que aprobó la Junta de Extremadura para intentar respaldar este complejo de lujo, dejando herida de muerte la conocida como la 'Marbella extremeña'.

Un capítulo más, el último, de un Rosario de sentencias y recursos entre los dueños de las viviendas y la promotora -que caminan de la mano con la Junta de Extremadura-, y Adenex y Ecologistas en Acción, las dos asociaciones ecologistas que demandan la demolición del complejo. Este nuevo descalabro judicial supone de facto un aldabonazo para las -ya de por si escasas- opciones de futuro de Marina Isla de Valdecañas, que ve el derribo cada vez más cercano.

Para entender la situación actual hay que remontarse a los orígenes de una batalla judicial que dura ya 13 años. Ubicada en el embalse de Valdecañas, en los términos municipales de El Gordo y Berrocalejo (Cáceres), el proyecto fue aprobado por el gobierno regional tras declararlo la Junta de Extremadura Proyecto de Interés Regional (PIR). La promotora Marina Isla de Valdecañas S. A. inició en 2007 las obras para construir en esta isla artificial de 130 hectáreas, 180 villas de lujo, un hotel de cuatro estrellas, una playa artificial, un club náutico y un campo de golf, entre otros.

Un desarrollo que desde el primer minuto desató las denuncias de los ecologistas, que lo denunciaban por construirse sobre terrenos de la Red Natura 2000, una zona de especial protección medioambiental, y por invadir un embalse catalogado como uno de los humedales más ricos de la biodiversidad extremeña.

En 2007, los ecologistas presentaban un recurso ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) que estimaba el recurso pero no antedía la demanda de paralización cautelar de la obra. Paralelamente el complejo captó en su momento la atención de numerosas personalidades de renombre entre el panorama político y empresarial español.

Disfrutar de un chalé en una isla privada a poco más de una hora en coche de Madrid era el sueño de muchos de ellos. Entre sus inversores estaban nombres conocidos como Beltrán Gómez-Acebo (46), primo del rey Felipe VI (52), Jaime López-Ibor, sobrino del empresario Alberto Alcocer, José María Aznar Jr., hijo del expresidente del Gobierno, el cantante Carlos Baute (46). Completan la nómica de ilustres otros nombres propios menos conocidos relacionados en su mayoría con los consejos de administración de grandes empresas y, especialmente, el mundo de la banca nacional e internacional.

Las denuncias por irregularidades incoadas por dos asociaciones ecologistas provocaron una sentencia favorable a los ecologistas del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) en 2011. En ella se declaraba ilegal el complejo y se ordenaba que los terrenos que ocupa, en los términos municipales de El Gordo y Berrocalejo, fueran devueltos a su estado originario.

La sentencia, que fue inmediatamente recurrida por la Junta ante el TS, introducía por sorpresa un razonamiento clave hoy día para entender el conflicto: además de decretar la paralización de las obras y la desocupación de los inmuebles, fijaba una fianza a los ecologistas de 41 millones de euros, en previsión de indemnización si el recurso interpuesto por la Junta fuera estimado en una sentencia posterior. Ante la falta de solvencia de las asociaciones, la obra continuó.

Demolición parcial del complejo

Ante las dificultades para ejecutar la sentencia, el TSJEx dictaba una solución salomónica: ordenar que se respetara lo construido y en uso y obligar a que se derribara lo que estaba a medias de construir hasta el momento de iniciarse el proceso judicial: un hotel de cinco estrellas y 42 chalés. Asimismo se instaba a la Junta a elaborar un plan de demolición, restauración y revegetación de la zona.

Las asociaciones ecologistas Adenex y Ecologistas en Acción recurrieron reclamando el cumplimiento al pie de la letra de la sentencia, que suponía la demolición total de complejo, pero el TSJEx rechazó los recursos contra el auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo el pasado 30 de junio de 2020, ordenando solo la demolición parcial del complejo turístico y residencial Marina Isla Valdecañas.

Paralelamente, la Junta de Extremadura lanzó un órdago. Con la intención de que Marina Isla de Valdecañas siguiera en pie, la Junta de Extremadura hizo un cambio en la Ley del Suelo extremeño. En concreto, introdujo un párrafo en la normativa que permitía construir en los terrenos que se enmarcan dentro de la Red Natura 2000 -formados por áreas de conservación de la biodiversidad en la Unión Europea-. Un cambio en la ley que se introducía 20 días después de que el TSJEx declara nulo el desarrollo en 2011. El párrafo en cuestión introducía una modificación clave para la pervivencia de Marina Isla de Valdecañas: "La mera inclusión de unos terrenos en la Red Ecológica Natura 2000 no determinará, por sí sola, su clasificación como suelo no urbanizable".

Los ecologistas no se quedaron de brazos cruzados y la cuestión llegó al Tribunal Constitucional cuya resolución convierte al complejo de nuevo en noticia. La respuesta del alto tribunal ha sido casi unánime; de los once magistrados del Constitucional que analizaron el asunto y que tumbaron el párrafo incluido por el ejecutivo autonómico, sólo uno emitió un voto contrario al de la mayoría. La decisión del tribunal suponía un tirón de orejas contra el gobierno autonómico, ya que establecía claramente que la clasificación de lo que es urbanizable o no, es de carácter estatal y no puede ser alterada por las comunidades autónomas, como ha venido haciendo la Junta de Extremadura.

Denuncia europea

José María Trillo, abogado de Ecologistas en Acción, aplaudía la decisión del tribunal al tiempo que advertía de que "la Junta sigue en su huida hacia adelante, en vez de asumir sus responsabilidades". La respuesta del resto de asociaciones ecologistas no se hacía esperar. Representantes de seis colectivos conservacionistas (Ecologistas en Acción, Adenex, Greenpeace, WWF, SEO/Birdlife y Amigos de la Tierra) reclaman que Marina Isla Valdecañas fuera demolido y que los políticos pidan perdón a los ciudadanos, asumiendo responsabilidades políticas.

Pese a la sentencia en contra, la Junta de Extremadura ya ha anunciado su intención de llegar hasta el final en este conflicto de intereses. La administración regional ha anunciado que iba a poner el caso en manos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) porque, en su opinión, los razonamientos jurídicos en España se contradice los de la normativa Europa en materia de la calificación de los terrenos (de rústicos a urbanizables como se hizo en este caso). Sobre todo cuando se acometen las obras en parcelas ubicadas dentro de la Red Natura 2000.

Isla de Valdecañas hoy

La urbanización corre un futuro incierto y se nota en su estado. El deterioro es más que evidente en sus instalaciones y salvo el hotel 4 estrellas que genera clientes con el reclamo del campo de golf -especialmente entre el turismo inglés-, hay poca vida en la urbanización. Pese a que el derribo es, es cada vez, una posibilidad más cercana, sus moradores siguen confiando en la inversión que un día hicieron. Prueba de ello es que los precios lejos de derrumbarse siguen estables. Los chalés, que en su día se comercializaron a un precio de más de medio millón de euros, se venden hoy día por un precio muy similar al de compra. Los precios oscilan entre los 550.000, de un chalé de 320 metros cuadrados con cinco habitaciones, cinco baños y parcela de 780 metros cuadrados y los 700.000 euros que piden por uno de 600 metros cuadrados y parcela de 500 metros cuadrados.

La jet set en pie de guerra

El derribo, además de un pésimo negocio para muchos miembros biutiful madrileña, supondría un gran agujero para las arcas de la Junta de Extremadura, ya que la demolición iría acompañada de una cascada de demandas de los propietarios, que pedirían responsabilidades patrimoniales que se estiman en más de 215 millones. En números, el coste del derribo de las 183 villas, el hotel, el campo de golf y las instalaciones deportivas del complejo actual se elevaría a más de 34 millones de euros; en total 250 millones de euros que pondrían en jaque los presupuestos y la viabilidad económica del gobierno regional durante años. Una losa política difícil de asumir.

Por su parte, los propietarios de complejo, siguen sosteniendo la legalidad de sus casas. Agrupados en torno al movimiento 'Salvemos Valdecañas', aseguran a través de su web que es una sentencia "imposible de ejecutar, ya que materialmente no puede producirse la reposición de los terrenos a su estado originario, cuando era un terreno sin valor ecológico alguno", mitad bosque de eucaliptos, mitad vertedero. Un nuevo asalto -no será el último-, de una guerra sin cuartel que promete nuevas batallas y de la que no se vislumbra un claro vencedor.

[Más información: Marina Isla de Valdecañas, en imágenes]