Corren malos tiempos para el imperio de Luis Miguel Rodríguez (60 años), el dueño de Desguaces La Torre y expareja de Carmen Martínez Bordiú (65). Su hasta ahora exitosa empresa ha visto cómo en las últimas horas era intervenida por Hacienda, cuyos funcionarios accedían a las instalaciones ubicadas en el municipio de Torrejón de la Calzada (Madrid) acompañados por varios agentes de Vigilancia Aduanera para requisar la caja del día y varios vehículos de valor. Según indican a este medio, es una medida de presión habitual para que el propietario salde la deuda que mantiene con el fisco, en cuyo caso asciende a 7,8 millones de euros.

Él "está tranquilo", asegura su abogada, con quien ha podido hablar EL ESPAÑOL, "confía en regularizar su situación en cuanto pueda pues tiene bienes suficientes para cubrir la deuda".

Vista de uno de los almacenes del desguace. La Torre

Según ha podido conocer este medio, Luis Miguel Rodríguez lleva un año tratando de llegar a acuerdos con Hacienda, para los cuáles ha puesto en venta algunas propiedades millonarias, puesto que lo que le reclama la Agencia Tributaria es dinero, no bienes inmuebles. No obstante, según indican fuentes conocedoras de esta operación, no termina de deshacerse de esas propiedades. "Su venta se torna harto complicada", aseguran. 

La expareja de la nieta de Franco se siente cabeza de turco. "Es una caza de brujas donde le han utilizado como punta de lanza. No ha sido más que un escarmiento de tipo ejemplarizante el que se ha pretendido. Es inaudito ver al propio personal de aduanas haciendo declaraciones a la prensa", señala su letrada, la popular Teresa Bueyes.

La nieta de Franco y el empresario son grandes aficionados a los toros. Gtres

El origen del problema

El cerco sobre 'el rey del desguace' viene de lejos. En abril de 2008 se iniciaron actuaciones de inspección por el Impuesto de Sociedades de los ejercicios 2003, 2004 y 2005. Posteriormente, en diciembre de 2013, Luis Miguel Rodríguez García-Rivera recibió el inicio de nuevas pesquisas por los ejercicios 2010 y 2011 del Impuesto de Sociedades, y también por irregularidades en la contabilización del IVA entre 2010 y 2013.

Por todo ello, en la formulación de cuentas correspondientes al cierre ejercicio 2014, en junio de 2015, la Agencia Tributaria le reclamaba 12,5 millones de euros, en cuotas impagadas, intereses de demora y sanciones.

En garantía de esas deudas contraídas -tanto con la Agencia Tributaria como con la Seguridad Social-, ambos organismos públicos formalizaron hipotecas y órdenes de embargo sobre varias fincas situadas en Parla y Torrejón de la Calzada.

El empresario se convirtió en personaje del papel cuché cuando comenzó su relación con Carmen Martínez Bordiú Gtres

De acuerdo con las últimas cuentas presentadas, en 2014 Desguaces La Torre reconocía unas pérdidas de 1,6 millones de euros y una significativa reducción de su patrimonio neto (de 2,5 millones a 900.000 euros), debido al registro de los pasivos correspondientes a las actas de inspección concluidas durante ese ejercicio. En esas cuentas se contabilizaban deudas de 1,2 millones con proveedores y otros 1,17 millones que adeudaba a sus 400 empleados.

El ex de Bordiú echaba balones fuera. “Dicha situación es excepcional”, comentaba. Y, además, preveía aumentar la cifra de negocio de cara a generar beneficio en 2015. Pero la cosa se torció. Ese mismo mes de junio, Hacienda notificaba el inicio de nuevas inspecciones. Sobre el IVA de los ejercicios 2012, 2013 y 2014, y sobre el Impuesto de Sociedades de 2012 y 2013.

Ante este revés, Luis Miguel Rodríguez se vio obligado a reformular las cuentas, con un demoledor informe de Garrido Auditores, en el que se apuntaba "haber detectado debilidades de control interno" que impedían "obtener evidencias suficientes sobre el adecuado registro y valoración del inmovilizado material adquirido antes de diciembre de 2008".

Las instalaciones de Desguaces La Torre se ubican en Torrejón de La Calzada. Gtres

Los auditores también aseguraban que Desguaces La Torre tenía 861.000 euros de deudas con bancos no registradas, de manera que las pérdidas de 2014 deberían incrementarse en 365.321 euros.

Además, como consecuencia de la inspección fiscal en relación con el Impuesto de Sociedades de 2003 y 2005, Garrido Auditores llega a la conclusión de que, a la vista de esas actas, "la sociedad tiene un defecto de provisión por 1,5 millones de euros". En consecuencia, el pasivo del balance está infravalorado y el patrimonio sobrevalorado, en ambos casos, por ese importe.

Desde el entorno del ex de Bordiú aseguran que pronto se solventarán los problemas con Hacienda. "Sólo hace falta tiempo", explican. Habrá que ver si lo tienen.