Este pasado lunes, día 20 de noviembre, Shakira (46) pactó con la Fiscalía, la Generalitat de Cataluña y la Abogacía del Estado para no ingresar en prisión por los delitos fiscales cometidos entre 2012 y 2014 cuya cuantía ascendía a 14,5 millones de euros, que abonó hace varios años. En esas fechas, la cantante se embolsó con su trabajo 34,9 millones de euros.

Para evitar un juicio que hubiera implicado 12 angustiosas sesiones por las que iban a desfilar 117 testigos -entre ellos, su expareja Antonio de la Rúa (49), David (47) y José Muñoz (45) de Estopa o Fernando Olvera (63), cantante de Maná- la de Barranquilla optó por ceder cuando ya se encontraba cercada. Desde el principio, la Fiscalía pedía 8 años y dos meses de cárcel más una multa de 23,5 millones de euros.

Tras admitir su culpabilidad, el tribunal le ha impuesto seis meses de prisión por cada uno de los seis delitos y una multa del 50 por ciento de cada una de las seis cuotas principales defraudadas. Es decir, 7,3 millones de euros y la sustitución de la entrada en prisión, al no tener antecedentes, con otro pago de 432.000 euros. Ni diez minutos estuvo Shakira en la sala.

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Han sido cinco años duros, intensos y complicados que, a tenor de lo que ha esgrimido la artista a través de sus redes sociales, "tenía dos opciones: seguir peleando hasta el final, hipotecando mi tranquilidad y la de mis hijos, dejar de hacer canciones, álbumes y giras, sin poder disfrutar de mi carrera y las cosas que me gustan, o pactar, cerrar y dejar atrás este capítulo de mi vida mirando hacia adelante".

Todo empezó en 2018 cuando Hacienda le llamó la atención porque, según la información recabada, la ex de Piqué (36) sí que vivía de manera habitual en España entre los años 2012 y 2014. Según lo analizado, en 2012 pasó 242 días, en 2013 otros 212 y en 2014 batió el récord con 243 días, por lo que la figura de nómada digital no se ceñía a sus movimientos.

Ella, a toda costa, intentó demostrar que no había pasado más de 184 días, lo que le hubiera permitido tributar en un paraíso fiscal. Desde el principio, la Fiscalía anunció que la acusada usó un entramado societario con sede en islas Caimán, Islas Vírgenes Británicas, Panamá, Malta y Luxemburgo. La defensa de la cantante aseguraba que su residencia fiscal estuvo radicada en Bahamas desde 2004 a 2014.

El turrón se le empezó a atragantar a la intérprete del Waka Waka cuando unos días antes de las navidades de 2018, la Fiscalía le reclamó la deuda. Ante estos hechos, sus representantes emitieron un comunicado en el que confirmaba que "nuestra clienta ha pagado hasta el último euro reclamado por la Agencia Tributaria". Pero no fue suficiente.

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Shakira estuvo arropada por su equipo legal y por sus seguidores. Gtres

El 25 de febrero de 2019 el Juzgado de Instrucción número 2 de Esplugues de Llobregat (Barcelona) imputó a la cantante por cometer presuntamente seis delitos fiscales. Asimismo, fuentes de su entorno aseguraban que la intérprete de La bicicleta ya había pagado los 14,5 millones de euros exigidos por la Agencia Tributaria. Desde el primer momento, la colombiana se ofreció a colaborar con la justicia en cualquier momento.

El 6 de junio de 2019, el juez le citó a declarar. Era la primera vez en su vida que se sentaba en el banquillo. Fueron 80 minutos de sesión. De buenas a primera declaró al juez que llegó a estar "en tres países en un mismo día" y que era "una nómada, una persona sin raíces ni estabilidad", que finalmente alcanzó tras el nacimiento de su segundo hijo, Sasha, en 2015. Para entonces, Shakira y Gerard Piqué ya tenían otro hijo, Milan, nacido en 2013, y vivían en una espectacular mansión de 3.800 metros cuadrados en Ciutat Diagonal, una de las zonas más elitistas de Barcelona. La propiedad aún sigue a la venta por 15 millones de euros tras la separación de la pareja en junio de 2022.

Ese día, Shakira sólo permitió preguntas de su primer abogado defensor, José Ángel González Franco, a quien le dio las pruebas que confirmaban que tenía un permiso de residencia permanente en Bahamas tras haber comprado una mansión en Nasáu, la capital, junto a su entonces pareja Antonio de la Rea. Ya entonces argumentó que "pagué todo, hasta el último peso, el dinero nunca ha sido lo más importante para mí", declaró Shakira ese 6 de junio de 2019. "Si alguien me lo hubiera dicho, en el minuto uno me habría hecho residente (...) Hay cosas que van por delante del dinero, como la dignidad".

Shakira en los juzgados en el año 2019.

En todo este proceso, parte de la vida privada de la celebridad se expuso notablemente. Y como siempre ha sido muy celosa de su intimidad, lo pasaba mal cada vez que la parte acusadora sacaba a relucir las facturas de sus gastos -peluquerías, colegios, restaurantes, clases de zumba, profesora particular de francés- que pertenecían a su vida en común con Piqué y sus hijos.

En enero de 2020, dos funcionarios de Hacienda declararon ante la juez donde reafirmaron que el informe relativo a su investigación emitido a la Fiscalía era correcto. Y en abril de 2021, la Agencia Tributaria envió otro informe más completo que detallaba el supuesto fraude de Shakira. El 27 julio de ese mismo año, el juez concluyó que "Shakira Isabel Mebarak Ripoll -nombre real de la cantante- habría dejado de tributar en España durante los ejercicios 2012, 2013 y 2014, pese a tener obligación de hacerlo por tener aquí su residencia fiscal". Unos días después, la defensa de Shakira anunció que presentaría un recurso contra la decisión del magistrado.

En mayo de 2022 perdió la última oportunidad que tenía para evitar el juicio por fraude fiscal ya que la Fiscalía tumbó el recurso de los abogados defensores de la cantante. Tras separarse de Piqué, en julio de 2022, decidió cambiar de estrategia para evitar llegar a un juicio que habría desvelado todos los detalles más íntimos de su vida en nuestro país.

Shakira en los juzgados. GTRES

Sin embargo, el acuerdo entre las partes no se llevó a cabo ya que la artista acusó al ministerio público de utilizar "medios indebidos par presionar" y de ser "intransigente". Shakira seguía pregonando su inocencia, pero la Fiscalía de Barcelona pidió ocho años y dos meses de cárcel. En septiembre de 2022 dio inicio el juicio oral y dos meses después, la artista arremetió contra la Agencia Tributaria por haber violado su derecho a la intimidad y obtener información reservada. Al igual que ocurrió con Lola Flores en 1987, también acusó al fisco de nuestro país de tenerla en el punto de mira con un fin ejemplarizante.

En julio de 2023, la justicia abrió un nuevo frente contra Shakira ya que supuestamente habría defraudado a la Agencia Tributaria en los impuestos de IRPF y patrimonio del ejercicio de 2018. En concreto, 5,3 millones por IRPF al fisco español y otros 773.000 euros a la Agencia Tributaria de Catalunya (ATC) por impuesto de Patrimonio. Finalmente, el 20 de noviembre de este año, Shakira asumió su culpabilidad.