La Unión Europea (UE) ha convertido la restauración de la naturaleza en una obligación jurídica vinculante. El Reglamento (UE) 2024/1991 obliga a los Estados miembros a poner en marcha medidas de recuperación que cubran, al menos, el 20% de las zonas terrestres y marinas de la UE antes de 2030.
La norma, aprobada por el Consejo de la UE el 17 de junio de 2024 tras meses de bloqueo, no es una simple recomendación: sus objetivos son jurídicamente vinculantes y exigen resultados medibles y verificables a cada país miembro.
El texto entró en vigor en agosto de 2024 y fija un horizonte más amplio: todos los ecosistemas que necesiten recuperación deberán contar con medidas de restauración antes de 2050, según han explicado desde la Fundación Global Nature.
El reglamento supone un cambio de paradigma: no basta con conservar lo que queda, sino que exige recuperar activamente lo perdido, desde bosques y humedales hasta ríos, zonas urbanas y fondos marinos, con indicadores claros para medir el cumplimiento.
Metas escalonadas hasta 2050
Además, el reglamento fija metas escalonadas y cuantificadas para los hábitats europeos que se encuentran en mal estado, más del 80% según Bruselas: restaurar el 30% de ellos en 2030, el 60% en 2040 y el 90% en 2050.
La meta del 20% se plantea de forma acumulada para el conjunto de la Unión, por lo que cada Estado miembro debe concretar su aportación mediante un plan nacional de restauración que detalle objetivos, calendario y estrategias de financiación.
España cumplió el plazo: el Ministerio para la Transición Ecológica remitió a la Comisión Europea el 31 de agosto de 2026 el proyecto de Plan Nacional de Restauración, con medidas en ecosistemas terrestres, costeros, marinos, fluviales, urbanos y agrarios.
Antes de enviarlo, el texto pasó por una consulta pública, entre el 21 de enero y el 31 de marzo de 2026, que recibió 26.543 aportaciones, según detalla Fundación Global Nature, que celebra el envío del borrador en plazo.
El siguiente paso corresponde a Bruselas, que analizará el proyecto presentado y podrá formular observaciones a España. La versión definitiva del plan deberá remitirse a la Comisión Europea antes del 1 de septiembre de 2027, según recoge el Ministerio.
En el ámbito urbano, el proyecto prevé actuaciones municipales sobre más de 200 km² antes de 2030 para evitar la pérdida neta de espacios verdes y de cobertura arbórea en las ciudades españolas, objetivo que también recoge el reglamento.
Varias organizaciones ecologistas critican que España, uno de los Estados miembros que con más firmeza defendieron el reglamento, presente ahora un proyecto que, "a tenor de los datos publicados", parte de una ambición limitada, según expresan en un comunicado.
La gran incógnita es la financiación. Fundación Global Nature advierte de que, sin una inversión estable y una coordinación real entre administraciones públicas, el plan corre el riesgo de quedarse en el papel y de no llegar al territorio.
El plazo de 2030 ya no es una promesa lejana. Con el borrador en manos de Bruselas y un año por delante para pulir el plan definitivo, España afronta el reto de convertir una obligación legal en ecosistemas recuperados.