La Ley de Bienestar Animal obliga a los dueños de perros en España a acreditar un curso de tenencia responsable para poder ser titulares legales.
El curso será gratuito, su validez será indefinida y está pensado para garantizar el bienestar y la protección de los animales.
El temario incluirá aspectos sobre cuidados, salud, obligaciones jurídicas y manejo social del perro, pero aún falta definir detalles prácticos mediante reglamento.
El objetivo de la ley es prevenir el abandono, fomentar la adopción y promover la formación sobre protección animal antes de la llegada del perro al hogar.
Los españoles que quieran tener un perro se enfrentan a una obligación que la Ley de Bienestar Animal dejó escrita en 2023: acreditar un curso formativo sobre tenencia responsable. La norma lo concibe como requisito para convertirse en titular.
El artículo 30 de la Ley 7/2023 establece que quienes opten a ser titulares de perros deberán acreditar la realización de este curso, cuya validez será indefinida. Además, la propia ley determina que la formación será gratuita para todos.
Sin embargo, existe una precisión importante: la obligación legal está reconocida, pero sus detalles todavía dependen del desarrollo reglamentario. La ley no fija por sí misma las horas, el temario definitivo, el examen ni la plataforma oficial concreta actualmente.
De hecho, un proyecto de real decreto elaborado por el Ministerio de Derechos Sociales plantea cómo podría aplicarse. Ese documento, todavía proyecto, contempla una plataforma telemática y establece que el curso tendría una duración mínima de cuatro horas lectivas.
Garantizar condiciones dignas
El borrador también recoge un periodo transitorio: una vez disponible la plataforma, las personas físicas dispondrían de seis meses antes de que resultara imprescindible acreditar la superación del curso para adquirir, adoptar o aceptar un perro de forma legal.
El contenido propuesto pretende preparar al futuro titular antes de incorporar el animal al hogar. Entre las materias figuran los costes económicos, las necesidades de espacio y tiempo, la longevidad, la elección del perro y las particularidades de adopción.
También aparecen cuestiones relacionadas con la salud y los cuidados: vacunaciones, desparasitaciones, revisiones veterinarias, alimentación, higiene, seguridad doméstica, ejercicio y enriquecimiento ambiental. El objetivo es ofrecer conocimientos básicos para que la convivencia responda a las necesidades reales del animal.
Otro bloque aborda el manejo y la integración social del perro. El proyecto incluye lenguaje canino, vínculo, interacción, educación básica, paseos, uso de la correa, problemas frecuentes de comportamiento y transporte, y cuidados específicos para cachorros y perros sénior.
La formación prevista también dedica espacio a las obligaciones jurídicas. La persona responsable debe garantizar condiciones dignas, evitar fugas y molestias, mantener identificado al animal, facilitar los tratamientos veterinarios obligatorios y responder por los daños que pueda causar legalmente.
La ley vincula esta exigencia con la llamada tenencia responsable, entendida como el conjunto de obligaciones y condiciones que debe asumir quien tenga un animal para garantizar siempre su protección y bienestar, atendiendo a sus necesidades etológicas y fisiológicas.
El planteamiento pretende actuar antes de la llegada del perro y no únicamente cuando aparece un problema. La normativa señala entre sus objetivos combatir el abandono, fomentar la adopción y promover actividades formativas, divulgativas e informativas sobre protección animal.
El proyecto conocido hasta ahora incluye además contenidos específicos sobre cachorros y perros sénior, así como cuestiones relacionadas con la socialización y la convivencia familiar. No obstante, sus previsiones no deben confundirse todavía con obligaciones reglamentarias definitivamente aprobadas oficialmente.
Por tanto, el mensaje jurídico es claro, pero su aplicación práctica aún depende del reglamento: la Ley 7/2023 exige el curso, será gratuito y tendrá validez indefinida; falta concretar oficialmente cómo se realizará y cuándo comenzará a exigirse finalmente.