La plataforma Más Chopo Sí pidió al Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco) que reconsidere su postura sobre la plantación de choperas en dominio público hidráulico por el “daño” a los propietarios y que “puede provocar en la economía y el empleo” de las áreas rurales. Se trata del Proyecto de Real Decreto de modificación del Reglamento del Uso Público del Dominio Público Hidráulico, en el punto cuatro del artículo 73. El documento salió a consulta pública en agosto, “en plenas vacaciones”, plazo que concluye hoy.

La organización presentó “duras alegaciones” al Real Decreto que intenta aprobar el Ministerio de Transición Ecológica, una modificación que “afecta negativamente a todos los propietarios forestales de choperas de todas las confederaciones del país”.

La aprobación de este texto supondría la anulación de facto de todos los acuerdos alcanzados entre la plataforma y la CHD. Frente a esta situación, Más Chopos Sí ha entregado un pliego de alegaciones. A juicio de los portavoces de la plataforma, ésta consulta ha sido diseñada “con premeditación y alevosía”, por el periodo estival en que ha salido a la luz y porque “vuelve a suponer un enorme perjuicio para los intereses de los propietarios de choperas, juntas vecinales y ayuntamientos”.

La plataforma criticó que este procedimiento se realice durante el periodo estival y “sin constancia de publicarse en el BOE, con lo que miles de afectados no han tenido conocimiento de la existencia de este periodo”.

También cuestiona que el título que publica el Miteco en su web, cuando dice que ‘lanza a consulta pública la modificación del Reglamento del Dominio Público Hidráulico para agilizar las tramitaciones administrativas’ es “engañoso, faltando por ello a los principios de transparencia y buena fe, pues de la simple lectura del proyecto resulta que estamos ante una propuesta de profundo calado en cuestiones de fondo, que afectan a derechos subjetivos de las personas y no se refiere, ni tiene como objetivo principal, agilizar trámites administrativos”.

El proyecto, prosigue el comunicado, “no respeta el principio de seguridad jurídica”, según la plataforma, que “oculta la definición del dominio público hidráulico y supone intervenir y limitar derechos en terreno y ámbito de propiedad privada, sin ningún tipo de indemnización y de forma contraria a la Ley”.

Una de las principales críticas de la entidad reside en que “no consta que haya existido los obligados procesos participativos específicos para la elaboración de esta norma, de evidente contenido medio ambiental” y que la prohibición de plantar productivas de especies leñosas en los cauces de dominio público hidráulico no figura en el Reglamento en vigor y “se realiza sin ninguna justificación técnica ni científica que la avale”.

Esta prohibición “conlleva consecuencias socioeconómicas con pérdidas de superficies productivas, principalmente choperas, que suponen el empleo y sustento de miles de familias en zonas rurales de la España vaciada, en un contexto de emergencia nacional en la lucha contra la despoblación”.

También insta a retirar las condiciones de distancias de protección y seguridad entre la plantación y las zonas activas del cauce, “puesto que de mantenerlo provocaría una indefensión absoluta de los administrados dada la falta de determinación con garantías jurídicas de los términos a los que se refiere”.

Recuerda la plataforma que después de los procesos participativos, que han durado dos años, en las confederaciones del Ebro, Miño-Sil y Duero, “se ha demostrado que las choperas son perfectamente compatibles con el dominio público hidráulico, siendo suficiente dejar una banda desde la línea exterior de la vegetación de ribera”.

De hecho, sostiene que el propio Miteco recomienda en su ‘Guía de adaptación al riesgo de inundación de explotaciones agrícolas y ganaderas’ la plantación de choperas y detalla todos los beneficios que aportan en zonas inundables.

Para concluir, advierte de que toda la cadena de valor del chopo de la que dependen miles de propietarios, empresas, puestos de trabajo y miles de familias del medio rural “no está dispuesto a que sea puesta en peligro por una decisión arbitraria de este tipo, por lo que la plataforma “se reserva su derecho a todas las medidas que considere necesarias, como ya ha hecho en el pasado reciente, para concienciar a la Administración de su error y defender los intereses de los afectados”.