La delegación territorial de la Junta de Castilla y León en Valladolid ha acogido el acto de entrega de las medallas a las Víctimas del Terrorismo de Castilla y León, en presencia de Sebastián Nogales, presidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo de Castilla y León. Ángel Ibáñez, consejero de la Presidencia, ha entregado las condecoraciones a ocho personas procedentes de toda la región. “La Comunidad quiere demostrar, nítidamente, al lado de quién se ha de estar: con las víctimas y con sus familias. Es una cuestión de dignidad”, ha señalado el consejero.

Con un rotundo alegato en señal de respeto, comprensión y afecto, Ángel Ibáñez ha apelado a las víctimas: “no estáis solos y nunca lo vais a estar, siempre nos tendréis a vuestro lado”. Por su parte, Sebastián Nogales ha calificado de “verdadero honor” el hecho de representar a todas las víctimas del terrorismo de la región. “Las condecoraciones a las personas que han sufrido violencia terrorista cumple un importante papel en el reconocimiento público del daño sufrido, además de mostrar el respeto y admiración que la sociedad española siente por las víctimas”, ha expuesto, emocionado, el presidente de la asociación.

El propio Ibáñez ha destacado la “obligación moral de evitar acercamientos en el sufrimiento de unos que eligieron el camino de la violencia y de otras que no”. Asimismo ha valorado como positiva y necesaria la existencia de reconocimientos de esta índole, más aun “en estos tiempos convulsos en el escenario político nacional, donde entran en juego la retribución moral a verdugos por encima de las víctimas”.

Otro de los ejes vertebradores del discurso ha sido el de la memoria del terrorismo y la necesidad de mantenerla, en lo que supone un “encuentro de las víctimas con la sociedad”. El alto cargo ha apuntado que las víctimas “son un símbolo, representantes involuntarias, por las cuales, en honor a la memoria, se rechazarán siempre los proyectos políticos insolidarios, intolerantes y supremacistas”.

El tercer punto pivotante del homenaje ha sido el de la reparación de las víctimas, por la cual, en la ley autonómica se establece un marco jurídico que contempla un régimen de protección, tanto para ellas como para sus familias, en áreas como la educación, el acceso a la vivienda, al empleo público y al mercado laboral.