El Procurador del Común, la institución que representa al Defensor del Pueblo en Castilla y León, ha tramitado un total de 435 expedientes relacionados con la pandemia provocada por la COVID-19 durante el estado de alarma, es decir, del 14 de marzo al 21 de junio.

De ellos 406 se refieren a quejas ciudadanas y 29 corresponden a expedientes iniciados de oficio por la Defensoría que asegura que "una parte importante" de las actuaciones se refieren a servicios sociales,especialmente relacionadas con el funcionamiento y carencias de lasresidencias de ancianos.

Respecto a las actuaciones de oficio relativas a la situación deemergencia sanitaria, doce lo han sido sobre bienes y servicios municipales, como el tratamiento de residuos en plena pandemia o las medidas de seguridad en las instalaciones municipales, deportivas o de ocio dependientes de las diferentes administraciones.

Según explica la Defensoría en un comunicado recogido por Europa Press, otras dos han afectado a la actividad productiva, en particular sobre la oportunidad de aprovechar los recursos industriales de Castilla y León para la elaboración de material sanitario para garantizar laautosuficiencia y sobre la necesidad de publicar los contratos como exigencia de la transparencia de la actuación pública.

En materia de enseñanza no universitaria se ha abordado la forma en que se estaban garantizando los derechos y el cumplimiento de los deberes de los alumnos y su escolarización en plena pandemia. También se han tramitado y resuelto varias actuaciones de oficio sobre centros residenciales, centros de discapacidad o sobre la necesidad de eliminar la suspensión de plazos en la tramitación de los procedimientos en materia de renta garantizada de ciudadanía.

En cuanto a sanidad, se han emitido algunas resoluciones sobre los derechos de los ciudadanos a una sanidad adecuada, especialmente delas personas de la tercera edad. Relacionada con la situación derivada de la necesidad de garantizar la seguridad sanitaria y la continuidad de la actividad económica, se han tramitado y resuelto actuaciones de oficio sobre el uso del dominio público por terrazas y veladores, así como sobre los mercados al aire libre, entre otras.

"Se ha abordado la resolución con mayor celeridad de aquellas quejas y actuaciones de oficio que requerían una respuesta rápida, como las referidas al funcionamiento de residencias de ancianos y a la atención sanitaria de los mayores, con todos los medios disponibles, al margen de la edad", han indicado las mismas fuentes.

La institución del Procurador del Común explica que durante el periodo de confinamiento se han seguido recibiendo quejas, referidas o no a la situación de pandemia, y se ha seguido trabajando de forma no presencial y desde hace dos semanas también se atiende a los ciudadanos en la sede ubicada en la calle Sierra Pambley nº 4 en León.

Así, además de estos expedientes relacionados con la COVID-19, también han sido tramitadas y resueltas otras quejas y actuaciones de oficio ajenas a la crisis sanitaria. En total se han emitido 174 resoluciones relativas a quejas planteadas por los ciudadanos y a las actuaciones de oficio promovidas por la Institución.