El Consejo de Gobierno ha dado el visto bueno este jueves a una aportación de 10.768.250 euros de la Consejería de Familia para ayudar a las corporaciones locales a hacer frente a las necesidades de carácter social que puedan surgir como consecuencia del COVID-19.

De esta manera, ha precisado el vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea, se ratifican las cantidades económicas que en su momento fueron comunicadas a las entidades locales para que pudieran ir planificando las actuaciones precisas.

Una de las líneas de ayuda contempla una partida de 1.768.250 euros, destinada a garantizar el derecho básico de alimentación de niños en situación de vulnerabilidad que se encuentran afectados por el cierre de centros educativos debido a la pandemia del coronavirus y que además, se ha repartido entre las corporaciones locales con competencia en servicios sociales.

Según han precisado desde la Consejería de Familia, la distribución se ha realizado en función del número de niños con domicilio en el ámbito de actuación de cada una de las entidades locales y que estaban accediendo al comedor escolar de manera gratuita por causas económicas.

Otros nueve millones de euros del Fondo Social Extraordinario destinado exclusivamente a las consecuencias sociales del COVID-19, servirán para reforzar los servicios de proximidad de carácter domiciliario para garantizar los cuidados, el apoyo, la vinculación al entorno, la seguridad y la alimentación, especialmente los dirigidos a personas mayores, con discapacidad o en situación de dependencia, compensando así el cierre de comedores, centros de día, centros ocupacionales y otros servicios similares.

Estos fondos también se podrán destinar a incrementar y reforzar el funcionamiento de los dispositivos de teleasistencia domiciliaria; trasladar al ámbito domiciliario los servicios de rehabilitación, terapia ocupacional, higiene, y otros similares o reforzar los dispositivos de atención a personas sin hogar, las plantillas de centros de Servicios Sociales y centros residenciales en caso de que sea necesario realizar sustituciones.

También servirán para la adquisición de medios de prevención (EPI) o para ampliar la dotación de las partidas destinadas a garantizar ingresos suficientes a las familias o asegurar la cobertura de sus necesidades básicas.

En cuanto a este Fondo Social Extraordinario, siete millones se han repartido entre las 24 corporaciones locales de manera proporcional a lo recibido para este año 2020 en el Acuerdo Marco, y los dos millones restantes servirán para financiar el esfuerzo económico que tienen que realizar las corporaciones locales que disponen de centros residenciales de personas mayores y de personas con discapacidad, distribuyéndose la cuantía de manera proporcional a las plazas financiadas este año en el Acuerdo Marco.