Siete meses han pasado desde que una vecina de Benavente comenzara con unas dolencias que, a día de hoy, sigue sin conocer de qué puede tratarse, ni tiene un tratamiento específico para ello. Siete meses en los que ha pasado de un doctor de Atención Primaria a otro, repitiendo sus procesos una y otra y vez, y todo porque su médico de cabecera se ha jubilado. Una situación que ha terminado por elevar al Procurador del Común y destapar lo que la propia entidad considera una falta de colaboración flagrante por parte de la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León.

Todo comenzaba el pasado mes de enero. Esta mujer comenzaba a "encontrarse mal", pero decidía aguantar sus dolencias "porque soy reacia a ir al médico con la situación de pandemia que vivimos". Pero durante el mes de febrero, esta paciente no aguanta más y decide llamar a su centro de salud para explicarle sus síntomas a su doctor. Tras unos días, esta benaventana recibe la llamada de una doctora que le explica que su médico de cabecera "se ha jubilado". Durante esa misma llamada, la mujer relata sus síntomas y la doctora decide citar presencialmente a la paciente para poder realizar un diagnóstico, además de hacerle una serie de análisis, y días más tarde darle los resultados de los mismos. Pero pasan los meses y la paciente sigue con los mismos síntomas, por lo que a principios de abril vuelve a pedir una cita médica, y el 19 de abril recibe una llamada de otra doctora distinta, que también la cita presencialmente, le prescribe un tratamiento y solicita unas pruebas externas "para empezar", y que en función de la evolución "veríamos más cosas", es decir, que se haría cargo del seguimiento de su caso. 

Esa prueba externa se realizaba un 10 de junio en Zamora capital y pasados unos días, la paciente pedía cita con esa segunda doctora para recibir sus resultados. Pero cuál fue la sorpresa de la benaventana cuando desde el otro lado del teléfono le comunican que no le pueden dar cita con la médica que supuestamente iba a seguir su caso, sino que recibiría la llamada del doctor que ahora sustituye a su médico de Atención Primaria jubilado. En esa llamada con el tercer facultativo del caso, esta mujer vuelve a relatar todos sus síntomas y el proceso médico seguido hasta entonces. Entonces, el doctor supuestamente sustituto de su médico de cabecera le pide más pruebas para realizar en el Hospital de Benavente. Por cuarta vez, esta mujer vuelve a pedir cita para conocer sus resultados y por cuarta vez se encuentra con otro facultativo distinto a los tres anteriores. Este simplemente le comenta sus resultados y le dice que "como no soy paciente suya no me puede hacer ni decir nada más".

Ni el Procurador del Común obtiene respuesta de su caso

Sumida en un mar de dudas, sin diagnóstico y sin saber si debe continuar con el tratamiento prescrito por la segunda doctora que la atendió, esta paciente decide denunciar su caso ante el Procurador del Común. La institución estudia el caso y le informa que se han pedido las explicaciones pertinentes a la Consejería de Sanidad, pero que, pasados los plazos establecidos por la Ley, esta no ha emitido respuesta alguna. Por ello, el Procurador del Común concluye que el Sacyl "está incumpliendo la obligación de auxiliar, con carácter preferente y urgente, al Procurador del Común en sus investigaciones y por tanto, dificultando la labor encomendada a la institución por el Estatuto de Autonomía de Castilla y León". 

Como consecuencia a lo que el Procurador del Común denomina "una falta de colaboración", la institución reguladora va a proceder a la reiteración de la información solicitada, e incluirá a la Consejería de Sanidad en el Registro de Administraciones y Entidades no colaboradoras con el Procurador del Común. Además, advierte que "de persistir en su negativa de informar, se hará constar la falta de colaboración en el Informe Anual a las Cortes de Castilla y León".

Un caso que ha sacado a la luz Izquierda Unida de Benavente, para "elogiar públicamente la forma de proceder de esta ciudadana que valiente y responsablemente ejerció su compromiso personal y dio voz a otros tantos usuarios del sistema sanitario público de nuestra Comunidad que también están sufriendo idénticas penalidades". Por otro lado, para Izquierda Unida este caso constituye "una prueba más de la falta de consideración a los usuarios del sistema sanitario público, la falta de diálogo de la Consejería, del que tanto alardea su consejera, la falta de colaboración con el Procurador del Común, algo más grave aún tratándose de la propia Administración, y la enésima prueba que nos carga de razones para reiterar la petición de cese por parte del presidente de la Junta a la más nefasta consejera de Sanidad que está enterrando la Atención Primaria (en referencia a Verónica Casado)".