La delegada territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora, Clara San Damián, se ha reunido esta mañana con el subdelegado del Gobierno en Zamora, Ángel Blanco, los interlocutores sanitarios de la Policía Nacional y la Guardia Civil Francisco Ramos Martínez y Jesús González Tejada, así como con los Colegios Profesionales de Médicos, de Enfermería y Farmacéuticos con el objetivo de analizar las agresiones a sanitarios en la provincia de Zamora.

San Damián he recordado que en 2017 se aprobó un Protocolo de actuación policial para garantizar a los sanitarios la seguridad en el ejercicio de sus funciones puesto que la realidad es que se dan casos de agresiones al personal sanitario.

En total en 2019 en Zamora capital y provincia se contabilizaron 23 incidentes aunque el número de denuncias es mayor puesto que, por ejemplo, un único agresor puede tener tres denuncias por agredir a tres profesionales. Además, el número de incidentes ha descendido respecto a 2018, cuando se contabilizaron 36.

San Damián ha resaltado que muchas de las agresiones son fundamentalmente verbales y hacia los sanitarios considerando que es necesario concienciar a los sanitarios porque no tienen que “aguantar un insulto, amenaza o agresión” y “lo que no se denuncia no existe y no se pueden implementar medios para mejorar”.

Por su parte, Ángel Blanco ha incidido en que “es un problema grave” siendo un colectivo en el que el riesgo de agresión se multiplica por 16 respecto a otros oficios y el objetivo es “minimizar delitos y generar confianza en el personal sanitario, haciendo ver a los profesionales que cuentan con apoyo” y resaltando que “no solo hay que denunciar las agresiones físicas”.

Los interlocutores de la Guardia Civil y la Policía Nacional han recordado que cuando se estableció el protocolo en 2017 se comenzó con una fase de planificación analizando la problemática y la seguridad de cada centro de salud, habiendo contabilizado 454 centros públicos en la provincia, mientras que asciende a 454 entre públicos y privados, recordando así mismo la importancia de denunciar porque si no “es imposible tomar medidas y que las conductas no sigan en aumento”.

Por último, han incidido en que las sanciones por agredir a personal sanitario pueden ir desde multas hasta una responsabilidad penal de hasta 4 años de prisión.