Sandy Herrera y su marido, William Andrés, ambos de origen colombiano, reciben una ayuda de la Diputación de Valladolid para instalarse en Peñafiel junto a sus tres hijos
La vida en Peñafiel de William, Sandy y sus hijos gracias al plan de vivienda de la Diputación: “Una ayuda grandísima”
Este programa de ayudas busca facilitar que quienes trabajan, estudian y desarrollan su vida en los municipios puedan permanecer en ellos.
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Tener una vivienda habitable puede ser la diferencia entre quedarse en un pueblo o verse obligado a marcharse.
Esa es una de las premisas sobre las que la Diputación de Valladolid articula su Plan de Vivienda Rural 2026, que este año moviliza algo más de tres millones de euros entre ayudas dirigidas a ayuntamientos, entidades locales menores y subvenciones para particulares.
Una política que tiene detrás un objetivo más amplio. Facilitar que quienes trabajan, estudian y desarrollan su vida en los municipios de la provincia puedan permanecer en ellos y contribuir al asentamiento de población.
El diputado provincial del área de Servicios Sociales e Igualdad de Oportunidades, Alfonso Romo, resume el problema en que “la demanda sigue existiendo y sigue aumentando porque, por desgracia, la necesidad es mayor que la oferta que hay”.
Por ello, considera necesario mantener estas políticas “todos los años” y, en la medida de las posibilidades económicas, ampliarlas.
La Diputación de Valladolid lleva 21 años de forma ininterrumpida en materia de vivienda rural y este ejercicio reforzó diferentes líneas dirigidas tanto a los municipios como a las personas.
Del presupuesto global, dos millones corresponden a actuaciones para ayuntamientos y entidades locales menores, y algo más de uno, a particulares.
Para Romo, disponer de vivienda es “una herramienta clave” para fijar población. “Si no vivimos en un lugar, en un pueblo, difícilmente podemos asentar población”, sostiene, antes de subrayar que no basta con que existan inmuebles.
“Tenemos que ofrecer vivienda rural digna en la cual se pueda habitar”, reconoce.
De una caldera de 30 años a una vivienda más eficiente
José Carlos, vecino de Villalón de Campos en Valladolid, conoce de primera mano una de las líneas de apoyo a la rehabilitación.
Su vivienda, situada en el casco histórico del municipio y con más de 300 metros cuadrados construidos, es un ejemplo de un patrimonio residencial con posibilidades pero que también necesita inversiones para adaptarse a las necesidades actuales.
En su caso, la actuación se centró en sustituir una caldera de más de 30 años. El elevado consumo de gasóleo, el tiempo que tardaba en calentarse la vivienda o las averías que comenzaban a acumularse llevaron a la familia a acometer el cambio por un sistema de última generación.
La actuación, explica en declaraciones a Ical, permitió mejorar el suministro de agua caliente y reducir tanto el ruido como la contaminación.
Pero también representa, a su juicio, “una forma para conservar la imagen de nuestros pueblos sin perder ninguna de las comodidades y calidades de vida”.
José Carlos valora positivamente el proceso para acceder a la ayuda. Destaca que la convocatoria resulta clara y que desde la Diputación “te ayudan en todos los trámites”.
Conoció la existencia de la subvención a través de diferentes canales, entre ellos el tablón de anuncios del Ayuntamiento y los boletines online, hasta acceder finalmente a ella mediante el portal de la institución provincial.
Sin ese apoyo, reconoce, la actuación “hubiera sido mucho más difícil”. Por eso reclama que las instituciones continúen respaldando a los pequeños municipios.
“Que te ayuden en algo que tienes que hacer, y más para poder tener mejor calidad de vida en un pueblo pequeño, es muy importante”, afirma.
En apoyo de la estabilidad
En Peñafiel, Sandy Herrera y su marido, William Andrés, encontraron también en una ayuda de la Diputación un respaldo en un momento concreto de su trayectoria familiar.
La pareja, de origen colombiano, llegó a Castilla y León con sus hijos después de haber pasado por Andalucía y se asentó posteriormente en este municipio vallisoletano.
Sandy explica que fue ella quien comenzó a buscar información sobre las ayudas disponibles a través de las páginas de Diputación y de la Junta de Castilla y León.
Su situación laboral, con un trabajo a media jornada y por horas, hacía especialmente importante encontrar un apoyo económico que les permitiera afrontar los gastos familiares mientras buscaba una mayor estabilidad.
“Uno busca las ayudas en el momento que las requiere”, explica. La familia presentó la documentación y cumplió con los requisitos establecidos, entre ellos los relacionados con la edad, el empadronamiento, la escolarización de sus hijos y los ingresos familiares.
La ayuda estaba vinculada al alquiler de la vivienda y fue abonada en un único pago.
Sandy y William destacan que llegó en un momento en el que la familia la necesitaba especialmente, cuando ella disponía de pocas horas de trabajo y tenían por delante los gastos habituales derivados de la escolarización de sus hijos.
“Fue una ayuda grandísima”, resume Sandy, que considera que la subvención permitió a la familia ganar margen para organizarse y avanzar hacia una situación de mayor autonomía.
Su historia encaja con el perfil al que la Diputación decide prestar especial atención. El Plan Vivienda 2026 mantiene una partida de 100.000 euros para ayudas al alquiler de personas mayores de 37 años.
La subvención alcanza los 3.500 euros con carácter general y llega a 4.000 euros cuando la vivienda se encuentra en municipios de menos de 2.000 habitantes.
Más vivienda para que los pueblos puedan crecer
La experiencia de ambos beneficiarios refleja dos de las necesidades que la Diputación pretende abordar. Mejorar las viviendas que ya existen y facilitar el acceso a ellas.
El diagnóstico de Romo apunta a una falta de oferta en buena parte de la provincia.
El diputado explica que muchos municipios disponen de viviendas de segunda residencia que permanecen vacías durante buena parte del año, mientras que otras se encuentran en situación de ruina y no son fácilmente recuperables.
Al mismo tiempo, asegura que los ayuntamientos trasladan que existe una demanda importante de vivienda en propiedad como de alquiler que no puede ser atendida con la oferta actual.
Por ello, una de las principales líneas del Plan se dirige precisamente a los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes y a las entidades locales menores.
Con dos millones de euros pueden acceder a ayudas para adquirir viviendas destinadas al alquiler, con un máximo de 25.000 euros por actuación; construir vivienda para alquiler, con hasta 150.000 euros; reformar viviendas municipales, con un máximo de 40.000 euros, o adquirir solares para construir nuevas viviendas, con hasta 60.000 euros.
A estas actuaciones se suma el programa REHABITARE, que moviliza 104.000 euros anuales por entidad entre Junta y Diputación durante cuatro años, hasta alcanzar 832.000 euros.
El objetivo es recuperar inmuebles municipales abandonados para destinarlos al alquiler social, al tiempo que se conserva patrimonio y se favorece la actividad económica y el empleo local.
El Plan contempla además un protocolo con la Junta de Castilla y León para reforzar la oferta de vivienda pública en venta para jóvenes, con la participación de Somacyl.
Las viviendas podrán beneficiarse de una bonificación del diez por ciento aportada por cada una de las dos administraciones cuando los compradores cumplan con los requisitos de acceso a vivienda protegida y tengan menos de 36 años.
