Declaración de Ignacio Morchón Vaquero.
El hijo de Ignacio Morchón, tajante en un día clave del caso ataúdes: “Estaba a las órdenes de mi padre, él mandaba”
Justo Martín declaró en la fase de instrucción que se cambiaban todas las “cajas que se podían”. Ignacio Morchón Alonso afirmó que le daban “miedo” los bancos sobre el casi millón encontrado en su casa.
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Hoy ha comenzado, en el juicio por la presunta trama de los ataúdes de Valladolid, las declaraciones de los acusados en la Audiencia de Valladolid con la presencia de Ignacio Morchón Vaquero, el hijo de Ignacio Morchón Alonso, y de María del Rosario Vaquero Luengo, la viuda, que ha preferido “guardar silencio porque no ha trabajado en la funeraria”, ha señalado.
La sesión ha comenzado con polémica por la reproducción de las grabaciones. La defensa de los acusados se ha negado a la reproducción de la misma.
Tras esto, se ha adelantado la declaración de Andrés Morchón Alonso, que tenía que haber prestado declaración el lunes 25 de mayo, pero que se ha acogido hoy a su derecho a no declarar. “No sé nada”, ha asegurado.
Posteriormente se han escuchado, en sede judicial, las llamadas telefónicas autorizadas por el juez. Un total de cuatro conversaciones y después se ha podido oír la declaración de Justo como investigado en la fase de instrucción. Luego fue acusado y posteriormente falleció. Por eso se ha reproducido este miércoles en el juicio.
Justo declaró que “se cambiaban todas las cajas que se podían”
Una declaración que giraba en torno a las anotaciones con las que contaba Justo que, presuntamente, destapa la presunta trama de los ataúdes. En las libretas y archivadores con los que contaba.
Justo Martín, el extrabajador del Grupo El Salvador que destapó el ‘caso ataúdes’ declaró, durante la fase de instrucción que la orden del fundador y principal responsable de la funeraria era “cambiar todas las cajas que se podían” en una práctica conocida “por trabajadores e hijos del dueño”.
Esa declaración en calidad de detenido de febrero de 2019 se ha podido escuchar hoy en la sesión del juicio, como la que también realizó en su día Ignacio Morchón Alonso, en la que negó los hechos y aseguró que jamás ordenó cambiar ataúdes a ningún trabajador.
“Estábamos todos acojonados. No había una semana que el jefe no nos dijera que nos iba a despedir”, asegura Justo en dicha grabación que se ha podido escuchar en el día de hoy.
Afirma en dicha declaración que los cambiazos “eran una práctica normal”. También añadía que “no sabía cómo se cubrían los descuadres de ataúdes” a lo largo de todos estos años de la presunta trama entre los comprados y los que se usaban finalmente.
“Las fotos no las conocía nadie. Quería hacerlas para dar constancia de ello, de lo que ocurría”, asegura Justo en dicha declaración. Hablando sobre las imágenes que él mismo captó y añadió como documentación junto a estas libretas.
Justo trabajó en la funeraria hasta febrero de 2015. “No se cambió la caja porque estaba Ignacio Morchó Alonso y estábamos discutiendo”, se ha podido escuchar esta mañana en sede judicial sobre la declaración del extrabajador de la funeraria.
Preguntado, durante esta declaración, sobre si no hubiera sido más sencillo meter el cuerpo sin capa y sin tapa afirmaba que “siempre había que poner una tapa, como mínimo, por el peso del cadáver”.
“Esta práctica la hacía por miedo. No despidieron a muchas personas dentro de la empresa. No pensé en marcharme porque tenía mucha edad y no sabía dónde iba a ir. No he trabajo de forma ilegal nunca”, señalaba Justo.
Para añadir que “como no se encendía el horno en el tanatorio no se contaba el gas” cosa que “sí se producía en el cementerio”.
Además, apuntaba que “realizaba los cambios porque todos le teníamos miedo” a Ignacio Morchón padre, “siempre por la posibilidad del despido” y que “ningún trabajador ha recibido compensación económica” de estos “cambiazos”.
El que fuera trabajador en las instalaciones de El Salvador de Santovenia de Pisuerga también relató que, para “engañar” a las familias y hacerlas “pensar que la incineración ya había comenzado” con el “fin de que abandonaran la zona de cremación, solo encendían los ventiladores del horno” y que “los ataúdes eran cambiados por otros defectuosos”.
La declaración de Ignacio Morchón
Por su parte, también se ha conocido la declaración de Ignacio Morchón Alonso que reiteraba “las amenazas que recibió de Justo Martín ante su negativa de subirle el sueldo” y de “compensarle económicamente antes de jubilarse”.
Afirmó que el casi millón de euros encontrado por la Policía Nacional en su casa durante el registro “eran sus ahorros”. Además, a preguntas del fiscal, indicó que “lo guardaba en su domicilio ante el miedo que tenía a los bancos”.
A preguntas del fiscal, también aseveró que, aunque llegó a figurar como administradora, “su mujer estaba al margen de la gestión de las empresas” y que “la dirección de estas fue asumida por sus hijos Ignacio y Rosario” cuando se jubiló en 2010.
Manifestaciones que se contradicen con lo manifestado a lo largo del juicio por numerosos testigos, que coinciden en señalar que “incluso jubilado el que controlaba todo el grupo funerario era Ignacio Morchón Alonso”.
“Mi padre es el que mandaba”
El hijo de Ignacio Morchón Alonso, Ignacio Morchón Vaquero, ha declarado en la mañana de este miércoles, 20 de mayo, en el juicio del ‘caso ataúdes’. Ha contestado a las preguntas de su abogado.
“Yo estaba a las órdenes de mi padre. Hacía lo que me mandaba. A no ser que me dijeran que tenía que llevar o dar de baja en un pueblo. A eso me dedicaba, o a cubrir turnos. Mandar como tal era labor de mi padre”, ha afirmado el hijo de Ignacio Morchón Alonso.
De hecho, el hijo ha añadido que “mi padre es el que mandaba y jubilado o no ha hecho y desecho a su antojo”, asegurando que “le gustaba el poder tenerlo todo cogido y bien atado”.
Sobre Justo, ha afirmado que “se le contrata porque era amigo de un conocido de Santovenia” añadiendo que “nos echó una mano con los papeles”. Por tanto, ha explicado, no fue contratado por “la especialización en el puesto”.
“Yo no sé manejar el horno del cementerio. Es complicado. Nunca lo he hecho. Hay que ser mala persona para decir que he cambiado la caja de mi suegro”, ha explicado el hijo de Ignacio Morchón Alonso.
Sobre hechos irregulares los ha negado asegurando que “cada vez que se ponía el horno lo registraban” y “dejaban constancia de todo”.
La presunta trama
De la actividad ilícita investigada, según el fiscal, Funeraria Castellana y el Parque El Salvador habría obtenido ganancias ilícitas que serían iguales al valor total de los elementos retirados para su posterior nueva venta.
Por una parte, 3.667.711,95 euros correspondientes a los ataúdes de los que fueron desposeídos 5.973 difuntos y, por otra parte, 381.056,14 euros en el caso de los 3.174 motivos florales recuperados por los trabajadores de las empresas.
La presunta estafa funeraria fue investigada en el marco de la ‘Operación Ignis’ destapada el 31 de enero de 2009 por la Policía Nacional y relacionada con el supuesto fraude del Grupo Funerario El Salvador consistente en el ‘cambiazo’ de ataúdes por otros más baratos entre 1995 y 2015.
La Fiscalía pide 80 años para la familia Morchón
El escrito de acusación de la Fiscalía, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL de Castilla y León pide penas que suman 80 años de prisión para los integrantes de la familia Morchón.
En concreto para María del Rosario Vaquero Luengo (la viuda), y para Ignacio Morchón Vaquero., María del Rosario Morchón Vaquero y Laura Morchón Vaquero (los hijos) a los que se les acusa de los presuntos delitos de constitución de organización criminal, de un presunto delito continuado de apropiación indebida en relación de concurso medial con el presunto delito continuado de estafa, de un presunto delito continuado contra el respeto a los difuntos y de otro de blanqueo de capitales y presunto delito continuado de falsedad en documento mercantil.
Por el presunto delito de constitución de organización criminal la Fiscalía pide la pena de cinco años de prisión con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.
Además, asegura que procede imponer la inhabilitación especial para todo tipo de actividad o negocio jurídico relacionado con la prestación, directa o indirecta, de servicios funerarios por tiempo superior en quince años al de la duración de la pena de privación de libertad.
Por el presunto delito continuado de apropiación indebida en relación de concurso medial con el presunto delito continuado de estafa pide penas de siete años y seis meses de prisión, con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y también 15 meses de multa con una cuota diaria de 100 euros.
Por el presunto delito continuado contra el respeto a los difuntos las penas de seis meses de prisión.
Por el presunto delito de blanqueo de capitales y continuado de falsedad en documento mercantil, en relación de concurso medial, las penas de siete años de prisión, con inhabilitación especial para la profesión, oficio, industria o comercio relacionado con servicios funerarios durante el mismo tiempo y multa de 12 millones de euros.
El Ministerio Fiscal señala que procede imponer la inhabilitación especial para todo tipo de profesión, oficio, industria o comercio relacionado con la prestación, directa o indirecta, de servicios funerarios por el tiempo de ocho años.
Lo que suma un total de 80 años de pena para la viuda y los tres hijos de Ignacio Morchón padre.
El próximo lunes declararán Laura Morchón Vaquero y María del Rosario Morchón Vaquero, las hijas de Ignacio Morchón Alonso.