El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, y la teniente de alcalde, Irene Carvajal, en una imagen de archivo. ICAL
El PSOE pide rectificar a PP y Vox el protocolo de ayudas a la vivienda que excluye la violencia de género: “Es grave”
El Ayuntamiento defiende que “no excluye a las víctimas” sino que “amplía la protección con un concepto más amplio de violencia doméstica”
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El Grupo Municipal Socialista ha calificado de “extremadamente grave” la exclusión de víctimas de violencia de género en el acceso a viviendas del Ayuntamiento de Valladolid tras cambiar el concepto en el nuevo protocolo de violencia de género por violencia doméstica.
El portavoz de los socialistas en el consistorio vallisoletano ha asegurado que “el actual alcalde debe dar marcha atrás inmediatamente” y que “solo cabe rectificación porque estamos ante un asunto gravísimo”.
“Nuestra obligación es cumplir la Ley y proteger a las mujeres más vulnerables como son las que han padecido violencia de género”, ha añadido Herrero.
Los socialistas han añadido que “víctimas de malos tratos y violencia machista quedan excluidas de los criterios de acceso a las viviendas públicas del Ayuntamiento de Valladolid”.
Esta es “la consecuencia del nuevo protocolo que regula los criterios de valoración porque PP y Vox han cambiado la denominación violencia de género siendo sustituida por violencia doméstica”.
“En este concepto de violencia doméstica, como subrayan todos los expertos y las propias leyes, no están incluidas, entre otras personas, mujeres que después de ser maltratadas no conviven con el agresor”, han añadido desde el PSOE.
El Grupo Municipal Socialista ha lamentado que “Carnero haya aceptado los postulados de la ultraderecha y haya roto el consenso que había tanto en España, desde la Ley aprobada por el PSOE y el PP en 2024 como en Valladolid”.
Los socialistas recuerdan que según la Ley acordada hace 22, la violencia de género es la “violencia ejercida por un hombre contra una mujer con independencia de su estado civil, parentesco o convivencia, cuando esa violencia constituye una manifestación de discriminación, desigualdad o relaciones de poder”.
Añaden que comprende violencia física y psicológica, agresiones sexuales, amenazas, coacciones y privación de libertad.
Sin embargo, la violencia doméstica pone el acento, fundamentalmente, en la relación familiar o de convivencia. “En definitiva, una mujer víctima de violencia de género no tiene por qué ser víctima de violencia doméstica”, señalan desde el PSOE.
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ante la polémica, ha afirmado que “el señor Carnero se mimetiza cada vez más con la ultraderecha”, a través de su perfil de X.
Ha añadido que “primero permitió eliminar la Concejalía de Igualdad” y que “está desmontando las políticas que protegen a las víctimas”.
![Irene Carvajal junto a Ana Redondo.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/elespanol\/11331600.jpg?p=w:320\/h:240&h=UuvRGwsN"])
La socialista ha finalizado con un “ya no hay líneas rojas”.
El protocolo
“Curiosamente, en el anterior protocolo de 2024, el Ayuntamiento de Valladolid concedía un punto y medio a las víctimas de violencia de género, de 1,5 a 0). Ahora, con el protocolo reciente, la valoración será cero. El Protocolo de 2024 fue aprobado por unanimidad en el Ayuntamiento de Valladolid, mientras que el actual solo ha tenido los votos a favor del PP y Vox”, recuerdan desde el PSOE.
Pedro Herrero urge a Carnero a una “rectificación inmediata” añadiendo que “el consenso que había entre los dos grandes partidos en materia de violencia de género, tanto a nivel nacional como en la ciudad han saltado por los aires”.
“El actual alcalde ha optado por asumir los postulados de la ultraderecha. Esta no es una opinión, está en los documentos aprobados por PP y Vox. Resulta extremadamente grave porque la Ley de 2024 contempla la protección de las mujeres víctimas de violencia de género. Por tanto, hoy por hoy, Carnero no está amparando a las mujeres víctimas de esta lacra social”, ha afirmado el portavoz de los socialistas.
Los socialistas han recordado que el consejo de administración de VIVA aprobó el 28 de mayo el nuevo protocolo “sin consenso” a pesar de que el Grupo Municipal Socialista pidió que “se retirara el texto para analizarlo con detenimiento”.
Ese día, los concejales del PSOE instaron a Carnero a “rectificar, revisar el protocolo y abandonar una política de vivienda marcada por el seguidismo a Vox”.
Añaden que “se aprobaron otros requisitos que suponían un endurecimiento de las condiciones de acceso a la vivienda esgrimiendo motivos de arraigo para elevar a tres años, en vez de uno como había antes, el tiempo de empadronamiento para quienes optaran a esta ayuda municipal”.
“Después de tres años y tres meses de Carnero como alcalde, los ciudadanos ya saben que Carnero no ha hecho nada en ningún ámbito, pero en este aspecto el balance es aún peor aprobando medidas que perjudican a las mujeres víctimas de violencia de género. Está claro que su decisión de suprimir la Concejalía de Igualdad fue tomada a conciencia”, ha finalizado Herrero.
Contestación del Ayuntamiento
El Ayuntamiento de Valladolid ha contestado ante la polémica para reafirmar su “compromiso firme e inequívoco con la igualdad y con la protección de las mujeres víctimas de violencia de género”.
Ha desmentido de forma tajante que en nuevo protocolo de acceso al parque público de viviendas gestionado por la Sociedad Municipal de Suelo y Vivienda de Valladolid (VIVA) “excluya o perjudique a estas mujeres”.
El equipo de Gobierno ha considerado “especialmente grave” que se utilice una cuestión “tan sensible” como la violencia de género para “generar una alarma que “no se corresponde ni con la legislación vigente ni con el contenido del protocolo aprobado por el Consejo de Administración de VIVA el pasado 28 de mayo”.
Afirman además que “ninguna mujer víctima de violencia de género queda excluida de la protección que establece la legislación” por el hecho de que el término violencia de género no aparezca literalmente en un protocolo municipal.
Matizan, además, que la violencia de género está regulada por la Ley Orgánica 1/2004 y que su aplicación es obligatoria y plenamente vigente.
De hecho, afirman desde el consistorio, el protocolo de VIVA “recoge expresamente la protección de las víctimas de violencias sexuales” al establecer que el Consejo de Administración adoptara los acuerdos necesarios para facilitar su “acceso prioritario al parque público de vivienda” de conformidad con la Ley Orgánica 10/2022, de garantía integral de libertad sexual.
Aseguran que la utilización en el protocolo del concepto de violencia doméstica “responde precisamente a una voluntad de ampliar la protección al contemplar situaciones de violencia que puedan producirse entre familiares o convivientes” y que “afectan a personas en circunstancias diversas con independencia del género de la víctima o del agresor”.
Para el Ayuntamiento “no se elimina la protección de las mujeres víctimas de violencia de género” sino que “se amplían los supuestos de atención a personas que se encuentran en situaciones de violencia o vulnerabilidad”.
La legislación específica sobre violencia de género “continúa siendo plenamente aplicable y ninguna mujer que tenga condición de víctima queda desprotegida por el nuevo protocolo”.
Para el equipo de Gobierno de PP y Vox “resulta significativo” que la propia Administración General del Estado se refiera a víctimas de violencia de género y/o doméstica en el ‘Catálogo de Servicios’ del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, lo que para ellos “demuestra que no son términos excluyentes”.
Justifican esta modificación aprobada por VIVA a que “responde una necesidad fundamental de agilizar y simplificar el acceso a una vivienda para quienes se encuentran en una situación de vulnerabilidad”.
Añaden que el sistema anterior “exigía una documentación excesivamente amplia y particularizada para acreditar las circunstancias personales, familiares, laborales, económicas y residenciales de los solicitantes”.
Ello provocaba que la aprobación de las listas definitivas pudiera demorarse hasta un año” en procedimientos “destinados a atender situaciones de necesidad habitacional”.
Defienden este nuevo protocolo asegurando que persigue “corregir esta situación y alcanzar un sistema más ágil, eficiente y eficaz” con el objetivo de que el proceso de adjudicación “pueda reducirse de hasta un año a aproximadamente tres meses”.
Añaden que para ello se “simplifica sustancialmente la solicitud” y “ya no será necesario aportar documentación junto con su presentación”. Los solicitantes formularán las correspondientes declaraciones responsables y, una vez aprobada la lista definitiva, VIVA irá requiriendo la documentación acreditativa siguiendo el orden que corresponda, ya sea a través de un sorteo notarial o mediante la puntuación obtenida.
Explican que “se simplifican los criterios de valoración del programa dirigido a colectivos en situación de vulnerabilidad conocido como Viviendas Blancas” y destacan, entre las modificaciones, el incremento del peso de la situación familiar que pasa “de un máximo de 2,5 puntos a cuatro” y también “la simplificación de la valoración de la situación laboral y la reducción de las franjas de ingresos”.
“Se elimina la situación habitacional como criterio de baremación, al considerar que las personas que concurren a este programa partes ya de situaciones de vulnerabilidad residencial similares, sin perjuicio de los supuestos de acceso extraordinario y se prima la antigüedad en el empadronamiento a partir de tres años, en coherencia con el nuevo requisito establecido para el acceso al programa”, apuntan desde el equipo de Gobierno.
El objetivo que se marca el nuevo protocolo añade el comunicado, es “claro” y pasa por “menos burocracia, mayor agilidad y una respuesta más rápida para quienes necesitan una vivienda municipal”.
Defienden el “compromiso con la igualdad y con la protección de las mujeres víctimas de violencia de género” y aseguran que “no se limita a las declaraciones” sino que “se reflejan en los recursos municipales destinados a su desarrollo”.
Han defendido que el presupuesto municipal de 2026 destina 946.000 euros al área de Igualdad lo que “supone un incremento del 2,24%” con un “refuerzo específico del Plan contra la Violencia de Género y de la Oficina de la Mujer”.
Blanca Jiménez, la portavoz del equipo de Gobierno, ha señalado que “el Ayuntamiento de Valladolid no excluye a las víctimas de violencia de género” sino que “garantiza su protección y amplía los supuestos de atención a través de un concepto más amplio que permite atender a más personas que se encuentran en situaciones de violencia y vulnerabilidad”.
Jiménez ha destacado que nuevo protocolo “nace también para dar una respuesta mucho más rápida a quienes necesitan una vivienda” y ha defendido que “de poco sirve un procedimiento pensado para atender situaciones de vulnerabilidad si la respuesta se demora durante un año”.
La portavoz ha lamentado que el Grupo Municipal Socialista “utilice a las víctimas y a las mujeres para hacer confrontación política” y ha reclamado que “una cuestión tan sensible como la violencia de género se aborde “desde la responsabilidad y el compromiso real con quienes necesitan protección”.
“Este Ayuntamiento va a seguir trabajando para proteger a las mujeres víctimas de violencia de género, para atender a las personas que se encuentren en situaciones de vulnerabilidad y para ofrecer respuestas eficaces. Lo que no vamos a hacer es utilizar a las víctimas como instrumento de confrontación política”, ha concluido.
Desde el consistorio finalizan que “reafirman así su compromiso con la igualdad, con la protección de las mujeres víctimas de violencia de género y con unas políticas públicas capaces de ofrecer una respuesta eficaz y real a quienes más lo necesitan.
UGT lamenta la modificación
El sindicato UGT Valladolid ha “lamentado la modificación de las bases de acceso a viviendas municipales sustituyendo a las víctimas de violencia de género por las víctimas de violencia doméstica”, como han señalado a través de un comunicado recogido por EL ESPAÑOL de Castilla y León.
A través del escrito han recordado que el pasado 28 de mayo de 2026 el Consejo de la Sociedad Municipal VIVA modificó el protocolo de acceso a la vivienda de alquiler municipal.
“Antes de la modificación, el punto 2.3 del programa de Viviendas Blancas indicaba textualmente que, para acceder a las viviendas, tenían prioridad las personas en situación de vulnerabilidad derivadas de situaciones de discapacidad, así como víctimas de violencia de género”, recuerda el sindicato.
Añaden que, sin embargo, tras el consejo del pasado mayo de 2026 el consistorio “ha modificado el término violencia de género por el de violencia doméstica”, como así se “indica en el modelo de solicitud de los requisitos de acceso al parque municipal de viviendas”.
Por todo ello, desde UGT Valladolid consideran “lamentable” esta modificación porque en nuestro país se registraron el pasado año un total de 204.342 denuncias por violencia de género.
El sindicato aduce que “esta modificación se produce por criterios políticos porque la violencia doméstica no tiene que ver con la violencia de género”.
Añaden que “la primera ocurre en el entorno del hogar familiar sin importar el género de la víctima, mientras la violencia de género es la que ejerce un hombre contra una mujer, por el mero hecho de serlo, dentro de una coyuntura social machista”.
UGT Valladolid denuncia también que “ciertos partidos políticos, lejos de velar y salvaguardar los intereses de la mitad de la población toman decisiones motivadas ideológicamente para desvirtuar la lucha feminista y la defensa de los intereses de las mujeres”.
Y es que, la organización sindical advierte que “no se puede mentir ni manipular y tratar de engañar a la sociedad desviando el objetivo esencial que no es otro que buscar el amparo y ayudar a las víctimas de violencia de género que están aumentando en los últimos tiempos”.
UGT ha instado al Ayuntamiento de Valladolid a “modificar de nuevo las bases” porque “las viviendas municipales no son propiedad de ninguna organización política” sino de “la sociedad vallisoletana en conjunto” y “deben tener prioridad de acceso las personas realmente vulnerables”.
“Competencia del Ayuntamiento”
“Es un asunto que es competencia del Ayuntamiento. Son el Ayuntamiento y la oposición los que deben hacer las valoraciones. En decisiones internas no hacemos valoraciones relativas a estas competencias”, ha señalado Carlos Fernández Carriedo, portavoz de la Junta de Castilla y León, tras el Consejo de Gobierno.
Ha añadido que “nuestra posición está en el acuerdo de Gobierno” entre PP y Vox a nivel autonómico que es “transparente porque es público y es lo que vamos a hacer en cada uno de los ámbitos”, ha añadido.
“No valoramos las acciones de otros ayuntamientos”, ha finalizado Carriedo.
