Imagen del juicio por el Caso de los Ataúdes de Valladolid.
Un informe de la defensa asegura que las compras y ventas de féretros de El Salvador coinciden entre 2001 y 2014
Dicho documento pericial argumenta que los funcionarios de Vigilancia Aduanera cometieron “errores metodológicos” en el informe que cifró en 4.500 el descuadre entre servicios prestados y ataúdes adquiridos.
Más información: El Salvador compró 4.500 féretros menos de los servicios funerarios que prestó entre los años 2001 y 2014
Un informe pericial que ha sido encargado por los abogados de la Funeraria El Salvador ha concluido que las compras de féretros entre 2001 y 2014 “coinciden con los servicios funerarios prestados en ese periodo”.
A la vez acusa a los funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera de “cometer errores metodológicos en la elaboración de un estudio en el que se cifra en 4.500 unidades el desfase entre las ventas y compras de ataúdes”.
El perito encargado de elaborar el informe, que según reconoció a preguntas de una de las acusaciones es socio del mismo bufete de abogados que lleva la defensa de la familia Morchón, afirmó que en su informe las ventas de ataúdes coinciden esencialmente con los datos recogidos por Vigilancia Aduanera, al situarlas ligeramente por encima de las 28.000 unidades, pero indicó que las diferencias se producen en las compras.
En este sentido, explicó que ellos, además de localizar casi 600 facturas que en el informe de Vigilancia Aduanera se consideran que no existen, también indicó que no se pueden considerar facturas falsas las que se encontraron con notas manuscritas indicando que solo se pagaba el IVA.
Así, argumentó que no se puede hablar de simulación de facturas, dado que es habitual que muchas empresas, que pueden tener estipulado un largo periodo de pago, adelanten el abono del IVA a sus proveedores. “Al contrario que nosotros, que hemos trabajado de forma metodológica, el informe del Servicio de Vigilancia Aduanera se realizó en base a hipótesis”, afirmó.
Al mismo tiempo, recalcó que en las diferentes inspecciones realizadas por la Agencia Tributaria al grupo El Salvador nunca se detectaron casos de simulación de facturas, aunque si se impusieron sanciones por gastos deducidos de forma irregular, a la vez que explicó que Vigilancia Aduanera no contabiliza las existencias de ataúdes en los almacenes, cuando en algunos momentos se acumularon más de 3.000 cajas.
En la jornada de hoy también declaró el perito forense Aitor Curiel, contratado por la defensa, que explicó que ante la ausencia de informes médicos de asistencia a los familiares no se puede acreditar el daño y establecer, como hacen las acusaciones, una indemnización de 3.000 a todos los familiares afectados.
No obstante, este forense cifra entre 200 y 300 euros las indemnizaciones para los familiares que hayan visto fotografías de sus seres queridos fuera de los féretros, al considerar que pudieron haber sufrido algún tipo de afectación psicológica “transitoria”.
El juicio continuará mañana con la declaración de más peritos de la defensa y no será hasta el miércoles cuando comiencen la declaración de los acusados, empezando por los hijos y la viuda de Ignacio Morchón Alonso.
La Fiscalía solicita condenas que superan los 200 años de cárcel por el supuesto fraude que consistía en el cambiazo de ataúdes por otros más baratos entre los años 1995 y 2015. De la lista de acusados se quedaron fuera el empresario Ignacio M.A. y el principal testigo de los hechos y extrabajador, Justo Martín, ambos por fallecimiento.
Las penas más duras que registra el fiscal son para la mujer del empresario fallecido, María del Rosario V.L., y también para sus hijos: Ignacio, Laura y María del Rosario M.V., que se enfrenta cada uno a 20 años de cárcel.
El Ministerio Público solicita cinco años de cárcel por constitución de organización criminal; siete años y seis meses para cada uno por un delito continuado de apropiación indebida en relación de concurso medial con el delito continuado de estafa y siete años para cada miembro de la familia por blanqueo de capitales y falsedad en documento mercantil.
