Audiencia de Valladolid
Creaban empresas para no pagar a la Seguridad Social más de 100.000 €: se enfrentan a 15 años de cárcel
Uno de los cuatro acusados se enfrentará también a un presunto delito de falsedad de documento.
Más información: Al banquillo por estafa el propietario de un estanco y un préstamo no devuelto: "Tendremos que cerrar"
Los días 16 y 18 de febrero se celebrará juicio en la Audiencia de Valladolid contra F.M.C., M.L., F.V.M. y M.R.M., los cuatro acusados de un presunto delito de fraude a la Seguridad Social y el primero también de un delito de falsedad en documento oficial.
La Fiscalía, en el escrito de acusación al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL de Castilla y León, apunta que el acusado F.M.C., que venía prestando servicios agrícolas para diversos agricultores urdió, al menos desde el mes de mayo de 2018, un “plan directamente encaminado a defraudar a la Seguridad Social”.
Todo al “generar con ésta una deuda a la que no pensaba hacer frente, consistiendo dicho plan en la creación de sucesivas empresas individuales, con similar plantilla y actividad entre ellas a las que había venido dedicándose, con el desarrollo de tareas agrarias”.
Las “ponía, sin embargo, a nombre de diferentes personas, cada uno de los acusados, a los que daba de alta como autónomos y empresarios individuales, evitando así aparecer como deudor pese a que seguía siendo el administrador de hecho de tales empresas”, apunta Fiscalía.
“Para también defraudar, una vez que dichas empresas y empresarios individuales acumulaban deudas, las cerraba o dejaba sin actividad de hecho, continuando con idéntica actividad bajo la apariencia de la constitución otra empresa o empresario individual”, añade el Ministerio Fiscal.
Para esto utilizó a los acusados M.R.M, M.L, y F.V.M., todas estas personas de su confianza “accedieron a ser dadas de alta como empresarios individuales de las empresas que, en realidad, “eran gestionadas por el acusado F.M.C”.
Empresas
Con el procedimiento descrito y bajo su dependencia F.M.C. creó o dio de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) a los acusados.
A M.R.M. con fecha de alta el 1 de mayo de 2.018 y cesando su actividad el 30 de agosto de 2019, fecha en la que carecía de trabajadores. Tuvo 21 trabajadores dados de alta en la Seguridad Social.
A F.V.M. con fecha de alta el 17 de julio de 2019 cesando su actividad el 15 de octubre de 2019, fecha en la que carecía de trabajadores. Una empresa con 23 trabajadores.
También a F.M.C. con fecha de alta el 26 de noviembre de 2019 y fecha de cese de operaciones el 54 de mayo de 2021, si bien desde el 2020 solo contaba con dos trabajadores dados de alta y que llegó a los 36 empleados.
Y a M.L. con fecha de alta el 16 de noviembre de 2020 y cesando su actividad el 4 de mayo de 2021, fecha de la última baja. La empresa ha tenido 14 trabajadores.
“Como consecuencia de todo ello, el importe principal de la deuda generada y cuyo pago a la Seguridad Social se consiguió eludir ascendió entre mayo de 2018 y mayo de 2021, a un total de 105.719,09 euros, intereses y recargos a parte”, añade la Fiscalía.
Para la realización de los trámites necesarios para llevar a cabo este proceder, F.M.C. se valió de los servicios profesionales de un hombre, que en condición de gestor administrativo “llevó a cabo las gestiones documentales y trámites necesarios, sin que actuase con conocimiento efectivo de la operativa y finalidad defraudatoria perseguida”.
Por otra parte y como apunta la Fiscalía, el acusado F.M.C. procedió a “elaborar bien por si o a través de tercera persona a su cargo hasta un total de 20 resoluciones de alta de la Seguridad Social de trabajadores de la empresa de F.V.M.
De la misma forma, el acusado procedió a elaborar, personalmente o por tercer a su cargo “32 copias de comunicaciones al Servicio Público de Empleo de contratos con la empresa F.V.M”.
“Todos los documentos referidos en este apartado no se correspondían con documentos veraces” ya que, como apunta el Ministerio Fiscal “se manipularon las fechas concretas de inicio de la relación laboral que en ellos figuraban” y “las huellas digitales de los documentos” como se comprobó por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social y del Servicio Público de Empleo.
Petición de penas
La Fiscalía apunta que los hechos relatados son constitutivos un presunto delito de fraude a la Seguridad Social y otro continuado de falsedad en documento oficial.
Apunta que son responsables del delito de fraude a la Seguridad Social los acusados: F.M.C., M.L, F.V.M. y M.R.M. y del de falsedad de documento solo F.M.C.
Por el delito de fraude a la Seguridad Social pide para cada uno de los cuatro acusados penas de tres años y nueve meses de prisión con inhabilitación especial para ejercer el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa de 300.000 euros. 15 años de prisión en total.
Por el delito de falsedad documental pide para F.M.C. una pena de dos años y nueve meses de prisión y 12 meses de multa.
Los acusados, de forma conjunta y solidaria, indemnizarán a la Tesorería General de la Seguridad Social con la cantidad de 105.719,09 euros, más los intereses y recargos legales que sean aplicables a la deuda conforme a la legislación.
