Fernando, abogado de oficio con 29 años de experiencia: "No cobramos el 20% de los casos y son unos 200 euros cada uno"

Imagina trabajar pero no percibir ni una sola contraprestación económica. Pues esto les sucede a los abogados del turno de oficio de Valladolid, de media, en el 20% de los expedientes que atienden. Y eso a pesar de que los baremos de sus retribuciones están hasta "10 veces por debajo del precio de mercado".

Una pérdida económica que se traduce, haciendo una media, en unos 200 euros por asunto, aunque siempre depende de la materia, la especialidad y la tipología del expediente. Así lo expone el responsable del turno de oficio del Colegio de la Abogacía de Valladolid (Icava), Fernando Rosat, en una entrevista con EL ESPAÑOL de Castilla y León.

El año pasado el Icava tramitó más de 8.300 expedientes de justicia gratuita, que se repartieron entre los 373 abogados que hay adscritos al turno, es decir, cada profesional atendió 23 asuntos. Tomando estos datos, más de 330.000 euros se dejaron de percibir a pesar de que los abogados realizaron igualmente su trabajo.

El mensaje de SOS de los abogados del turno de oficio en Valladolid: “Hay falta de recursos y un progresivo deterioro”

Esto se debe a que, en ocasiones, según explica Rosat, no se reconoce al interesado el beneficio a la justicia gratuita. Unas veces "porque supera los umbrales" de renta y en otros por la "desidia del solicitante que no ha cumplido los requerimientos o no ha aportado los documentos".

Mientras que los profesionales tienen "la obligación de asistir por imperativo legal desde el inicio del expediente", el reconocimiento del derecho a la justicia gratuita en ocasiones es denegado y la retribución económica para el abogado está íntimamente ligada a ello, por lo que el profesional queda en una especie de limbo en el que trabaja, pero no cobra.

"Tramitamos procedimientos y no percibimos nada por un hecho que no es achacable a nosotros", lamenta el abogado que lleva ejerciendo desde 1997. Para Rosat, la solución es profundamente sencilla y pasa porque el Estado, el responsable que "impone este servicio", abone previamente la retribución "sin necesidad de que se cumpla ese requisito (el reconocimiento para el solicitante)".

"Y ya luego el Estado podrá reintegrarse el dinero en aquellos asuntos en los que el beneficiario tenga recursos y si no los tiene buscar otros medios", explica el también diputado segundo del Icava.

En este contexto, Rosat advierte de que las condiciones laborales en las que se da este "servicio público esencial" están provocando un "deterioro" en el turno, por lo que la gente "se da de baja y las nuevas generaciones no se dan de alta, creemos que principalmente motivado por la excesiva carga burocrática y la falta de retribución en muchos casos".

Y es que ante esto, recuerda que el Estatuto de la Abogacía obliga a cualquier profesional a tener que prestar el turno de oficio. De momento, el Icava puede atender todas las materias y asuntos con abogados voluntarios, sin necesidad de hacerlo extensivo al resto, pero avisa que si "el número de compañeros sigue disminuyendo no queda más remedio que acogernos al estatuto general y obligar a que todos presten el servicio".

Por eso, su máximo objetivo se centra en que los poderes públicos atiendan sus reivindicaciones, para que el servicio no continúe deteriorándose. No se limitan únicamente a reclamar el cobro de todos los asuntos, sino que también exigen que los baremos que regulan estas retribuciones sean actualizados.

"Que se retribuyan todas las actuaciones y se actualicen a precio de mercado, además de un compromiso para hacerlo periódico. El año pasado se subió, pero llevábamos un montón de años sin nada. El compromiso debería ser al menos que se actualizara conforme al IPC, que menos, seguiríamos perdiendo, pero por lo menos...", apunta.

Funcionamiento del turno

La asistencia por un abogado de oficio es un derecho reconocido para todas las personas, pero Rosat explica que, para que se les aplique el beneficio de la justicia gratuita, el interesado es necesario que "no supere unos determinados umbrales de capacidad económica en función de los miembros que compongan la unidad familiar".

Al mismo tiempo, existen algunos colectivos que tienen reconocida la justicia gratuita sin necesidad de acreditar una insuficiencia de recursos. Es el caso de mujeres víctimas de violencia de género o de un delito contra la libertad sexual o menores y personas con discapacidad.

"El servicio que prestamos es cualquier ámbito, cualquier materia, cualquier jurisdicción en cualquier procedimiento en el que sea perceptiva la intervención de un profesional de la abogacía. Las personas que tengan el derecho pueden asesorarse, valerse y nosotros les atendemos y asistimos en todas las fases del procedimiento judicial", relata.

El servicio funciona con la premisa de que cualquier persona, independientemente de sus recursos económicos o circunstancias personales, pueda defenderse en un caso judicial.

Durante 2025, el Icava superó los 8.300 asuntos tramitados en el turno de oficio. Esto supone la ratificación de una "estabilidad" que estuvo sacudida por la pandemia, donde "se redujo bastante las intervenciones profesionales", y por la huelga de los funcionarios y letrados de la Administración de la Justicia.

"Hemos vuelto a la normalidad y las cifras de expedientes tramitados de justicia gratuita han sido las más altas de los últimos 10 años", explica Rosat.

De todos los asuntos tramitados, el 65% son de naturaleza penal. Esto suele ser lo habitual, pero durante el pasado año también aumentaron los asuntos en Extranjería, en lo Social y en el Contencioso-administrativo.

"Evidencia que el conocimiento de la justicia gratuita está en la calle y además para todos los ámbitos y jurisdicciones posibles", celebra el responsable del turno en Valladolid.

En materia de violencia de género, aunque el cambio normativo ha propiciado un descenso al aglutinarse todos los expedientes en un único principal, Rosat aclara que aunque la cifra de asuntos ha decaído, un 5,9%, "no así la carga de trabajo". "Siguen siendo los mismos expedientes o incluso superiores", advierte.

Para el abogado, las medidas protectoras "no surten su efecto" en materia de violencia de género y aboga por un impulso mayor de iniciativas "educativas, socializadoras y de corrección".

"Nosotros intervenimos cuando el hecho ya ha sucedido, únicamente lo ponemos de manifiesto y perseguimos la condena del presunto autor, con lo cual el foco y el problema estriba antes de que lleguemos al juzgado", relata.

Además, apunta que "puede parecer que es un problema que se arrastra" pero, sin embargo, el perfil de las víctimas y de los agresores es "bastante bajo de edad". "Demuestra que la educación no se está llevando por buen camino", insiste.

Ley de Asistencia de Justicia Gratuita

Sobre los retos de futuro, Fernando incide en la necesidad de reformar la Ley de Asistencia de Justicia Gratuita, que se remonta a 1996. "Son 30 años, está totalmente desfasada, hay que actualizarla y acomodarla a las necesidades, a las peticiones y a los servicios que se demandan de la población que son esenciales", apunta.

El abogado de oficio asegura que se ha intentado "corregir con parches los problemas" y ha incidido en que en la ley se recoge el beneficio de los solicitantes únicamente, por lo que su reivindicación se centra en que también contemple "los derechos y las garantías que debemos tener los profesionales que prestamos el servicio".

En este sentido, califica al sector como los "grandes olvidados" y reclama, a fin de cuentas, "una implicación efectiva por parte de los poderes públicos". "Todas las encuestas y estadísticas ponen de manifiesto que los usuarios tienen buenas valoraciones del servicio. Queremos una implicación concreta, efectiva, para que las normas no estén desactualizadas", reitera.

Al mismo tiempo, aboga por una mayor formación e información a los profesionales, para que así sean capaces de estar al tanto de todas las actualizaciones legislativas que se vayan impulsando. "Para cada vez que haya un criterio nuevo o una novedad, se nos informe previamente y se cuente con nuestra opinión", zanja.