El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, se ha reunido con representantes de los vecinos de Arroyovereda
La Junta promete a los vecinos de Arroyovereda una búsqueda de "soluciones efectivas" frente a la pesadilla okupa que sufren
Desde hace tres años, varios afectados conviven con okupas que tomaron decenas de viviendas propiedad de la Sareb, sin que todavía no se haya alcanzado una solución óptima que restablezca la "convivencia, seguridad y calidad de vida".
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La Junta de Castilla y León, a través del consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha prometido a los vecinos de la urbanización de Arroyovereda afectados por la ocupación ilegal la búsqueda de "soluciones efectivas" a esta problemática.
Estos vecinos vienen soportando desde hace varios años la ocupación ilegal de varias de los domicilios propiedad de la Sareb de esta urbanización, dando lugar a problemas de "convivencia, seguridad y calidad de vida", además de producirse "deterioro urbano y económico" en el entorno.
Por ello, el consejero se ha reunido con los vecinos afectados para trasladar la "preocupación" del Gobierno regional por las "graves consecuencias" de la situación.
Al mismo tiempo, ha subrayado que la Junta "está del lado de los vecinos y de la legalidad", manifestando la voluntad del Ejecutivo autonómico de colaborar de forma activa con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y el Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda para la búsqueda de dichas "soluciones efectivas" para garantizar la restitución de la normalidad y el derecho a la propiedad privada.
El encuentro también ha servido para que Suárez-Quiñones explique a los afectados que desde la Junta se está llevando a cabo un seguimiento "permanente" de este tipo de situaciones, en especial en las zonas donde la ocupación irregular "provoca problemas de convivencia y seguridad".
"La Junta defiende el derecho de acceso a una vivienda digna, pero siempre dentro de la legalidad y sin menoscabar los derechos de los propietarios ni el bienestar de las comunidades", ha precisado el consejero.
Por su parte, los vecinos han comunicado a los responsables autonómicos su "malestar" por la prolongación del conflicto, relatando los "problemas de inseguridad, degradación de espacios comunes y pérdida de valor patrimonial que sufren desde hace más de tres años".
Al mismo tiempo, han destacado la "falta de respuestas efectivas" por parte del Gobierno central y de la Sareb, por lo que reclaman actuaciones "más ágiles" en los procesos judiciales y medidas que eviten nuevos casos.
Además, han precisado que la Sareb, participada mayoritariamente por el Ejecutivo central, "ha hecho impago de los gastos de comunidad y no pone fin a la grave situación creada".
Por ello, Suárez-Quiñones ha reiterado el "compromiso" de la Junta de defender los derechos de los vecinos y de apoyar reformas e iniciativas legislativas que permitan una actuación más rápida ante las ocupaciones ilegales.
De esta manera, piden sustituir los cambios normativos puestos en marcha por el Gobierno de España, como el caso de la Ley por el Derecho a la Vivienda, "que ampara a los ocupas ilegales, dificultan la recuperación de la posesión por los legítimos propietarios y crean inseguridad y conflictividad para los vecinos pacíficos", poniendo el ejemplo del caso de Arroyovereda.
Por último, el consejero ha asegurado a los representantes de los vecinos que la ocupación ilegal "no puede ser tolerada ni justificada bajo ninguna circunstancia" y ha asegurado su apuesta por una acción conjunta de todas las administraciones "que están en contra de esta legislación y de las situaciones que provoca, como la presente, para restablecer la seguridad, la convivencia y la confianza vecinal".
Oficinas Antiocupación
Con el objetivo de prevenir y actuar ante los casos de ocupación ilegal de viviendas, la Junta de Castilla y León mantiene un convenio con el Consejo General de Cámaras de la Propiedad Urbana para ofrecer, en todas las provincias, oficinas de información y asesoramiento antiocupación.
Estos puntos de atención, gestionados por las Cámaras de la Propiedad Urbana, facilitan a los ciudadanos información y apoyo jurídico sobre prevención, actuación inmediata y tramitación de casos en curso. El servicio se presta tanto de forma presencial como telemática, a través del 012 o de las páginas web de las Cámaras.
A fecha de octubre de 2025, las oficinas habían atendido 305 consultas presenciales y más de 11.900 consultas telemáticas, lo que evidencia la creciente demanda de información y asistencia especializada en esta materia en toda Castilla y León.
