El 21 de diciembre de 2001, hace 22 años, un juez ordenó desmantelar las antenas de telecomunicaciones que se ubicaban en un edificio colindante al colegio público vallisoletano García Quintana, en la Plaza de España de la ciudad. Aunque el magistrado no había llegado a establecer una relación directa entre los tres casos de cáncer infantil que se habían detectado en el colegio hasta el momento y las instalaciones de telefonía ubicadas en el número 5 de la calle López Gómez, el juez estimó que existía un riesgo para la salud.

Con estos argumentos, firmó el auto en el que, a instancias del fiscal, se ordenó el cese cautelar de la actividad de dichos equipos de telefonía fija, más de un año después de que se detectase el primer caso de esta enfermedad en el García Quintana. Por desgracia, esta decisión no haría que frenaran los casos. Solo cuatro días después, el 25 de diciembre de 2001, a un niño de seis años de edad de primero de primaria del colegio le diagnosticaron una leucemia. Supuso el cuarto caso de cáncer infantil en este colegio de Valladolid.

Un largo proceso

El caso de las antenas del García Quintana llegó a la Justicia el 13 de octubre de 2001 cuando un total de 40 padres presentaron una denuncia ante la Fiscalía para pedir desmantelar los equipos de telefonía que se ubicaban en el número 5 de la calle López Gómez, al creer que podían tener relación con varios casos de cáncer infantil aparecidos entre los alumnos del centro. El primer caso se produjo en el año 2000, una niña de cuatro años con leucemia, mientras que en 2001 aparecieron tres nuevos casos, en dos niños de nueve y seis años y en una niña de cinco años.

La Fiscalía vallisoletana puso estos hechos en manos del juzgado para investigar la relación de causalidad entre las antenas y esas enfermedades y se tomó declaración a un arquitecto municipal y al entonces concejal de Urbanismo, Federico Sumillera. Cuatro jueces se hicieron cargo de la investigación: Miguel Donis, Liliam Merghut, José Alberto Rodríguez Carretero y César Gil Margareto.

La acusación particular, ejercida por los padres de los alumnos, solicitó la imputación del entonces alcalde de al ciudad, el popular Francisco Javier León de la Riva, por prevaricación, aunque el juzgado y la Audiencia Provincial le eximieron de toda responsabilidad ya que consideraron que las antenas contaban con licencia de obra.

Consecuencias

El caso provocó fuertes protestas en la ciudad pidiendo al Consistorio que desmantelase las antenas, pero no fue hasta que se conoció el cuarto caso de cáncer infantil entre los alumnos del colegio cuando el juez Rodríguez Carretero acordó en el mes de diciembre de 2001, hace ahora 22 años, que los equipos fuesen desmantelados.

Un estudio de la Junta descartó en un primer momento culquier relación entre las antenas y estas enfermedades pero la fuerte alarma social generada en la ciudad a raíz de estos casos llevó al Ayuntamiento a establecer una moratoria de seis meses para conceder nuevas licencias y a aprobar, en noviembre de 2002, una ordenanza municipal sobre la instalación de antenas, incorporando algunas propuestas de la Federación de Asociaciones de Vecinos.

Con todo, una de las niñas, la primera a la que se detectó la enfermedad cuando contaba con cuatro años, falleció el 10 de abril de 2003 con tan solo siete años de edad. En noviembre de 2003 fue diagnosticado un quinto caso, un niño de ocho años con linfoma de Burkit, y en mayo de 2004 salió a la luz que en 2002 se había diagnosticado otro linfoma a una empleada del colegio. 

La Audiencia de Valladolid cerró de forma definitiva la vía penal en 2004 y desde entonces no se han conocido más casos de cáncer infantil en el colegio. Pero hace 22 años la alarma social se desató en la ciudad ante la pesadilla de la proximidad de aquellas antenas de telefonía a este centro educativo de la capital vallisoletana.