El fiscal ha solicitado la apertura de juicio, por tercera vez y tras dos aplazamientos contra Jesús Ángel A.A., hijo de María Aguña, asesinada en el crimen de la Circular, y para Cristina A.G., la nuera, por un presunto delito de frustración de la ejecución, y pide para ellos 5 años de cárcel. Además, se sientan otras dos personas como cooperador necesario, para el que piden 4 años y otro como cómplice para el que se solicitan dos años de prisión. Todo en un juicio que se celebrará el martes, 7 de noviembre.

En el escrito de acusación, el fiscal apunta que Jesús Ángel A. A., hijo de María Aguña, la mujer asesinada en el Crimen de la Circular, era deudor a la Hacienda Pública de 2.134.776,81 euros, salvo 9.189,45 euros que eran consecuencia de un expediente de derivación de responsabilidad de las deudas de la sociedad Ganados y Servicios Acuña S.L.

Antes de dicha derivación, se habían llevado a cabo otras. En el momento en el que se notificaban los acuerdos de inicio de los expedientes, como apunta el escrito de acusación al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL de Castilla y León, las sociedades cesaban su actividad, constituyéndose una nueva que continuaba realizando la misma y que, a pesar de figurar constituida o administrada por personas distintas, era gestionada por Jesús Ángel, en colaboración con la que era su pareja Cristina A.G, José P.C., pareja de la madre de Cristina y José Luis B.G.

La única forma para conseguir el pago de las deudas era el embargo cautela de cuentas y clientes cuando comenzaba el expediente de derivación de responsabilidad, ya que las sociedades no tenían más bienes que el dinero en cuentas corrientes y los créditos sobre los clientes.

La Agencia Tributaria también había derivado a Cristina A.G. las deudas de otra de las empresas en la que constaba como administradora, France-Carni Import-Export SL. Tanto ella, como Jesús Ángel, estaban trabajando con otras sociedades para evitar esos embargos, en algo conocido por el resto de los acusados que se prestaron a participar en la creación y actividad de las nuevas sociedades.

Era el caso de Terneros Percajo S.L. que fue constituida el 18 de julio de 2017. El socio único y administrador era José P.C. y Agricultura y Ganadería Castellano Manchega S.L, de la que el socio único administrador era José Luis B.G. siendo apoderada desde el 9 de noviembre de 2017, Cristina A.G.. Terneros Percajo tenía abiertas a su nombre varias cuentas. Agricultura y Ganadería Castellano Manchega S.L., aunque domiciliada en Toledo, es titular de tres cuentas corrientes abiertas en sucursales de Valladolid, donde tuvo que desplazarse José Luis B.G, si bien no consta efectuara operación, ni gestión alguna.

El escrito de acusación señala que la forma en que el dinero obtenido por las operaciones comerciales que se llevaban a cabo, se dejaba fuera del alcance del principal acreedor, la Hacienda Pública, era el ingreso mediante transferencias o pagarés en las dos sociedades, en principio no afectadas por las derivaciones de responsabilidad, el reintegro en metálico de esos importes, y en ocasiones el cobro en efectivo de los clientes.

En un auto de 5 de febrero de 2020, se encomendaron a la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos la administración de 93.700 que les fueron intervenidos.

El fiscal apunta que los hechos son constitutivos de un delito de frustración de la ejecución. Del que Jesús Ángel A.A. y Cristina A.G. son autores. José P.C. es cooperador necesario y José Luis B.G. es cómplice.

Por ello, pide para Jesús Ángel A.A. y Cristina A.G. cinco años de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante la condena y multa de 22 meses, con cuota diaria de 15 euros. A José P.C, cuatro años de prisión y a José Luis B.G. dos años.