Jesús Julio se estrernaba este lunes como alcalde de Valladolid y tomaba una primera medida que no ha estado exenta de polémica. Se trata de la derogación del Plan de Ordenanza de Movilidad, que no ha hecho especial ilusión al PSOE de Óscar Puente, y tampoco ha tardado en manifestar su rechazo y asegurar que presentarán alegaciones. Una decisión con la que quiere revertir la situación en algunas de las calles de la ciudad dado que, a su juicio, la ciudad está “atascada”.

En este sentido, se suprimirán algunos de los carriles bici, así como los que están destinados exclusivamente a autobuses y taxis. Todo ello con el objetivo de que la circulación sea más rápida y evitar atascos. Una cuestión que al exalcalde Óscar Puente le preocupa “sobremanera”.

Este mismo martes comparecía ante los medios en la Plaza Mayor para explicar que “la ciudadanía y el propio equipo de gobierno” deben conocer lo que supone esta derogación. “A lo mejor no lo conocen porque no ha habido una transición ordenada y no hemos podido hablar. Hay circunstancias que debemos tener en cuenta antes de tomar esta medida”, aclaraba.

Puente recordaba que Valladolid forma parte de las siete ciudades españolas con el objetivo 2030, y las 100 europeas. Un acuerdo climático que vincula a la ciudad con la Unión Europea y que, matizaba, “está suscrito por el Ministerio de Transición Ecológica y apoyado por la Junta mediante la Consejería de Medio Ambiente y Economía”.

Por todo ello, hay unas “obligaciones concretas” entre las que destaca la reducción del tráfico privado, reducción de vehículos motorizados, apuesta por modos de transporte alternativos y mayor espacio para el peatón. Derogar dicha ordenanza supone un “incumplimiento de ese acuerdo”.

A la pregunta: ¿Qué consecuencia tendría para la ciudad el incumplimiento del mismo? Puente responde tajante: “La pérdida de 483 millones de euros”. Una cifra que la Unión Europea se compromete a aportar a la ciudad hasta el 2030 en Fondos Europeos tanto para el Ayuntamiento de Valladolid como para empresas y particulares.

Asimismo, ha señalado que volver a meter más coches por las calles “no es evolucionar sino involucionar”. Y aseguraba que el riesgo económico es “claro, cierto, tangible y cuantificable” y que Valladolid “no se lo puede ni debe permitir”.

Llamaba a la “reflexión” antes de que tomen decisiones “muy viscerales” y pedía que “piensen en los números y no adopten medidas que nos hacen perder oportunidades como ciudad”. Puente ha aclarado que todavía no han llegado los fondos pero que el plan “va a ponerse en marcha ya”. Asimismo, incidía en que en esas siete ciudades seleccionadas, hay algunas gobernadas por el Partido Popular.

Ponía de ejemplo Valencia donde afirma que “no van a perder la oportunidad que les brinda pertenecer a estas ciudades 2030”. O el caso de Madrid donde “ya se hizo una zona de bajas emisiones que comprende todo el territorio dentro de la M-30”.

Unos fondos que se destinan para que las ciudades se comprometan, entre otras, con la electrificación de la flota. Por ahora, tienen diez días para presentar las alegaciones pertinentes. “Veo al PP muy alterado por votar en julio y no parece que tengan la misma preocupación porque una cuestión tan importante se dirima en tan poco tiempo cuando hay gente que ya se encamina a las vacaciones”, apostillaba.

Carnero: "Lo principal y más inmediato es acabar con los atascos en la ciudad"

Por su parte, el ya alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha querido contestar a esta crítica de Puente sobre la posible pérdida de esta ayuda. " Estamos en el momento de iniciar la modificación de la ordenanza de movilidad para proceder a su derogación y eso supone que empezará el trámite de audiencia y será el momento de ver sus consecuencias y vicisitudes que puede tener. Lo principal y más inmediato es acabar con los atascos en la ciudad".