A petición del Grupo Municipal Popular, con el apoyo de los consejeros representantes de los grupos municipales de Vox y Ciudadanos en Autobuses Urbanos de Valladolid, S.A. (Auvasa) se ha incluido en el orden del día del Consejo de Administración Municipal la revocación de un punto aprobado en la sesión ordinaria del pasado 30 de marzo.

Todo ello con el fin de reclamar que la indemnización percibida por el exgerente de Auvasa, Álvaro Fernández Heredia, sea devuelta a la citada sociedad, como han apuntado los “populares” en un comunicado recogido por EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Aseguran que el punto 5 definía, de forma textual: “Extinción, por desestimiento, del contrato del gerente de la sociedad, D. Álvaro Fernández Heredia”. Según el PP, el equipo de Gobierno, habría dispensado un ostensible “trato de favor” al exgerente de Auvasa. Todo en lo que respecta a su salida de la Sociedad Municipal de Autobuses.

Añaden que se traduce en “el homenaje económico de despedida que le ha dispensado el alcalde y en un cúmulo de engaños por parte del concejal responsable de Movilidad y a la vez presidente de la sociedad, y del propio Fernández Heredia”. Según los “populares” manifestó “su deseo de abandonar la gerencia de Auvasa de forma voluntaria”. Añaden que lo hizo “por motivos personales” cuando “unos días después se demostró que era falso” ya que “se descubrió que el motivo real era pasar a integrarse en una candidatura política de izquierdas en Madrid”.

La portavoz del grupo municipal del PP, Irene Núñez, ha manifestado que “se ha actuado con simulación manifiesta” tanto en la propia convocatoria del Consejo, celebrado el pasado 28 de marzo. Ahí, la salida de Fernández Heredia se incorporó en el orden del día “como una extinción por desistimiento del contrato del gerente”, apuntan fuentes “populares” como en la propia reunión del Consejo de Administración. Todo, ante la petición del consejero del PP, Alberto Gutiérrez Alberca. Añaden que “se obvió contestarle a si había existido un preaviso por parte del trabajador, así como la cantidad económica que suponía la salida del gerente para las cuentas de la sociedad”.

“Han engañado a todos los vallisoletanos”, ha asegurado Núñez, añadiendo que “le han dado al exgerente una indemnización que no le corresponde, con el perjuicio económico que eso conlleva para la Sociedad”. “Una baja voluntaria en ningún caso lleva aparejada una indemnización según el Real Decreto 1382/1985, de 1 de agosto, que regula la relación laboral de carácter especial del personal de alta dirección”.

Los “populares” han estimado que “el perjuicio económico para la Sociedad Municipal puede ser superior a los 20.000 euros”, ha concluida Irene Núñez.