La sección segunda de la Audiencia provincial de Valladolid celebrará este viernes, 31 de marzo, juicio contra dos personas desde las 10.00 horas de la mañana por un delito de falsedad documental y uno de estafa procesal en grado de tentativa.

El escrito de acusación que M.C.B.D. Y A.G.G., mayores de edad y sin antecedentes penales, con ánimo de obtener beneficio económico y puestos de común acuerdo realizaron lo siguiente:

En noviembre de 2017, como reza el escrito al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL de Castilla y León, los acusados eran titulares de la mercantil ‘G11 Motor’ que se dedicaba a la compraventa de vehículos usados o de segunda mano. Procedieron a vender el vehículo marca Mercedes modelo Clase R-320 CDI a una persona. Después, por problemas mecánicos, el vehículo tuvo una serie de incidencias que dieron lugar a la compradora a interponer una demanda judicial por resolución de contrato de compraventa y reclamación de responsabilidad contractual, en juicio ordinario, causa en la que se procedió por la parte demandada a contestar la misma.

En la contestación a esta demanda, incluyeron como documento, un anexo, una hoja de conformidad al contrato de compraventa y garantía pactada. En dicho documento, a fecha de 30 de noviembre de 2017 se manifiesta el estado de diversos elementos del vehículo y figura la firma de la parte vendedora, la empresa citada anteriormente y, supuestamente, la de la parte compradora.

El escrito de acusación asegura que esta firma no fue suscrita por la compradora, impugnándose en la audiencia previa del procedimiento civil la autenticidad de este documento. Se practicó en el procedimiento civil prueba pericial caligráfica en la que se indica que la firma cuestionada no corresponde, en su grafología con las firmas y cuerpo de escritura del acusado A.G.G..

El informe pericial caligráfico asegura que la firma del informe ha sido falsificada mediante un proceso de imitación de memoria ejercitada. En la que el falsario conoce el modelo de firma a copiar por haberla visto. Se encontraron signos de falsedad.

Se aportó por parte de los dos demandados, en el procedimiento civil juicio ordinario del Juzgado de Primera Instancia con la contestación en la demanda dicho documento, sabiendo que contenía la firma de la querellante, que era falsa, perjudicando con la aportación del documento los intereses de la parte querellante en el procedimiento civil que dio lugar a la resolución de suspensión del mismo el 28 de febrero de 2020 hasta acreditarse en causa criminal que haya terminado.

La Fiscalía asegura que los hechos son constitutivos de un delito de falsedad documental y otro de estafa procesal en grado de tentativa y pide por ello una pena de doce meses de prisión y tres de multa con cuota diaria de 10 euros y responsabilidad personal subsidiaria.