La Audiencia Provincial de Valladolid tendrá que decidir si suspende temporalmente el juicio del caso Perla Negra y lo envía de nuevo al Juzgado de Instrucción hasta que pueda pronunciarse sobre las cuestiones previas en las que las defensas de los 12 acusados han denunciado que no han tenido acceso a toda la documentación que forma parte de la causa, además de otras presuntas irregularidades. Así, las defensas solicitan su suspensión por “vulneración del derecho de defensa”, entra otras cosas. Mañana martes a las 9.30 horas están citadas todas las partes para saber la decisión del magistrado. Por lo que después de más de una década de espera, el juicio podría volver a su casilla de salida, nada más comenzar. 

El anuncio se ha producido esta mañana en la primera sesión del juicio en la que la propia Fiscalía ha solicitado la devolución de la causa al juzgado de Instrucción para que se solventen todas las faltas de documentación denunciadas por las defensas de los 12 acusados. De esta manera, la Audiencia Provincial dictará un auto en el que caben varias posibilidades: atender las demandas de nulidad planteadas por las defensas, atender la petición para devolver la causa a Instrucción o continuar con el juicio, por lo que el famoso macrojuicio puede prolongarse aún más tiempo. 

Rafael Delgado en el caso Perla negra

Esta mañana ha arrancado el juicio denominado caso Perla Negra, el juicio por el edificio que la Consejería de Economía compró en Arroyo de la Encomienda (Valladolid). Un juicio que llega tras nueve años de investigación y catorce después de que tuvieran lugar los hechos y que ha comenzado con muchas dudas sobre el proceso realizado hasta llegar hasta aquí. En el banquillo, en un juicio que se prolongará durante 23 días, se sienta en el banquillo la ex cúpula de la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León, (entre ellos los viceconsejeros Rafael Delgado y Begoña Hernández y el exconsejero delegado de Gesturcal, Juan Carlos Sacristán) acusada de prevaricación, cohecho, revelación y violación de secretos, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y fraude a la administración.  

Falta de concreción

El primer día ha comenzado con las cuestiones previas y ha servido para que todos los abogados defensores, de los doce implicados, piden la anulación del proceso ya que se basan en “omisiones y deficiencias”, “vulnerabilidad de la ley de defensa”, “carencia documental”, “traslado deficiente de la causa” entre otras cosas para justificar la inocencia de sus patrocinadores. Ante esta situación son varias las defensas que han pedido la anulación del juicio por estos errores. Entre estos errores han denunciado la falta de documentación entregada a la que no han tenido acceso durante la fase de instrucción, la falta de acceso a esta documentación e incluso avisos realizados en días inhábiles de agosto. También se ha hablado de un CD en el que se contiene información recabada durante la fase de instrucción y que según uno de los abogados defensores no existe. Asimismo, también argumentaron que la falta de concreción de la fecha en la que se cometieron los presuntos hechos delictivos está provocando una indefensión de los acusados

Ante esto, tanto la cusación pública como la particular y la popular han asumido que todas las partes deben tener el mismo acceso a la documentación y se han sumado a la petición para que sea devuelta al juzgado de instrucción número 2 de Valladolid, por lo que todo hace indicar que habrá un aplazamiento. 

Rafael Delgado, izquierda, junto a su abogado

La acusación

“No sabemos muy bien lo que se atribuye a nuestros representados”, han lamentado algunas defensas, a lo que fiscalía ha respondido que viene “perfectamente detallado” en los escritos de acusación.  “Archivar el proceso no es lógico”, ha asegurado la acusación de Fiscalía, aunque ha reconocido que durante el proceso de instrucción la documentación no fue entregada correctamente a todas las partes por lo que ha pedido su devolución al Juzgado de Instrucción para subsanar los errores. Por su parte, la acusación particular ha rechazado que por estas causas se suspenda el proceso, aunque también ha reconocido que se ha tratado de una “instrucción complicada”, pero que no es suficiente para “concluir el proceso”.

Por su parte, otras defensas también han solicitado la prescripción de la causa, mientras que la acusación lo ha rechazado argumentando que “no es el momento todavía”, para decidir si el delito ya ha caducado. En este sentido, los argumentos de las defensas fueron rechazados por el Ministerio Fiscal, que explicó que se trata de un “delito continuado”.

Begoña Hernández a su llegada el juzgado

Hay que recordar que se argumenta que los acusados provocaron que la Junta pagara por el inmueble más de 60,5 millones de euros, cuando su valor no debió superar los 50 millones, y también acusa que se hiciera frente al abono de 9,7 millones de euros correspondientes a una serie de conceptos que debieron correr a cargo de la empresa Urban Proyecta.

Ante la expectación del caso, ha sido transmitido vía streaming por falta de espacio en la sala, habida cuenta del elevado número de acusados pero sobre todo de testigos y peritos, hasta un total de 90. Las peticiones de cárcel oscilan entre los 79 en su conjunto que pide Fiscalía para los doce imputados, los 221 interesados por el Partido Socialista de Castilla y León, como acusación popular, y los 20 años que globalmente pide la Junta, en calidad de acusación particular, para ocho de los encausados.