El exportavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Valladolid Javier Izquierdo ha recalcado este jueves en su declaración en el juicio del denominado 'caso PGOU' que las "manipulaciones" que detectó en su día y que dieron origen a la denuncia ante Fiscalía eran "tan groseras" que "cualquier persona que supiera leer" podía interpretar que los artículos se habían alterado "de manera muy notoria".

En la sesión de este jueves del proceso, que sienta en el banquillo de la Audiencia Provincial a cuatro integrantes de la cúpula municipal de Urbanismo desde 2003, han comparecido tanto el exedil vallisoletano y ahora candidato del PSOE al Congreso de los Diputados, como el que fuera consejero de Fomento de la Junta entre 2003 y 2015 y actual portavoz del PP en el Ayuntamiento de León, Antonio Silván, que ha testificado por medio de videoconferencia desde la capital leonesa.

Mientras que el exconsejero ha aludido en numerosas ocasiones a que han pasado ya 16 años desde los hechos --la tramitación del PGOU se llevó a cabo en el año 2003--, Izquierdo ha sido más conciso en su declaración y ha recordado el momento en que percibió que podía haber "modificaciones" irregulares y "alteraciones subrepticias" en el documento.

Fue como consecuencia de una alegación de un particular por una parcela en la calle Arca Real en el Pinar de Antequera que señalaba que uno de los artículos del PGOU publicado que hacía rfefericncia a dicho terreno no se correspondía con lo aprobado previamente en el Pleno municipal.

A preguntas del abogado de la acusación particular, quien solicitó la comparecencia de Izquierdo, el exedil ha explicado que, pese a que para conocer las consecuencias de los cambios sí que cree necesario contar con formación en urbanismo, como él tiene, algunas de las manipulaciones eran "tan groseras" que "cualquier persona que supiera leer" podía interpretar que los artículos se habían alterado "de manera muy notoria".

Además, Izquierdo ha apuntado que en la información digital de los documentos, que estaban disponibles en la "red informática" del Ayuntamiento, se podía ver cómo la mayoría de los artículos y planos del PGOU tenían modificaciones en fechas previas a la aprobación provisional (marzo de 2003), mientras que algunos de los que son objeto de este juicio se modificaron el 13 de noviembre de ese año, cuando se trabajaba en el texto único refundido solicitado por la Junta.

Posteriormente, al ser cuestionado por el abogado del encausado Modesto Mezquita, Izquierdo no ha respondido a por qué transcurrieron cinco años entre que se aprobó el PGOU en 2003 y la denuncia que presentó el PSOE municipal ante Fiscalía en 2008, ya que él llegó al Consistorio en 2007. "Me limité a hacer lo que entendía que debía de hacer", ha puntualizado.

"Hace ya 16 años" 

Antonio Silván, por su parte, ha aludido en varias ocasiones a que "hace ya 16 años" de esta tramitación y ha asegurado desconocer o no recordar el contenido del expediente del PGOU y que si los documentos por los que le preguntaba el abogado de la acusación particular están firmados por él son correctos.

En cuanto a las preguntas sobre quién cotejó o no que el documento único presentado por el Ayuntamiento finalmente atendía a las prescripciones que planteó la orden por la que la Consejería aprobaba en agosto de 2003 el PGOU, Silván ha señalado que desconoce quién llevó a cabo ese trabajo y ha recalcado que él era "el consejero, no el director general de Urbanismo".

Asimismo, Silván, que ha asegurado no entender el modo en el que preguntaba la acusación particular, ha defendido que su "competencia en aquel momento era aprobar la orden que los servicios técnicos le planteaban", por lo que no puede referirse a la tramitación previa.

En cuanto a sus relaciones con el exalcalde de Valladolid Francisco Javier León de la Riva, ha recordado que mantuvo varias reuniones con él a lo largo de los años en las que trató "numerosos asuntos", pero no recuerda que el PGOU estuviera entre ellos, pese a que ambos celebraron una rueda de prensa conjunta en julio de 2008 en la que anunciaron que se llevaría a cabo una comprobación del PGOU por si se detectaran posibles errores "materiales", como así fue, lo que derivó en una corrección aprobada en el Pleno municipal, pero anulada posteriormente por sentencia judicial.

También ha precisado el exconsejero 'popular' que en su día hubo, sobre el asunto del PGOU, preguntas en las Cortes regionales y otros actos parlamentarios en los que afirma que trasladó "la absoluta transparencia y trabajo con arreglo siempre a la legalidad la junta".

A continuación, un funcionario municipal que trabajó en Urbanismo entre 2008 y 2011 y que ha apuntado que participó en su día en reuniones con representantes de la empresa asesora externa Inzamac en las cuales uno de ellos afirmó que el encausado Luis Álvarez Aller le había pedido en una conversación telefónica que cambiara de "no consolidado" a "consolidado" la calificación del suelo urbano de la parcela del APE de Cáritas, una de las que fueron objeto de las modificaciones supuestamente irregulares.

Por otro lado, el empresario José Luis Mayordomo, que fue socio de Vallenava, una de las empresas que formaban el Grupo Capitol, ha apuntado que Álvarez Aller trabajó en proyectos de alguna de las otras compañías de este conglomerado empresarial, pero no directamente con Vallenava, que fue la que adquirió en 2007 y 2008 las dos parcelas del sector de la avenida de Madrid km. 185 que también fue objeto de "manipulaciones". Él, ha precisado Mayordomo, sólo participó en la primera de las operaciones de compra.

Con carácter provisional, Fiscalía vallisoletana solicita las penas más elevadas, cuatro años de prisión, para el exconcejal de Urbanismo, José Antonio García de Coca; el arquitecto Luis Álvarez Aller y el exjefe del área, Modesto Mezquita, junto con el pago de multas por importe de 37.800 euros e inhabilitaciones en el primer caso por espacio de 43 años para el puesto de edil y para los otros dos de 27 años para puestos relacionados con su actividad profesional.

A los tres les imputa un delito de falsedad en documento oficial, cuatro de prevaricación y uno sobre el patrimonio, mientras que al exjefe del Servicio de Planeamiento, José Luis Cerezo Bada, a quien pide también cuatro años y 19 de inhabilitación, le imputa un delito de falsedad en documento oficial y dos de prevaricación.

Por su parte, la acusación popular ejercida por la Federación de Vecinos 'Antonio Machado', pide las penas más elevadas para García de Coca, en concreto seis años de cárcel, y los también integrantes de la cúpula de Urbanismo en aquella época, Modesto Mezquita y Álvarez Aller, para quienes interesa condenas de cuatro años. No pide pena para José Luis Cerezo Bada.