El juicio por el denominado 'Caso PGOU' sobre alteraciones en la principal herramienta de planificación urbana de Valladolid antes de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, en febrero de 2004, en favor de determinados promotores urbanísticos continúa con sus vicisitudes procesales, comienza a partir del próximo día 16 de octubre.

El juicio se celebrará en la Sección Cuarta de lo Penal, que tiene fijadas dos semanas de vistas, entre el 16 y el 31 de octubre.

Las vicisitudes por las que ha atravesado dicho proceso ya obligaron a suspender el juicio el 19 de septiembre de 2018, al día siguiente de su inicio, con motivo de las cuestiones previas planteadas entonces por los letrados de los catorce acusados, fundamentalmente en materia de prescripción de delitos que llevó al tribunal, el 3 de octubre, a excluir de la causa a diez de ellos y a dejar en el banquillo a otros cuatro, integrantes de la cúpula de Urbanismo.

Así, el banquillo tan sólo lo ocupan ya el que fuera concejal de Urbanismo, José Antonio García de Coca; el arquitecto Luis Álvarez Aller; el exjefe del área, Modesto Mezquita, y el exjefe del Servicio de Planeamiento, José Luis Cerezo Bada, a cuyas defensas se dio traslado de la documentación demandada tras alegar éstas que tan sólo tenían la mitad de la misma, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

Además, el tribunal emplazó en su día a las acusaciones pública y popular, ejercida por la Federación de Vecinos 'Antonio Machado', a presentar nuevo escrito de acusación, ofrecimiento que tan sólo atendió la segunda de ellas, sin modificaciones sustanciales pero ampliando la lista de testigos de 30 a 35, y a posteriori hizo lo propio con las cuatro defensas, dos de las cuales sí presentaron nuevo escrito y otras dos no lo hicieron por entender que ya lo habían hecho en su momento.

Fiscalía vallisoletana solicitaba las penas más elevadas, cuatro años de prisión, para José Antonio García de Coca, Luis Álvarez Aller y Modesto Mezquita, junto con el pago de multas por importe de 37.800 euros e inhabilitaciones en el primer caso por espacio de 43 años para el puesto de edil y para los otros dos de 27 años para puestos relacionados con su actividad profesional.

A los tres les imputa un delito de falsedad en documento oficial, cuatro de prevaricación y uno sobre el patrimonio, mientras que al exjefe del Servicio de Planeamiento, José Luis Cerezo Bada, a quien pide también cuatro años y 19 de inhabilitación, le imputa un delito de falsedad en documento oficial y dos de prevaricación.

Por su parte, la acusación popular ejercida por la Federación de Vecinos 'Antonio Machado', pide las penas más elevadas para García de Coca, en concreto seis años de cárcel, y los también integrantes de la cúpula de Urbanismo en aquella época, Modesto Mezquita y Álvarez Aller, para quienes interesa condenas de cuatro años.