Seis empleados de la funeraria Grupo El Salvador, investigados judicialmente junto a otra veintena, entre otros trabajadores y miembros de la familia Morchón, por el 'cambiazo' de ataúdes presuntamente realizado en el periodo comprendido entre 1995 y 2015, han solicitado a la juez instructora el archivo de las diligencias relativas a su persona.

Esa es al menos la intención de estos trabajadores plasmada en sus respectivos escritos que han presentado ante la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Valladolid para que sean apartados de la 'causa compleja' en la que se investiga, entre otras presuntas irregularidades, la supuesta sustitución de féretros por otros de mucho menor precio antes del proceso de incineración, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

Los firmantes de estos escritos de solicitud de archivo son José Luis L.G, Isidro M.A, Raúl Ll, Eladio G, José Antonio M.A. y Felicísimo A, empleados del grupo de empresas familiar en distintas labores y quienes en resumidas cuentas fundamentan su petición de ser apartados de la causa en la, a su juicio, falta de indicios racionales de su participación en los hechos investigados.

La petición se produce tras las diligencias practicadas por el Juzgado de Instrucción 6, donde recayó la causa, y que han consistido en el interrogatorio, entre los pasados días 10 de mayo y 12 de julio, de los veinticinco investigados, entre ellos el magnate del negocio funerario Ignacio Morchón Alonso y sus dos hijos Ignacio y Laura, y en la toma de declaración a distintos testigos y familiares de fallecidos a los que se habría dado el 'cambiazo' de ataúdes.

El propietario del negocio, Ignacio Morchón Alonso, de 75 años, salió en libertad provisional el pasado mes de junio tras permanecer preso desde el día 2 de febrero y una vez garantizada fianza hipotecaria de 800.000 euros, mientras que sus hijos, que también llegaron a permanecer presos, recuperaron igualmente con anterioridad la libertad una vez abonadas fianzas hipotecarias por valor de otros 800.000 y 200.000 euros, respectivamente.

La 'Operación Ignis' desarrollada por la Policía Nacional investiga un periodo de 20 años de actividad del Grupo Funerario El Salvador en el que, supuestamente, los investigados practicaron el 'cambiazo' a un total de 6.000 ataúdes por otros más baratos con el fin de reutilizarlos para otros sepelios, además de hacer lo propio con las coronas de flores.

El pasado mes de marzo la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León respaldó la declaración del caso como causa compleja por corrupción, atendiendo a la clase de delitos por los que se sigue, en particular, delito fiscal y/o blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal, así como por la pluralidad de personas investigadas, la existencia de organización criminal, el elevadísimo número de perjudicados, la relevancia económica de las conductas investigadas y la especial complejidad de la instrucción, al tiempo que informó favorablemente la petición de apoyo de la instructor en cuanto a refuerzo de personal.