Fiscalía de Valladolid ha llegado ya a acuerdos con la práctica totalidad de los 65 encausados en el denominado 'caso de las multiestafas' u 'Operación Árbol', a excepción a fecha de hoy de ocho presuntos implicados, con lo que el juicio que comenzará este martes con el mayor número de 'inquilinos' de banquillo en la historia judicial vallisoletana se verá notablemente aligerado, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

Pese a ello, la Feria de Muestras, escenario al que la Sección Segunda de lo Penal trasladará provisionalmente su sede para este juicio, acogerá las distintas sesiones que inicialmente estaba previsto que se prolongaran durante un mes pero que ahora, debido a las sentencias de conformidad cerradas, pudieran concluir en un par de semanas, aunque todavía el tribunal sentenciador tiene que encajar el "puzzle" de testificales y la posible renuncia de parte de éstas por la acusación pública y las defensas.

El tribunal que preside Feliciano Trebolle había barajado la posibilidad de retornar a su escenario habitual ante este cambio de planes, si bien ello no será posible debido a la gran cantidad de señalamientos ya fijados en la Audiencia Provincial para las próximas semanas por parte de la otra Sección, la Cuarta.

Cuatro en paradero desconocido

Los acuerdos en cascada en los últimos días entre los procesados y la acusación pública, a los que podría sumarse alguno más horas antes del juicio, podría llevar a que el banquillo estuviera ocupado finalmente por tan solo cuatro o cinco encausados, teniendo en cuenta que otros cuatro, entre ellos el presunto principal cabecilla, Julio J.J, ni siquiera comparecerán ya que se encuentran en paradero desconocido y han sido declarados en rebeldía.

Así pues, la primera jornada podría quedar limitada al acto en el que uno tras uno de los procesados que ya tiene cerrado su acuerdo con el fiscal vaya ratificando su conformidad y anunciando su propósito de acogerse a su derecho de no declarar, para acto seguido abandonar la sala y sin que pudiera dar tiempo a tomar declaración a quienes siguen manteniendo su inocencia.

La Fiscalía imputa delitos de pertenencia a grupo criminal, delitos continuados de falsedad en documento mercantil, en concurso medial con delitos continuados de estafa y fraude de prestaciones a la Seguridad Social, extorsión y receptación.

Con carácter provisional, y antes de los acuerdos citados, Fiscalía de Valladolid solicitaba un conjunto de penas que suman más de 190 años de prisión.

Cinco de los 65 procesados, entre ellos el citado Julio J.J. y Miguel Ángel M.D, se enfrentaban a las penas más elevadas de casi once años de prisión, mientras que otra de las acusadas se exponía a nueve años y el resto a penas que oscilaban entre tres años y un año y nueve meses de privación de libertad, si bien todas estas condenas, en los casos de pacto, quedarán sustancialmente rebajadas.

Además, solicitaba para seis de ellos multas por importe superior a los 120.000 euros y para el resto, en concepto de responsabilidad civil, la devolución las entidades financieras perjudicadas de las indemnizaciones correspondientes por los productos adquiridos mediante el uso de nóminas falsas.

La Policía Nacional de Valladolid culminó en octubre de 2013 la 'Operación Árbol' iniciada en abril que desembocaría con la detención de todos los procesados en lo que se entendió ya entonces como una organización dedicada a la comisión de fraudes a la Seguridad Social y otros delitos como estafa y blanqueo de capitales que se desarrollaban en Valladolid.

La investigación se inició a principios del presente año a raíz de una denuncia interpuesta por el responsable de una entidad financiera que dio como resultado la detención de dos personas, fruto del convenio de colaboración entre la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y las Fuerzas de Seguridad del Estado en materia de lucha contra el fraude a la Seguridad Social y el empleo irregular.

El propietario de una gestoría

Prosiguiendo la investigación, el Grupo de Delincuencia Tecnológica, de la Comisaría Provincial de Valladolid, pudo determinar que existía un grupo organizado y que figuraban en lo alto del escalafón Julio J.J--fugado actualmente y con una condena de tres años pendiente por hechos similares--y M.A.M.D, propietario de una céntrica gestoría de la capital vallisoletana, quien contaba con una 'Autorización RED' para efectuar altas en el sistema de la Seguridad Social.

Éste último, prevaliéndose de ello, supuestamente, materializaba las altas en múltiples sociedades y asociaciones controladas por el grupo organizado, que colocaba a personas interpuestas (drogadictos, personas marginales o de escasa formación y con necesidades económicas) al frente de su administración a cambio de pequeñas cantidades económicas.

Los falsos trabajadores eran facilitados por una serie de colaboradores que actuaban de forma coordinada con este gestor, quienes se llevaban también un porcentaje como comisión por sus servicios.

La creación de las empresas ficticias estaba orientada al fraude en su sentido más amplio: los "trabajadores" eran dados de baja los días estipulados legalmente para el cobro de prestaciones por desempleo.

La investigación policial descubrió que algunos de ellos, además, presentaban nóminas aportadas por la organización para realizar múltiples compras con financiación por establecimientos comerciales de toda la comunidad autónoma de Castilla y León.

Así, la organización adquirió diversos vehículos de alta gama (que eran revendidos en el extranjero), equipos informáticos, aparatos electrónicos y de telefonía de última generación entre otros efectos, presentando las nóminas confeccionadas, no pudiendo detectarse por parte de las entidades financieras el fraude hasta que los "compradores" no realizaban el pago de una sola de las cuotas.

La red crecía con el tiempo, a la vez que la organización cambiaba la administración de las mismas para evitar ser detectados. Se investigó más de una veintena sociedades, contabilizándose más de 170 "falsos trabajadores" implicados.

La deuda acumulada con la Seguridad Social de las sociedades se dijo entonces que superaba los 200.000 euros, a lo que se sumaban las cantidades correspondientes a las prestaciones por desempleo indebidamente cobradas por los trabajadores.