El presidente nacional de CSIF, Miguel Borra, ha urgido este lunes en Segovia a un Pacto de Estado por la Sanidad y a la aplicación de las 35 horas para los empleados públicos en junio. Borra ha lamentado la destrucción "de más de 9.300 empleos" en el ámbito de la sanidad en España en febrero y ha calificado esos datos como "inaceptables".

El presidente de CSIF ha recordado que Castilla y León se ha sumado a las protestas de los trabajadores de Sanidad en diferentes regiones, debido a que el déficit de profesionales en este ámbito "es clamoroso" en toda España. También ha analizado Borra la "grave situación" de las administraciones, y ha advertido de la "delicada" situación de la Función Pública y de los servicios.

CSIF también ha denunciado las "insuficientes plantillas" que conforman la Administración General del Estado y ha destacado la "dramática situación" por la falta de empleados en el ámbito de la Seguridad Social, con una plantilla que está "superada por el trabajo" y que "no puede atender" a las necesidades de los ciudadanos.

35 horas

Borra ha valorado de forma positiva que la Junta de Castilla y León haya acordado la recuperación de las 35 horas semanales en el mes de junio y ha esperado que "cumpla". El presidente de CSIF ha remarcado que es un derecho que les fue "arrebatado" hace años y que debe ser aplicado en toda España.

También ha asegurado que deben conocerse "cuáles van a ser las necesidades exactas de personal" en los distintos departamentos de cara a implementar las 35 horas para que no existan problemas que "dilaten" su implantación.

CSIF ha reclamado a la Junta que tome en consideración a los sindicatos en las decisiones que se adopten, para que puedan "comprobar" y "fiscalizar" que están cumpliéndose los pasos requeridos de cara a que la jornada se implante con "garantías".

Por otro lado, Benjamín Castro, presidente autonómico de CSIF, ha exigido la paralización "inmediata" del decreto de medidas urgentes acerca de prevención y extinción de los incendios forestales ya que, a su juicio, supone "un retroceso absoluto" en las condiciones tanto laborales como retributivas de los 1.000 trabajadores afectados.