Álvaro Félix García Sánchez, profesor de sistemas y aplicaciones informáticas en el IES Venancio Blanco de Salamanca.

Álvaro Félix García Sánchez, profesor de sistemas y aplicaciones informáticas en el IES Venancio Blanco de Salamanca. Cedida.

Salamanca

Álvaro retrata la cruda realidad del profesorado en los tribunales de oposición: "Perdemos dinero y salud"

El testimonio de este docente salmantino pone rostro a un sistema que obliga a los profesores a adelantar dinero de su bolsillo y a esperar más de un año para cobrar, mientras comunidades vecinas ofrecen mejores condiciones y voluntariedad.

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El calvario de ser tribunal de oposición en Castilla y León: de pagar hoteles a precio de oro a no poder cuidar de una madre enferma porque para la Administración "no es excusa".

Álvaro Félix García Sánchez tiene 42 años y su vida es un equilibrio constante entre sus clases en el IES Venancio Blanco de Salamanca y el cuidado de su madre, viuda y enferma de Alzheimer.

Sin embargo, para la Junta de Castilla y León, Álvaro es, ante todo, un número en un sorteo que, cuando sale, se convierte en una orden de obligado cumplimiento.

Su testimonio es el de cientos de docentes que viven las oposiciones no como un proceso administrativo, sino como una condena personal.

"Te sientes quemado. Es una sensación de precariedad absoluta, encerrado en una sala sudando y sabiendo que vas a poner dinero de tu bolsillo", confiesa con una mezcla de cansancio y resignación.

La última vez que la lotería de los tribunales llamó a su puerta, Álvaro fue destinado a Valladolid. Lo que debería haber sido una tarea logística sencilla se convirtió en un laberinto.

Mientras los opositores reservan hotel con meses de antelación, los miembros del tribunal son los últimos en saber su destino.

"Cuando fui a reservar, ya no es que no hubiera plazas, es que lo que quedaba ya era por más de 120 euros", relata Álvaro. La realidad es que la dieta que otorga la Consejería apenas llega a los 65 euros.

"Al final tienes que pagarlo tú. No te cubre la dieta que te están dando y pierdes dinero antes de empezar".

Pero el agujero en la cuenta corriente es solo la punta del iceberg. El verdadero calvario es el emocional. Como principal cuidador de su madre dependiente, Álvaro buscó una dispensa que nunca llegó.

"Planteé mi circunstancia personal de que soy el cuidador de mi madre enferma y totalmente dependiente, y no lo consideran una razón para no asistir.

Es así", lamenta. Esa falta de empatía institucional le obligó a buscar soluciones de urgencia y familiares para no dejarla desatendida mientras él cumplía con su "deber".

Una vez en el tribunal, el escenario no mejora. Las jornadas de julio se transforman en una prueba de resistencia física.

"Estábamos en una sala a la que le daba el sol todo el día. Teníamos que trabajar con las persianas bajadas, con la luz dada y sudando. El aire acondicionado era inexistente", describe Álvaro sobre unas condiciones que generan una ansiedad añadida a la propia responsabilidad de evaluar.

"Al final estás valorando el trabajo de los opositores, quieres hacerlo bien y quieres ser justo, pero las condiciones son pésimas".

El sentimiento de agravio es inevitable cuando se mira hacia otras comunidades. Álvaro recuerda con envidia sana el modelo de Navarra, donde la voluntariedad y una remuneración digna hacen que el proceso sea "atractivo y más limpio".

En Castilla y León, el sistema parece sostenerse únicamente sobre los hombros de los profesores.

"Sale todo de la profesionalidad de los docentes, pero no puede ser que solo tengamos que apelar a eso. Habrá que recompensar el trabajo y que las condiciones sean las mejores posibles", sentencia el profesor salmantino, quien recuerda que, tras el esfuerzo estival, la Administración puede tardar "hasta un año y medio" en abonar los gastos que él ya ha pagado.

Desde Comisiones Obreras Salamanca, el diagnóstico es igual de crudo y refuerza el testimonio de Álvaro. El sindicato denuncia una política de "ahorro extremo" que prefiere tribunales baratos a especialistas competentes, llegando a nombrar a profesores para evaluar materias que ni siquiera son las suyas con tal de no pagar desplazamientos.

Califican de "inhumano" que se obligue a docentes con hijos menores de tres años o familias monoparentales a marcharse de casa durante semanas con unas dietas de 18 euros para comer que, además, "tienes que justificar con tickets, tratándonos como sospechosos de fraude".

La brecha con otras regiones es sangrante: un vocal en Castilla y León cobra unos 500 euros menos que uno en Cataluña por el mismo trabajo, lastrados por un decreto de 1993 que parece congelado en el tiempo.

Para Álvaro Félix y para el sindicato, la conclusión tras cada proceso de oposición es siempre la misma y deja un sabor amargo en la comunidad educativa: trabajar para la Junta de Castilla y León no debería ser nunca sinónimo de perder dinero ni de sacrificar la dignidad familiar.

Desde Comisiones Obreras Salamanca denuncian que este caso no es aislado, sino fruto de una política de ahorro extremo de la Consejería de Educación. El sindicato critica que la Junta prefiere tribunales baratos a especialistas competentes, llegando a nombrar a docentes de Salamanca para evaluar especialidades que no son las suyas solo por evitar pagar desplazamientos largos.

Califican de maltrato el hecho de que se denieguen dispensas a familias monoparentales o con hijos menores de tres años, forzando un destierro temporal que rompe cualquier posibilidad de conciliación.

La organización sindical subraya además que un vocal en esta comunidad cobra unos 500 euros menos por proceso que uno en Cataluña, debido a la aplicación de un decreto de indemnizaciones que data de 1993 y que ha quedado totalmente obsoleto frente al coste de vida actual.

CCOO exige una actualización inmediata de las dietas de manutención, que actualmente son de 18 euros para comer y cenar, y que se elimine la humillación de tener que justificar cada ticket como si el profesorado fuera sospechoso de fraude.

Para Álvaro y para el sindicato, la conclusión es clara: trabajar para la Administración no debería suponer nunca una pérdida de dinero ni un drama familiar.