La Universidad de Salamanca destapa el mapa de las condenas erróneas en España: siete al año y una misma grieta en la Justicia

La Universidad de Salamanca ha puesto cifras a una de las grietas más delicadas del sistema judicial: las condenas a personas inocentes.

Un estudio pionero, publicado en la revista científica 'Journal of Criminal Justice', concluye que en España se producen de media siete condenas erróneas al año y que suelen pasar unos cuatro años y medio hasta que esas sentencias se revisan y se anulan.

Detrás de ese dato no hay solo estadísticas. Hay personas que cargan durante años con una condena injusta, con el estigma, con las consecuencias laborales y personales y, en muchos casos, con una vida alterada por completo antes de que la Justicia rectifique.

El trabajo ha sido dirigido por Nuria Sánchez, investigadora del Grupo de Psicología Jurídica de la USAL, y revisa sentencias del Tribunal Supremo dictadas entre 1996 y 2022.

En total, el equipo analizó 243 casos en los que el recurso de revisión fue favorable a la persona condenada y permitió trazar, por primera vez en España, una radiografía amplia de este fenómeno.

Uno de los hallazgos más contundentes apunta al propio sistema judicial. La mala praxis de los profesionales de la justicia aparece como el principal factor asociado a estas condenas injustas y está presente en al menos el 73% de los casos examinados.

A partir de ahí, el estudio también identifica otros elementos que se repiten, como las confesiones falsas, la aplicación inadecuada de la ciencia forense, el falso testimonio o los errores de identificación.

La investigación revela además que la mayoría de estas condenas erróneas no se concentra en los delitos más graves, sino en los relacionados con la seguridad colectiva, especialmente la seguridad vial, y en los delitos contra la propiedad. Entre ambos tipos delictivos suman el 76% de los casos analizados.

Más de la mitad de los procedimientos, un 55%, se reabrió al aparecer pruebas que indicaban que el delito nunca había ocurrido.

En la mayoría de los casos no fueron análisis de ADN ni grandes avances forenses los que desmontaron la condena, sino documentos administrativos, registros telefónicos, informes policiales u otras resoluciones judiciales.

Otro de los datos que más llama la atención es la situación de los ciudadanos extranjeros.

El estudio advierte de que están claramente sobrerrepresentados entre las personas erróneamente condenadas.

Mientras que su peso en el conjunto de condenados en España ronda el 25%, entre los exonerados supera el 50%.

Ese patrón se repite especialmente en un perfil muy concreto: personas extranjeras condenadas por delitos contra la seguridad vial, con problemas de comunicación por el idioma y que, en algunos casos, renuncian a la asistencia letrada o aceptan una sentencia de conformidad antes de acabar siendo exoneradas.

Precisamente, las sentencias de conformidad aparecen como otro de los puntos sensibles del estudio.

De los casos en los que se disponía de esa información, el 71% de las condenas erróneas fueron resoluciones aceptadas de ese modo.

Por eso, los investigadores plantean que estos acuerdos estén sometidos a un control más riguroso y que se garantice que el acusado entiende bien los cargos, las consecuencias y el alcance real de su decisión.

A partir de los resultados, el equipo propone varias medidas para reducir estos errores: hacer obligatoria la asistencia letrada en todos los casos, reforzar la formación de jueces, abogados y policías, endurecer los protocolos forenses y crear un organismo público que permita registrar y analizar las condenas erróneas en España.

La investigación, desarrollada junto a Ontario Tech University, Leiden University y la Universidad Complutense de Madrid, abre así una línea de trabajo inédita en nuestro país y coloca sobre la mesa una realidad incómoda: la Justicia también se equivoca, y cuando lo hace, el daño no siempre se repara con una simple rectificación.