El Grupo Socialista carga muy duramente contra "la degradación política a la que ha llegado la Diputación de Salamanca". Así, en una comparecencia de su portavoz, Fernando Rubio, y el diputado Manuel Ambrosio Sánchez, acompañado por el senador Fran Díaz, denuncia que son "más de 2,5 millones de euros los que la Institución provincial ha despilfarrado por una mala gestión de su presidente, Javier Iglesias".

Así, haciéndose eco de la noticia que publicó EL ESPAÑOL Noticias de Castilla y León, Rubio busca lazos entre la adjudicación, declarada nula por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, y el Partido Popular. "No hay certezas, pero son muchas las sospechas" sobre esta adjudicación. [La Diputación de Salamanca, condenada a pagar unos 500.000 euros por adjudicar la seguridad con un contrato nulo].

La empresa adjudicataria del contrato de seguridad y vigilancia de la Diputación de Salamanca, aseguran los socialistas "también fue la adjudicataria de un contrato firmado en 2021, por un tiempo de siete meses y medio, por valor de 1,3 millones euros para la seguridad del Hospital Zendal de Madrid". Además, según Fernando Rubio, durante cinco años, esta empresa ha recibido "más de 13 millones de contratos en diversos lugares de la Comunidad de Madrid, donde gobierna el PP".

"El despilfarro"

El diputado socialista y alcalde de Morille, Manuel Ambrosio Sánchez, explicó de dónde procedían las cantidades que calificó de "despilfarro en una degradación total de la gestión de Javier Iglesias". Así, comenzó a enumerar los casi 500.000 euros que debe entregar a Vasbe por un contrato nulo. Otros 300.000 euros en "el desmantelamiento de IFESA". Los 477.313 euros por el cierre del Centro Educativo Guillermo Arce, "en indemnización a trabajadores que estaban a punto de jubilarse".

No dejó pasar de largo el caso Vega Terrón y Vegater, "que pedía 600.000 euros de indemnización, y, de momento, le ha tenido que pagar la Diputación 10.000 euros". Además, se suma el 1.125.564 euros que "ha perdido o dejar de ingresar de la Junta de Castilla y León de los terrenos del Reina Sofía, una cantidad que los juzgados calificaron de incobrable por mala gestión".

Todo esto es, a entender de los socialistas, la gestión realizada en la Diputación de Salamanca por un presidente "imputado, que tiene al Grupo Popular enfrentado unos diputados con otros, donde solo interesa saber quién se mantiene".