El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha declarado este jueves de emergencia la contratación de tratamientos selvícolas preventivos de incendios forestales en las provincias de León y Salamanca.

La suspensión de los plazos administrativos por la declaración del estado de alarma impidió la tramitación ordinaria de estos expedientes. El objeto del contrato es la realización de tratamientos selvícolas preventivos en masas forestales con el fin de mejorar el estado de la vegetación y disminuir así el riesgo de propagación de incendios al eliminar combustible vegetal, y al tiempo fomentar la conservación, mejora y potenciación del valor y uso público de montes y el mantenimiento de caminos forestales.

Asimismo se pretende contar con vehículos, materiales y personal cualificado para que, en el caso de que se produjera un incendio forestal, puedan acudir eventualmente a su extinción.

Las principales actuaciones consistirán en tratamientos selvícolas para disminuir el riesgo de propagación de incendios al eliminar combustible vegetal (podas, fajas auxiliares, desbroces y clareos, y la disponibilidad para asistencia a incendios forestales. Todo ello se llevará a cabo por una cuadrilla, integrada por siete miembros, que también colaborarán en las labores de extinción de incendios.

Así, en la provincia leonesa se declaran de emergencia los tratamientos en 21,26 hectáreas en los términos municipales de Luyego y Castrocontrigo, por un importe de 29.752 euros. El plazo de ejecución es de 21 días desde la fecha de la orden de declaración de emergencia y la empresa encargada de realizar la emergencia es Ingeniería y Gestión Medioambiental SL.

Por su parte, en Salamanca se actuará en 9,8 hectáreas en los términos municipales de Lagunilla, El Cerro, Montemayor del Río y Valdelageve, por un importe de 36.409 euros. El plazo de ejecución es también de 21 días y la empresa encargada, en este caso, es Tragsa.

El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en su disposición adicional tercera, estableció la suspensión de todos los plazos administrativos, por lo que se paralizó la tramitación de la propuesta y memoria de este expediente.

La necesidad de destinar recursos humanos y materiales a mitigar las consecuencias directas e inmediatas de la pandemia, así como la incertidumbre en el ámbito económico presupuestario, supuso que se pospusiera la tramitación de diversos expedientes.

Posteriormente, cuando se retomó la tramitación ordinaria ya no permitía su formalización antes de la declaración de época de peligro alto de incendios, prevista para el 1 de julio de 2020, por lo que teniendo la extinción de incendios forestales la consideración de emergencia, de acuerdo con el contenido del Plan de Protección Civil ante emergencias por incendios forestales en Castilla y León, aprobado por Decreto 274/1999, de 28 de octubre y la consideración de servicio esencial para la asistencia ciudadana, conforme a los artículos 37 y 44 de la Ley 4/2007, de 28 de marzo, de Protección Ciudadana de Castilla y León, fue necesario acudir a la tramitación de emergencia.