El problema con las residencias de mayores en Babilafuente y Castellanos de Moriscos traspasa el ámbito sanitario y, tras la emisión del programa ‘¿Te lo vas a comer?’ de Alberto Chico en La Sexta, ahora se piden responsabilidades a los respectivos ayuntamientos. En el caso de Babilafuente, titular del centro, por la concesión de la gestión a la empresa de Bellavista sin que se realicen los correspondientes controles. En el caso de Castellanos, por los beneficios económicos que recibió sin cumplir el acuerdo para permitir su construcción como residencia íntegramente privada.

En la localidad armuñesa el Ayuntamiento le perdonó a la empresa 68.400 euros del impuesto de construcciones. Algo que es común en muchos consistorios, establecer incentivos para favorecer la instalación de un negocio que genere puestos de trabajo, eso sí, a cambio de una serie de beneficios para el pueblo, como que se contrate principalmente a sus empadronados. Así debía ocurrir en Castellanos de Moriscos, firmándose un convenio, pero no se llegó a cumplir.

Así lo denuncia el Partido Socialista de esta localidad, asegurando que “incluso se despidió a trabajadores empadronados en Castellanos por no querer empadronar a compañeros en sus domicilios. En una ocasión, después de los requerimientos, se empadronaron siete trabajadores en un mismo domicilio, lo que también es irregular”. Toda esta información se solicitó en pleno el pasado 15 de febrero, pero la abstención de los concejales de Izquierda Unida permitió que se rechazara por mayoría de votos del Partido Popular.

De hecho, con motivo de las innumerables quejas recibidas en la Gerencia Territorial de Servicios Sociales por parte de los familiares de los residentes, dos técnicos realizaron una visita de comprobación al centro el 6 de julio de 2017. Posteriormente, el 3 de octubre, tuvo lugar una inspección, tras la que se propuso iniciar un expediente sancionador por infracciones graves y muy graves, tipificadas en el artículo 61 de La Ley 5/2003, de 3 de abril, de Atención y Protección a las Personas Mayores de Castilla y León.

Por ejemplo, por carecer de póliza de seguro del continente y contenido; falsear o alterar documentos cuando han sido requeridos por la inspección, presentando planillas de personal que no se corresponden con los turnos reales, o incluyendo trabajadores que no trabajan en el centro en la fecha a la que corresponde la planilla; no disponer del personal técnico exigible, por no cumplir con la ratio de personal médico, ya que necesita jornada completa y únicamente tiene contrato de 30 horas a la semana; y no disponer del personal de atención directa exigible. En función del número de residentes, debería disponer de 25,856 jornadas y únicamente tenían 23.

También se detectó en la inspección deficiencias en la forma de los contratos con los usuarios, imponiendo cláusulas abusivas. En este caso la devolución de la fianza se vincula a la obligación de que un usuario esté un año en el centro. Además, no se proporcionaba de forma adecuada la medicación a los residentes. El día de la visita, se observó que la medicación estaba distribuida por las mesas del comedor, en vasitos, para que los usuarios se las tomaran a la hora de comer, con el riesgo que supone que alguna persona no se la tomara o cogiera la de otro residente.

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