Matías, agarrado por su padre, posa junto a su madre y su hermano.

Matías, agarrado por su padre, posa junto a su madre y su hermano. Cedida por la familia

Palencia

La batalla judicial de Matías, un niño con una enfermedad rara para tener un mediador de signos en clase

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha reconocido su derecho a tener un mediador comunicativo durante toda su jornada escolar en el Colegio de Educación Especial Carrechiquilla, pero la Junta ofrece su versión: "Los apoyos se asignan de forma personalizada" y bajo criterios rigurosos".

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Matías es un niño palentino que a sus nueve años debería estar preocupado por aprender y jugar. En su lugar, es el protagonista de una batalla judicial porque la administración le niega la llave para poder abrir su entorno, esa llave es un mediador comunicativo.

Mientras sus padres acuden al juez, el equipo docente del CEE Carrechiquilla hace malabares para que el niño no quede desconectado del mundo. Por su parte, la Junta de Castilla y León ofrece su versión.

Nuestro protagonista nació con una enfermedad rara que le dificulta poder hablar. Por este motivo, la lengua de signos española es la herramienta clave para expresarse.

Recientemente, elTribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha reconocido su derecho a tener un mediador comunicativo durante toda su jornada escolar en el Colegio de Educación Especial Carrechiquilla.

Sin embargo, su familia denuncia que este apoyo no ha llegado todavía y se limita a solo 10 horas a la semana, “esto no es suficiente”, afirman.

El mundo para Matías es diferente al del resto. No es por una cuestión de voluntad, es más bien por una necesidad técnica. Necesita un refuerzo extraescolar que, “no es un lujo”.

Necesita este mediador comunicativo para poder traducir la realidad en conceptos que pueda comprender. Sin esa figura, el aula se convierte en un lugar de ruidos y de gestos que no entiende.

Sentencia

Sin embargo, a pesar de que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) avala su derecho a este recurso, Matías ha comenzado el último trimestre del curso de una manera poco agradable.

Ante la negativa de la Dirección Provincial de Educación de enviar un perfil profesional de mediación, ha sido el propio colegio el que ha tenido que dar un paso al frente.

El centro se ha visto obligado a reorganizar su estructura interna, retirando a una docente de Audición y Lenguaje (AL) de sus tareas habituales para que atienda a Matías, simplemente porque ella, de forma individual, sí posee formación en lengua de signos.

"El centro está al límite", explica Tay Iglesias, la madre. Es una solución interna para un problema que debería resolverse con una contratación externa que nunca llega.

La familia es tajante: la solución que ha intentado imponer la Junta es, en su opinión, una "negligencia técnica".

Educación ha asignado 10 horas de una especialista en AL convencional, una figura que, según los padres, no tiene la formación específica que requiere el caso de Matías.

"Decir que un especialista en AL suple al mediador es como decir que un médico de cabecera puede hacer una cirugía de corazón. El perfil no es el mismo", señala.

Además, califica de "absurdo" el argumento de la Administración de que más de 10 horas de apoyo generarían "dependencia" en el niño. Para los padres, la lógica es la inversa, "la verdadera dependencia nace de la incapacidad de comunicarse por falta de herramientas".

Tras la reunión del pasado 16 de marzo, donde la Dirección Provincial de Palencia llegó a afirmar que la figura del mediador comunicativo "no existe" en el ámbito educativo, la paciencia de la familia se ha agotado.

Han puesto el caso en manos de sus servicios jurídicos para solicitar la ejecución forzosa de la sentencia.

La indignación crece al comprobar los datos oficiales: mientras la administración niega la figura a Matías, la propia Junta de Castilla y León ha publicado una licitación de 800.000 euros para contratar, precisamente, a 800 mediadores para el curso 2025/2026. "Es una falsedad administrativa flagrante", denuncian.

La postura de la Junta: "Recursos rigurosos"

Consultada por este medio, la Consejería de Educación defiende su gestión. Aseguran que los apoyos se asignan de forma "personalizada" y bajo criterios "rigurosos".

"El alumno no tiene discapacidad auditiva ni es usuario de Lengua de Signos Española. La Consejería ha reforzado la dotación de recursos humanos del centro para dar respuesta tanto al alumno como al resto de sus compañeros", aseguran.

Asimismo creen que "los especialistas de Audición y Lenguaje están preparados para la enseñanza y estimulación de la comunicación, sin necesidad, en este caso, de otros profesionales".

Según la Administración, la dotación de recursos humanos en el centro se ha reforzado adecuadamente y la planificación se hace "curso a curso", sin ver necesario, por ahora, el perfil que la familia exige por vía judicial.

Por último, "la planificación de los recursos educativos se realiza curso a curso, atendiendo a la evolución y a las necesidades concretas del alumnado".

Mientras los abogados redactan los escritos y la Junta se aferra a sus informes técnicos, Matías sigue acudiendo a clase gracias a la reestructuración de emergencia de su colegio. Pero la familia avisa: esto es un "parche temporal" que no garantiza nada para el futuro.